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El veto de Mauricio Macri a la ley antidespidos se confirmó ayer un par de horas después del anuncio del Frigorífico Bragado, una cooperativa que emplea 50 trabajadores. Reconoció que probablemente cierre al no poder afrontar el aumento de la factura eléctrica, de 28 mil pesos a 70 mil, en un contexto de caída de la producción y la demanda. Una situación similar denunciaron esta semana las cámaras hoteleras de Bariloche, Villa la Angostura, San Martín de los Andes y otras localidades turísticas del Sur, con incrementos en las facturas de gas de 5000 a 50.000 pesos o de 45.000 a 350.000. El marketing político es una especialidad del PRO, pero las acciones publicitarias de corto plazo se están viendo desbordadas por una realidad que sobrepasa los diques comunicacionales. Hace diez días el Presidente reunió a un centenar de grandes empresarios en Casa Rosada para la firma de un compromiso de estabilidad de sus planteles por noventa días. Cuarenta y ocho horas después ya había denuncias de despidos en una de las empresas de Techint, en Alpargatas, en Massalín Particulares, en firmas metalúrgicas y mineras. Todos los días se conocen nuevos casos. El sector público también es protagonista. Entre 600 y 800 inspectores del Renatea, que combatían la explotación laboral en el campo, quedarán en la calle en los próximos días por la desarticulación del organismo. El secretario de Seguridad Social del Ministerio de Trabajo, Juan Carlos Paulucci, impulsó esa decisión. Antes de llegar al cargo era funcionario de la obra social de Uatre, el “sindicato” de peones rurales que dirige Gerónimo “Momo” Venegas. Su hijo, de nombre también Juan Carlos, intentó ser ubicado por el Gobierno como nuevo fiscal General de la Seguridad Social, puesto desde el que hubiera tenido que controlar a su padre, pero la avalancha de impugnaciones que se presentaron en el Senado obligó al oficialismo a frenar su pliego, y seguramente sea dejado de lado.

El veto a la ley que imponía la doble indemnización por seis meses se produjo en un contexto de fuertes tensiones en el mercado laboral. El Gobierno podrá negar la ola de despidos, atribuirle la responsabilidad a la gestión anterior o intentar comprometer a los empresarios a no seguir echando trabajadores, según lo recomienden los publicistas cada semana, pero la realidad que le marcan sus propios registros alerta sobre un aumento persistente de la conflictividad social. Lo reflejan, por ejemplo, las últimas estadísticas del Servicio de Conciliación Laboral Obligatoria (Seclo): en marzo atendió un 50 por ciento más de trabajadores y empresas que en igual mes del año pasado. Este organismo del Ministerio de Trabajo se encarga de resolver por vía administrativa reclamos individuales en materia de empleo. Es una instancia previa obligatoria a cualquier demanda judicial en la Ciudad de Buenos Aires. Si después de dos audiencias de mediación las partes no llegan a un acuerdo, entonces sí el trabajador puede plantear su queja en Tribunales. Desde que empezó el año, el Seclo experimentó una estampida en la presentación de casos, que fue de entre 20 y 30 por ciento en el primer bimestre y saltó al 50 por ciento en marzo. Acudieron 14.700 personas, contra 9800 de marzo de 2015. La dependencia interviene frente a cualquier tipo de controversias, no solo despidos, con lo cual constituye un valioso termómetro oficial sobre la marcha que lleva el mercado de trabajo.

Otros indicadores de distinto origen coinciden en la identificación de una tendencia preocupante, entre otras razones, porque anticipa un despegue de la desocupación. El Centro de Economía Política Argentina (Cepa) reportó 154.786 cesantías hasta abril; la consultora Tendencias Económicas contabilizó 139.396, y el índice de la Cámara de la Construcción reconoció 26 mil puestos formales menos solo hasta febrero (de 396 mil en 2015 a 370 mil en igual mes de este año). Más allá de los datos cuantitativos, el comportamiento del equipo económico, del Banco Central y del Ministerio de Trabajo evidencia que la defensa del empleo no es su prioridad. Eso agrava un cuadro de por sí delicado por el perfil de la política económica, que en este período atentó contra la producción manufacturera, la construcción y el consumo interno, principales fuentes de ocupación en la Argentina.

El paso de un modelo de desarrollo con base en la industria, inclusivo, a otro agroexportador y financiero, golpea en el mercado laboral. La desprotección de los trabajadores se aprecia a través de distintas decisiones. Una de ellas, que involucra al Ministerio de Trabajo, es el cierre del programa Asistir. Era un servicio de asistencia legal gratuita a empleados registrados y no registrados. Acudían especialmente quienes no tenían cobertura sindical o medios suficientes para costearse un abogado, o que presentaban reclamos por montos bajos y les costaba conseguir representación. El cuerpo de profesionales contratado por el Estado para atenderlos fue expulsado por la nueva gestión, que sigue prometiendo que en algún momento restablecerá el plan. Mientras tanto, cientos de personas quedaron a la deriva con sus telegramas de despido o sufriendo la alteración unilateral de las condiciones de trabajo. La oficina al público de Asistir quedaba en la calle 25 de Mayo, entre Tucumán y Viamonte, en la parte de atrás del Ministerio de Trabajo. Ahora está cerrada, pero a pocos metros ya abrió un estudio de abogados que ofrece el mismo servicio, solo que tarifado. Es la foto del local que acompaña esta columna.

Fuentes empresarias y gremiales aseguran que la respuesta habitual ante el anuncio del cierre de plantas o el pedido de auxilio para evitar despidos es la indiferencia. Los trabajadores de Radio América, por ejemplo, hace meses que reclaman la concesión de los Repro para cubrir una parte de sus ingresos sin ningún resultado. La cartera laboral se desentiende del conflicto mientras los empleados siguen sin cobrar desde diciembre. En este y en otros casos, el Gobierno en lugar de asumir un rol activo, decidido, que interpele a los empleadores y al mismo tiempo les ofrezca alternativas para remontar su actividad, mira desde la platea cómo se va acentuando la sangría ocupacional. Pasado mañana habrá una movilización a Alem al 600 de otro gremio que viene reclamando sin éxito la intervención del Ministerio de Trabajo. Es la Federación Marítima, que protesta por el cierre de la terminal Tecplata y para impedir un avance contra derechos de los operarios. Según su denuncia, son víctimas de “intimidaciones del sector empresarial, que posterga la recomposición salarial con la insólita exigencia de que los gremios renuncien a las conquistas de los Convenios Colectivos de Trabajo”.

Los períodos recesivos que atravesó la Argentina la última década y mucho más intensamente antes de 2003 estuvieron asociados a un aumento de la desocupación. El efecto Tequila de 1995 la llevó al 18 por ciento; la crisis que empezó en 1998 y explotó en 2001 la dejó en 25 por ciento; en 2009 subió 1,3 puntos porcentuales, hasta 9,1 por ciento, y en 2014 se elevó 0,7 punto, hasta 7,5 por ciento. La recesión actual perfila una situación más parecida a la de los ‘90 y los ‘2000 que a lo que sucedió durante el kirchnerismo. Sobre todo si la resolución de los conflictos va a seguir siendo como en Cresta Roja, donde más de 2000 trabajadores quedaron afuera de la empresa –los nuevos empleadores prometen aumentar las incorporaciones en la medida que remonte la actividad–, y los que reingresaron tuvieron que aceptar condiciones de contratación más inestables y cediendo derechos. Es lo que hay, habrá pensado Macri cuando eligió anunciar desde allí el veto a la ley antidespidos.