El ministro de Agroindustria, Ricardo Buryaile, anunció ayer una solución al conflicto que mantenían los productores agropecuarios con la multinacional Monsanto y otras semilleras, introduciendo mayores controles del Inase (Instituto Nacional de Semillas) y anticipó que en agosto se girará al Congreso un nuevo proyecto de Ley de Semillas. Buryaile dijo que “el Gobierno respeta los contratos privados vigentes y que se hagan”, pero aclaró que esos convenios “no serán obligatorios para los productores”, durante una conferencia de prensa en la que participó Fernando Giannoni, directivo de Monsanto. “El Inase es el único organismo de fiscalización de control de legalidad de semillas”, remarcó el ministro, y adelantó que se van a celebrar convenios con organismos públicos y entidades privadas “de manera tal de poder hacer controles selectivos para determinar la legalidad de las semillas”. “A partir de ese momento se verá si la semilla es legal o no, mientras los desarrolladores que crean tener derecho de propiedad sobre la semilla podrán reclamarlos en la Justicia”, agregó.