El gobierno de Mauricio Macri transfirió ayer los primeros 6252 millones de dólares que se comprometió a pagarle a los fondos buitre, con lo que concluyó el acuerdo al que había arribado el 29 de febrero pasado el equipo económico con los demandantes carroñeros. Pocas horas después que el dinero había comenzado a acreditarse en las cuentas bancarias de los buitres, el juez neoyorquino Thomas Griesa emitió una orden para eliminar las restricciones que había aplicado al país por pedido de los litigantes para forzar una negociación. La finalización de esas trabas legales permitirá que los tenedores de deuda reestructurada cobren los servicios de deuda que el Estado nacional había depositado oportunamente pero que fueron congelados por el magistrado estadounidense hace casi dos años (en julio de 2014). Desde el gobierno celebraron la operación, que implicó un endeudamiento para el país del orden de los 16.500 millones de dólares –incluyendo parte de la emisión con destino a gastos corrientes–, como el inicio de una nueva etapa. “Este arreglo nos vuelve a conectar con el mundo”, destacó el Ministerio de Hacienda en un comunicado oficial.

Pese a que la administración macrista y sus voceros mediáticos se ufanen la gloria de haber finalizado con un default de 15 años, la historia del litigio con los buitres, que impidió al país una vuelta completa al financiamiento externo, llevaba algo más de cuatro años. Luego de haber realizado dos exitosas reestructuraciones de deuda (2005 y 2010), el juez Griesa entendió en febrero de 2012 que los acreedores que se negaron a participar en los canjes ofrecidos por la Argentina merecían un trato equivalente a aquellos que sí accedieron. Esta decisión la tomó a partir de una arbitraria interpretación de la cláusula pari passu (tratamiento igualitario entre acreedores) que interpuso el fondo NML Capital, de Paul Singer, la cual le había valido un juicio ganado previamente contra el Estado peruano.

Luego de un largo proceso de apelaciones, la Justicia estadounidense cerró todas las puertas al país para seguir con el litigio dándole la razón a los buitres, aún cuando la Argentina había conseguido apoyo internacional sobre su postura. La administración de Macri ignoró todo el proceso y decidió someterse en tiempo record –en apenas tres meses– a los caprichos de los buitres y aceptó todas las condiciones que éstos, el juez Griesa y su mediador Daniel Pollack, impusieron. Fue así que el gobierno logró que el Congreso aprobara la derogación de las leyes Cerrojo y de Pago Soberano (marco legal que protegía a los que ingresaron al canje) y la posibilidad de emitir deuda para pagar los demandantes y a holdouts que no tuvieran sentencia firme.

Según explicó el propio ministro de Hacienda, Alfonso Prat-Gay, desde las 7 de la mañana de ayer comenzaron a hacer las transferencias a las cuentas de los holdouts. En total se transfirieron 6252 millones de dólares, aunque el monto podría ser mayor porque se deja abierta la posibilidad de que otros tenedores de deuda defolteada ingresen al acuerdo. Cuando se les pague a los que ya ingresaron en el acuerdo luego del 29 de febrero, la cifra se incrementará a 9352 millones y el gobierno estima que el monto final sería de 10.500 millones, incluídos los holdouts que manifestaron su intención de aceptar la propuesta. El país, además, afrontará los gastos de registración, impresión, distribución de prospectos, traducción y otros desembolsos asociados que resulten necesarios para llevar a cabo las operaciones, según el Boletín Oficial.

Los primeros en recibir los pagos fueron los fondos que encabezaron la demanda contra la Argentina y los primeros en aceptar el acuerdo con el gobierno de Macri. NML recibió en su cuenta bancaria 2426,6 millones de dólares, seguido por Aurelius Capital Master (434,4 millones), ACP Master (108,7 millones), Aurelius Oportunities (134,2 millones), Aurelius Capital Partners (169,1 millones), Blue Angel (411,4 millones) y Olifant Fun (70,9 millones). Antes de que concluyeran las operaciones con el resto de los holdouts, entre los que se encuentran los bonistas italianos que lidera Nicola Stock, Griesa decidió levantar las cautelares contra el país. “Habiendo revisado cuidadosamente los escritos presentados por la Argentina, esta Corte encuentra que todas las condiciones precedentes han sido alcanzadas. Por eso, las medidas cautelares son levantadas en todos los casos”, fue la escueta orden del juez. “La Argentina, cumpliendo sus promesas, pagó hoy a todos los holdouts que habían llegado a acuerdo en principio con la Argentina el 29 de febrero último. A los otros tenedores de deuda que arribaron a acuerdos en principio con Argentina luego de esa fecha, se les pagará según los plazos dispuestos en los acuerdos preliminares”, añadió el mediador Pollack. “Cautelar levantada. Basta de ataduras. Basta de cepos. Chau default, arranca una nueva etapa. Los argentinos, listos para emprender y crecer”, expresó el ministro de Hacienda a través de su cuenta de Twitter.

Dentro de los litigantes por la cláusula pari passu hubo quienes aceptaron la propuesta antes del 29 de febrero y que cobraron ayer. En el primer tramo se desembolsó ayer 6252 millones de dólares. En tanto, el gobierno autorizó la constitución de un fideicomiso administrado por el Bank of New York Mellon (BoNY), el banco que había sido suspendido por el gobierno anterior por jugar a favor de los buitres y negarse a pagarle a los tenedores de deuda reestructurada, y ahora fue indultado por el macrismo. Ese fideicomiso abierto irá pagando al resto de los fondos que aceptaron la propuesta argentina después del 29 de febrero y que representan pagos por 3100 millones de dólares, según explicó Santiago Bausilli, subsecretario de Financiamiento. De ese fideicomiso saldrá también el pago a los bonistas europeos representados por el italiano Nicola Stock, a quien Argentina se comprometió a pagar 1350 millones de dólares. En total el equipo económico logró más de 220 acuerdos con el 98 por ciento de los litigantes en la sede judicial neoyorquina, con una quita de deuda de apenas 27 por ciento.

El resto de los fondos captados el martes pasado, unos 7200 millones de dólares, irán a las reservas del Banco Central, aunque ese ingreso se verá morigerado por la salida de unos 2000 millones de pagos pendientes a los tenedores de deuda reestructurada. La eliminación de la cautelares contra la Argentina permitirá a esos bonistas acceder a los fondos que tienen depositados en tiempo y forma para cada uno de los vencimientos desde julio de 2014, cuando comenzó el default técnico, lo que suma unos dos años de esa anomalía financiera y no quince como gusta asegurar el actual gobierno de Macri.