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El gobierno nacional prorrogó, desde el 1º de enero y hasta el 31 de diciembre de este año la alícuota del 7 por ciento dispuesta como impuesto adicional de emergencia sobre el precio de venta de cigarrillos. La nueva prórroga de este impuesto fue dispuesta mediante el decreto 40/2004, publicado ayer en el Boletín Oficial.
Mediante el decreto 518/2000 se había dispuesto un cronograma progresivo de disminución de la alícuota de este impuesto –originalmente de 21 por ciento– al 16, al 12 y luego al 7 por ciento desde febrero de 2001, tasa que fue sucesivamente prorrogada hasta el 31 de diciembre último. En los considerandos del decreto publicado ayer, se señala que “la reducción de la alícuota actuó como factor desalentador del contrabando”. Según estimaciones de la propia industria, la venta de cigarrillos ingresados al mercado por contrabando abarca al 11 por ciento del consumo. Luego de un fuerte descenso entre 2001 y 2002 (del 18,3 al 9,9 por ciento de participación), la proporción de ventas ilegales habría vuelto a subir en el último año.
Al disponer la nueva prórroga, en los considerandos se apunta que “la evolución de la recaudación y los informes técnicos pertinentes aconsejan mantener este impuesto, con la presión tributaria vigente, hasta diciembre de 2004”. No obstante, el decreto establece que si la evolución de la recaudación lo aconseja, la alícuota “puede ser modificada o dejada sin efecto”.
La prórroga ahora dispuesta podría resultar transitoria, además, habida cuenta que el Gobierno puso a consideración del Congreso Nacional una modificación de la estructura impositiva que grava a la industria del tabaco con la intención de recaudar más por esta vía y poder así eliminar, o al menos reducir, el impuesto que grava las operaciones bancarias de débito o créditos de cheques.
El Ministerio de Economía tenía previsto que el aumento de la carga impositiva sobre los cigarrillos fuera aprobado por el Congreso a fines del año pasado, a los efectos de poder modificar el impuesto al cheque para mediados de 2004. No obstante, no se han podido superar las diferencias con legisladores de las provincias tabacaleras, quienes recientemente expresaron su rechazo al aumento de impuestos al tabaco.