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El estremecedor episodio de Costa Salguero oscila entre la tragedia y el desquicio. La muerte de cinco jóvenes y el cuadro agudo de otros cinco perfilan lo trágico. Aunque todavía no esté del todo clara la reconstrucción de los hechos, puede ya decirse que el descontrol reinante en el predio que alojaba la fiesta condujo a ese terrible resultado. Y que nada de lo acontecido el sábado a la madrugada puede ser atribuido a circunstancias reunidas por el azar.

Con el correr de las horas y de los días se fue haciendo claro, a raíz de declaraciones de jóvenes que estuvieron en el festival y de otras personas que hablaron en programas de radio y televisión, que en los eventos de este tipo es usual que se venda y se consuma droga, especial pero no exclusivamente pastillas. Hoy, no parece ser un secreto para nadie. Pues bien, esta es una de las más inquietantes puertas de entrada al problema porque coloca estos interrogantes, entre otros: ¿es aceptable este laissez faire?, ¿la sociedad –parientes, parejas, instituciones, medios, etc.– no tuvo nada que decir ante este peligroso patrón de comportamiento que parece no ser demasiado nuevo?, los que dicen que sabían ¿callaron?, ¿hablaron pero no fueron escuchados?

Por otra parte, también hay que prestar atención al desempeño del Estado en este específico caso. Fue un desmadre por donde se lo mire, tanto en el plano municipal como en el nacional. La oferta de pastillas circulaba a piacere (como si se vendiera choripanes en una cancha de fútbol, señaló un fiscal); la provisión y venta de agua –un negocio dentro del negocio– fue dramáticamente insuficiente; el lugar estaba tan abarrotado de concurrentes que los servicios (baños, dispensers) resultaron insuficientes; el control, la vigilancia y la prevención fueron notoriamente deficientes; y la seguridad –al parecer– fue parte del problema. Las querellas entre jurisdicciones se reiteran. Algunos funcionarios han brillado por su ausencia, como el jefe de Gobierno de la ciudad y otros por su escasa competencia, como la ministra de Seguridad. Todo lo cual, que no agota la descripción sino que apenas la esboza, marca un nivel de desquicio que se eleva hasta el umbral de lo alucinante cuando se repara en la sospecha de que las pastillas podrían haber estado “envenenadas”, es decir fabricadas con algún componente altamente tóxico.

A la luz de lo que se acaba de exponer, puede quizá sostenerse que la Argentina está parada sobre una ondulante napa freática de anomia que se acerca menos o más a la superficie, que se manifiesta como una continuada surgencia, pero a veces irrumpe también con fuerza. La corrupción es ejemplo de lo primero; Cromañón, los saqueos ocurridos en un pasado cercano y ahora Costa Salguero lo son de lo segundo. Por otra parte, también pueden percibirse los vicios y las limitaciones del accionar estatal.

Todo esto complica las cosas en términos de la búsqueda de soluciones para la problemática de las drogas y las narcoactividades. La anomia inevitablemente nos seguirá acompañando. Se superará con el tiempo si hay un desarrollo económico que redunde en mejoras de los comportamientos sociales y de la calidad tanto de las instituciones como de las relaciones interpersonales. El Estado, por su parte, no obstante sus déficit, está en condiciones de tener una actuación positiva. Sus capacidades mejorarían si comprendiera que al aceptar acríticamente modalidades de cooperación internacional que lo acercan a necesidades de terceros y lo alejan de los problemas propios, se priva de tener un diagnóstico integral de lo que ocurre en el país; y que como consecuencia de ello, tampoco tiene agenda propia. Y por otro, que tiene que abandonar la concepción errónea de la cuestión que aún conserva. Predomina en su interior un esquema prohibicionista y punitivo que poco ayuda a resolver las cosas.

Argentina debe abrirse a un nuevo paradigma que dé prioridad a las personas y no a las sustancias y por lo tanto se oriente a contemplar y reducir los factores de vulnerabilidad de aquellas; que entienda de una vez que la acción punitiva centrada sobre la oferta y el tráfico no sólo no ha dado resultados favorables sino que ha abierto la puerta a efectos no deseados tan deletéreos como la corrupción; que afirme que la manera correcta de enfrentar el problema es tener una política de salud, de educación, de empleo, de juventud, de derechos humanos tanto o más eficiente que una política criminal; que asuma que una política de reducción de daños es mucho más efectiva que saturar las cárceles de pequeños dealers; y que postule que no hay una solución inmediata para esta problemática sino que hay que desplegar iniciativas de mediano y largo plazo, que coloquen a la gente como prioridad.

Todo esto ha sido traído a colación por Costa Salguero. Sencillamente porque lo que ha mostrado y muestra es lamentable e inaceptable.

* Sociólogo.