Los representantes de las principales cámaras empresarias reunidos en el Grupo de los Seis salieron a cuestionar en duros términos el proyecto de ley de la oposición con respaldo de las cinco centrales sindicales acerca de la “emergencia laboral”. Los bancos reunidos en Adeba, la Bolsa de Comercio, la Cámara Argentina de Comercio, la Cámara Argentina de la Construcción, la Sociedad Rural y la Unión Industrial emitieron un comunicado advirtiendo que ese tipo de iniciativas no “han tenido éxito alguno en nuestro país, ni fueron aplicados en los países más desarrollados del mundo al afrontar recientes crisis de producción y empleo”. En cambio, los grupos económicos están entusiasmados con el Plan Primer Empleo que flexibiliza la contratación de trabajadores a cuenta de la desfinanciación del Tesoro y la Anses presentado anteayer por el presidente Mauricio Macri.

El G-6 insiste con un diagnóstico acerca de la evolución del empleo privado desde 2011 que ha sido desmentido por los propios datos oficiales de la AFIP. El comunicado dice: “Prohibir los despidos o encarecer indemnizaciones legalmente vigentes no es el camino: La realidad ha demostrado que la contracción de la actividad económica y la falta de crecimiento del empleo en el sector privado, lamentablemente comenzó en la última parte de 2011 y dicha tendencia ha persistido a través de estos años”. Sin embargo, Según los datos del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA) desde 2011 se creó empleo formal de manera ininterrumpida. Fueron 440.829 nuevos puestos en blanco desde 2011 y 830.623 desde 2010. Entre noviembre de 2014 y noviembre de 2015 se incorporaron al mercado formal 224.337 trabajadores. Los datos oficiales muestran que en noviembre de 2011 había 7.642.985 trabajadores registrados entre el sector público y privado, mientras que el mismo mes de 2015 ese número se ubicó en 8.083.814. No se trata de estimaciones sino de números que ofrece el sistema de seguridad social. Entre 2011 y 2015 el sector privado generó 285.731 puestos, mientras que el sector público registró a 155.098 trabajadores. En 2015 se emplearon 171.104 nuevos trabajadores en el sector privado y 53.233 en el sector público.

Son tan contundentes estas cifras que las cámaras que agrupan a las grandes empresas tienen que escudarse detrás de la defensa de las Pymes para preservar sus privilegios, además de repetir falacias de economistas de la city, amplificadas por el ministro de Hacienda y Finanzas, Alfonso Prat-Gay. El G-6 afirma que prohibir los despidos sin causa, y en caso de hacerlo pagar una doble indemnización, altera el objetivo de creación de empresas, especialmente pymes y con ello nuevos puestos de trabajo. Sin mencionar la responsabilidad que tienen las grandes firmas de invertir para crear empleos, explican que ese camino se logrará promoviendo la “empleabilidad” a través de los mecanismos de educación y formación técnica adecuados y facilitar la creación de nuevos emprendimientos en el sector formal de la economía. Estos “son los objetivos concurrentes que toda sociedad moderna busca para su desarrollo y bienestar”, sentencia el G-6. Para concluir que “el camino no es la prohibición o encarecimiento de las indemnizaciones, sino los adecuados incentivos y la red de contención social efectiva que proteja a quien se encuentre desempleado”.

En esa línea conceptual, el Plan Primer Empleo del macrismo ha recibido el apoyo del establishment debido a que flexibiliza las condiciones de contratación. Este primer proyecto de ley laboral introducido por el gobierno de Mauricio Macri tiene como objetivo estimular la creación de empleo formal y favorecer la formalización de trabajadores. Un reciente informe de los economistas del Centro de Economía Política Argentina (CEPA) señala que el diagnóstico oficial respecto de los problemas centrales del mercado laboral tiene una única dimensión: el peso del costo laboral como desincentivo a la creación de empleo formal.

Basado en este diagnóstico, el Plan de Primer Empleo propone dos instrumentos fundamentales: una reducción de las contribuciones patronales, en algunos casos al ciento por ciento (es decir, exención) a los nuevos empleos de jóvenes entre 18 y 25 años; y un subsidio de una parte o la totalidad del salario que abona el empleador al trabajador.

Según un informe de la Organización Internacional del Trabajo del año pasado, las políticas de este tipo no han tenido resultados en Latinoamérica desde que comenzaron a implementarse masivamente (1990) hasta la actualidad.

“Con el Plan del Primer Empleo, el gobierno macrista debuta en materia de política laboral reforzando la agenda económica neoliberal, con una política de reducción del costo laboral a través de la transferencia de recursos del Estado al sector empresario, desfinanciando la seguridad social (Anses) y los recursos del Tesoro Nacional”, explican los especialistas del CEPA. Indican que existe una coherencia histórica en esta agenda neoliberal al limitar y simplificar la problemática del empleo a una cuestión de costos laborales. Mencionan que esa concepción se estructura sobre la idea de entender al “salario exclusivamente como un costo de la economía por ende, cuanto más reducido, mejor y no como un factor de demanda cuyo incremento fortalece la pujanza del mercado local y seguidamente motoriza la actividad económica”.