El ministro de Energía, Juan José Aranguren, adjudicó ayer el nuevo incremento de 10 por ciento en el precio de la nafta a la devaluación de diciembre, al explicar que el petróleo crudo en la Argentina subió 35 por ciento en lo que va del año. El funcionario afirmó que el aumento en los surtidores ha sido “gradual” y al ser consultado sobre si hay que esperar nuevos ajustes antes de que culmine el año, el ex CEO de la empresa Shell no lo descartó. “Tiene que ver con variaciones de precios que no depende de lo que ocurre en Argentina”, respondió.

“El último incremento del precio del combustible del gobierno anterior fue el día después del balotaje (22 de noviembre), del 4 por ciento, y el tipo de cambio estaba a 9,68 pesos. Hoy está en 14,50 promedio, lo cual significa un incremento del orden del 50 por ciento, que cuando se aplica la caída en dólares del 10 por ciento del precio internacional, significa un incremento del precio del petróleo crudo en pesos del 35 por ciento”, señaló el funcionario. En declaraciones radiales, Aranguren aseguró que ese incremento, “en vez de aplicarse en forma de shock a principios de año, fue implementado en forma gradual: 6 por ciento en enero, 6 en marzo, 6 en abril, y ahora el 10 por ciento, lo cual acumula un incremento del 31 por ciento”.

En el caso de YPF, que concentra más del 50 por ciento de las ventas, el litro de nafta súper trepó de 15,52 a 17,08 pesos y la Premium de 17,5 a 19.30 pesos, mientras que en Shell, la empresa de donde viene Aranguren, la súper cuesta 17,48 pesos y la V-Power quedó a 19,98 pesos. El aumento mereció el rechazo de las diferentes cámaras de estacioneros, entre las que se destacaron la Asociación de Estaciones de Servicio Independientes (AESI), la Cámara de Expendedores de Combustibles de la República Argentina (CECRA) y la Confederación de Entidades del Comercio de Hidrocarburos y Afines de la República Argentina (CECHA).

“El precio de los combustibles depende mucho del precio del petróleo crudo. Si ese precio y el tipo de cambio se mantiene en los niveles en que estamos hoy, creo que sí (que el del domingo será el último aumento del año). Pero no puedo pronosticar qué es lo que va a ocurrir con algo que tiene variaciones de precios que no depende de lo que ocurre en Argentina”, subrayó. Aranguren también admitió que, con los nuevos precios, las naftas y el gasoil en la Argentina se ubican entre los más altos del mundo, aunque advirtió que se debe a la fuerte carga impositiva que tienen en el país. “En el caso de las naftas, los impuestos alcanzan al 46 por ciento, y en el gasoil, 40 por ciento. Son impuestos que aumentan cuando aumenta el precio a la salida del precio en la refinería. Y esto es algo que queremos cambiar, queremos volver a un esquema anterior cuando uno podía utilizar la política impositiva para poder amortiguar las variaciones de precios”, explicó. En ese sentido, anticipó que el Gobierno está elaborando un proyecto de ley para enviar al Congreso “para reestablecer un esquema para que los impuestos puedan actuar de manera anticíclica”. Por último, descartó nuevos aumentos en el precio del GNC en lo que resta del año, y aunque dijo que con el incremento del 300 por ciento aplicado a principios de abril corrigieron la “distorsión importante” que existía en ese sector, sostuvo que “todavía sigue siendo económico en comparación con los combustibles líquidos”.

Consultado por la razón por la que el consumidor no nota en los precios la caída en la cotización internacional del petróleo, el ministro argumentó que cuando en el pasado el petróleo subió, en Argentina se realizaron “ciertas políticas” por las que se impuso un precio de los combustibles y del petróleo crudo muy bajo que terminó desincentivando la inversión. “Y generando las condiciones para que hoy se está importando no solo electricidad y gas natural, sino también petróleo crudo y derivados”, agregó. Es así que explicó que en “un mercado libre”, cuando se registra una caída brusca de un precio, como en este caso el del crudo, automáticamente la inversión desaparece en el sector y se genera desempleo en la actividad. “Caen los precios y aumenta la desocupación”, remarcó. Por este motivo, sostuvo que desde el Ejecutivo se trata de ir amortiguando esa caída a los efectos de proteger los puestos de trabajo del sector petrolero, especialmente en aquellas provincias que son productoras, donde la actividad petrolera mueve la economía de la provincia. Aranguren señaló que actualmente hay entre 350.000 y 400.000 familias que viven de la actividad petrolera en Argentina, por lo que el fin es ir administrando esta situación de forma de evitar despidos.