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Los gobernadores de las provincias de Mendoza y San Juan subieron los decibeles en la pelea por la promoción industrial. Esta vez, la disputa abandonó el plano meramente económico para llegar a las acusaciones personales. El enfrentamiento de Mendoza con el bloque de las “promocionadas” preanuncia nuevos realineamientos en la pelea por la coparticipación.
Todo comenzó con un decreto del presidente Néstor Kirchner para prorrogar el régimen de promoción para Catamarca, La Rioja, San Juan y San Luis. La decisión provocó la inmediata reacción del gobierno de Mendoza, que entre otros argumentos sostuvo que el régimen provocaba una fuga de capitales de su territorio. Incluso se habló de empresarios mendocinos que ya habían sido tentados para trasladar sus industrias a las provincias vecinas.
A raíz de una presentación de productores de San Rafael, un juez federal mendocino suspendió la aplicación del decreto que extendía el régimen. Las acusaciones no tardaron en personalizarse. La prensa sanjuanina sugirió que el juez mendocino tenía intereses propios en la situación y como para que no queden dudas de la independencia de los poderes judiciales provinciales, otro juez –en este caso, sanjuanino– ordenó a la AFIP, en un caso particular, la aplicación del cuestionado decreto.
Pero este fin de semana el gobernador de Mendoza, Julio César Cobos, sostuvo en una entrevista que “la promoción es venta de carpetas y empleos ficticios, cuando lo único que se hace en la mayoría de los casos es crear empresas fantasma”. También afirmó que él cobra mensualmente 2500 pesos “líquidos”, mientras “los funcionarios de las provincias promocionadas tienen aviones, residencias y canchas de golf”.
Quizá sensibilizado por otros entuertos, el gobernador de San Juan, José Luis Gioja, acusó recibo y desafió a su colega a presentar pruebas sobre sus afirmaciones. “Soy gobernador de una de las provincias aludidas, pero no he tenido en el pasado, ni dispongo actualmente, de los bienes superfluos a que usted hace referencia”, contestó por escrito.
Ayer en Buenos Aires, el ministro del Interior, Aníbal Fernández, recibió al vicegobernador mendocino Juan Carlos Jaliff, quien le reclamó la derogación, o al menos la modificación, del decreto presidencial. También se habló del proceso judicial iniciado en 1997, por el cual Mendoza pide a la Nación un resarcimiento de 600 millones de pesos por los perjuicios que le habría causado el régimen promocional vigente desde comienzos de los años ‘90.