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La intención del Gobierno de volver a concesionar el servicio del correo genera resistencias en el Congreso. El diputado socialista Jorge Rivas, por ejemplo, presentó un proyecto de ley para terminar con una facultad que obtuvo el Poder Ejecutivo en 1989, por la cual puede decidir el destino de las empresas públicas sin consultar al Parlamento. El artículo de la ley que se pretende derogar fue la herramienta que permitió a Carlos Menem entregar al sector privado una treintena de compañías estatales. “Hoy el oficialismo, en especial el presidente Néstor Kirchner, se muestra asqueado por lo actuado durante el menemismo. Si en ese sentimiento no hay una profunda cuota de hipocresía, el justicialismo debería valorar y apoyar mi propuesta, ya que lo liberaría de su vínculo con un pasado infame”, alegó Rivas.
Desde que el Gobierno le retiró la concesión del Correo al grupo Macri, el 19 de noviembre pasado, la empresa creció 10 por ciento en el comercio minorista y produjo una reducción de 10,6 millones de pesos en el pago de remuneraciones y de otros 6,5 millones en servicios contratados. El actual administrador de la compañía, el ex diputado Eduardo Di Cola, anticipó la semana pasada que durante el año se logrará un ahorro de más de 26 millones de pesos, debido a la renegociación de contratos con proveedores y prestadores. El plan enunciado por el Gobierno es volver a licitar el Correo a mediados de mayo.
Esos resultados y las perspectivas de transformar al Correo en una empresa rentable y capaz de prestar un buen servicio, algunos legisladores plantean la inconveniencia de volver a concesionarla. Pero Rivas dio un paso más allá, al reclamar una reparación institucional. La Ley de Reforma del Estado, uno de las leyes fundacionales del menemismo, le sustrajo al Congreso la facultad de determinar qué hacer con las empresas públicas.
“El artículo 9 de aquella ley –recuerda Rivas– es un verdadero disparate. En su primer párrafo dice que para vender o concesionar un bien del Estado, el Ejecutivo debe declararlo previamente ‘sujeto a privatización’ y el Congreso aprobar esa declaración por ley. Pero en el párrafo siguiente habilita al Ejecutivo a privatizar una treintena de empresas públicas, entre ellas el Correo, sin necesidad de cumplir con el procedimiento previamente fijado.” El proyecto del diputado deroga ese segundo párrafo.
En los fundamentos de la iniciativa hay un valioso recordatorio de cómo se sancionó aquella Ley de Reforma del Estado, que ahora se pretende corregir al menos en un aspecto. El proyecto que, entre otras cosas, abrió la puerta a las privatizaciones, ingresó al Congreso el 19 de julio del ‘89 y completó su aprobación en tiempo record, el 16 de agosto de ese mismo año. “El Congreso debe asumir su responsabilidad constitucional y volver a decidir el destino que habrá de tener el Correo oficial”, concluyó Rivas.