El acuerdo en el precio de los medicamentos que está negociando el gobierno con los laboratorios podría incluir una concesión polémica para abaratar los costos empresarios. Luego de haber subido fuerte el valor de la mayoría de sus productos, las principales firmas del sector ofrecen congelar precios hasta fin de año a cambio de una flexibilización del Sistema Nacional de Trazabilidad implementado en abril de 2011 para monitorear la distribución de remedios y evitar ventas en negro, adulteración de productos y fraude al Estado con la presentación de troqueles falsos destinados a cobrar subsidios.

El sistema de trazabilidad permite conocer el origen, la ubicación y la trayectoria de un producto o lote de productos a lo largo de toda la cadena de distribución, incluyendo laboratorios, distribuidoras, operadores logísticos, droguerías, farmacias y establecimiento asistenciales. El seguimiento se realiza a partir de la colocación de un código único por producto que es auditado por la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología (Anmat). El envase puede tener un dispositivo electrónico, un código de barras o un código datamatrix, pues cualquiera de ellos cumple con la condición de que no pueden ser quitados sin dejar una marca evidente.

Este sistema de control tiene como objetivo principal garantizar la seguridad de los pacientes al evitar la comercialización de remedios adulterados o falsificados, pero además sirve para evitar ventas en negro y la estafa al Estado con la presentación de troqueles truchos, la porción del envase del remedio que se recorta para luego ingresar al mecanismo de reintegro de las obras sociales. El troquel es fácilmente falsificable porque, si bien funciona como un cheque al portador, no incluye ninguna medida de seguridad.

La causa conocida como “la mafia de los medicamentos” es uno de los antecedentes más resonantes que llevó a implementar el sistema de trazabilidad para reemplazar los troqueles. En 2010 la Justicia comprobó el fraude al Estado a través del cobro de subsidios de la Administración de Programas Especiales (APE), con la presentación de troqueles falsos por tratamientos complejos que nunca se realizaron y medicación que nunca se suministró a los pacientes. Por esta causa fueron procesados y presos como integrantes de una asociación ilícita el secretario general del gremio bancario, Juan José Zanola, y el titular de la droguería San Javier, Néstor Lorenzo. Además, en febrero de 2011, el entonces juez federal Norberto Oyarbide procesó a Juan Rinaldi, ex titular de la Superintendencia de Seguridad de la Salud y del APE, responsable de los reintegros a las obras sociales.

La primera etapa en la implementación del sistema de trazabilidad comenzó en mayo de 2011 e incluyó una serie de productos de alto costo, como oncológicos, HIV y hemoderivados. La implementación de esa disposición se completó en su totalidad. En marzo del año siguiente, Anmat amplió la lista incorporando principios activos de remedios que podían ir de 200 a 100.000 pesos. “De los 350 productos farmacéuticos que se expenden bajo receta incluidos en la primera etapa del Sistema de Trazabilidad, que comenzó a implementarse el año pasado, ahora pasarán a controlarse unos 2.300 medicamentos. Esto abarcará psicofármacos, antibióticos, antidepresivos, antiepilépticos y antiparkinsonianos, entre otros productos”, aseguró entonces el interventor de la ANMAT, Carlos Chiale. Fuentes del sector consultadas por Página/12 estimaron que la trazabilidad se aplicó a cerca del 75 por ciento de los productos de ese segundo listado.

En enero de 2013 hubo una nueva ampliación que sumó una serie de psicotrópicos aunque su cumplimiento hasta el momento ha sido relativamente bajo, en torno al 15 por ciento del listado. A su vez, en enero de 2015 Anmat concretó una última ampliación del listado al sumar principios activos de alto costo, con un cumplimiento hasta ahora cercano al 85 por ciento.

El objetivo final era reemplazar por completo el sistema de troqueles durante este año, pero los laboratorios han venido demorando su cumplimiento y presionan para flexibilizar el sistema circunscribiéndolo sólo a los medicamentos más costosos, como era al inicio. Así se lo manifestaron representantes de la Cámara Industrial de Laboratorios Farmacéuticos Argentinos (Cilfa) al ministro de Salud, Jorge Lemus, y a Carlos Chiale. A raíz del intenso lobby empresario, en mayo la senadora del Frente para la Victoria, Nancy González, presentó con otros colegas de su bloque un proyecto de comunicación en el Congreso solicitando informes al Ejecutivo sobre el estado de situación del sistema de trazabilidad de los medicamentos, pero todavía no fue tratado.

El argumento de los principales laboratorios, que también controlan distribuidoras y droguerías, es que la trazabilidad encarece sus costos por la logística que conlleva. Desde el gobierno, les hicieron saber a los empresarios que es muy complicado políticamente dar marcha atrás con este sistema porque no habría manera de justificarlo ante la opinión pública. Por lo tanto, lo que les ofertaron inicialmente es flexibilizar los plazos de cumplimiento de las distintas disposiciones vigentes al menos hasta 2017. A los laboratorios, esa propuesta les parece insuficiente y quieren que Anmat publique una nueva disposición reduciendo la cantidad de principios activos que deben ser monitoreados a través del sistema de trazabilidad. A cambio no sólo ofrecen sumarse al acuerdo de precios sino incluso condonar parte de las deudas que el PAMI tiene con ellos. “Parece que finalmente se va a avanzar con esta última opción. Ahora hay cerca de 600 principios activos y quedarían 450, pero además entre los principios eliminados se encuentran varios que tienen un volumen de ventas importante. Por lo tanto, si en lugar de contabilizar los principios activos se toman en cuenta los productos la reducción sería mucho mayor”, señaló a Página/12 una fuente de la industria.

Dar marcha atrás con el sistema de trazabilidad, no sólo supone una reducción de costos para los laboratorios sino también la posibilidad de que continúen los fraudes contra el Estado que protagonizan las empresas del sector y las obras sociales. De hecho, la semana pasada se conoció que un grupo de farmacias de Santiago del Estero le facturaron al PAMI 154 millones de pesos por remedios para diabéticos entre julio de 2015 y febrero de este año, pese a que en esa provincia sólo hay unos 2000 insulinodependientes. El plan consistía en la falsificación de troqueles de diferentes marcas de insulina y de recetas a nombre de afiliados fallecidos o de otros que no padecen diabetes. Una de las farmacias de Santiago del Estero que participó de la estafa facturó sólo en un mes unos 500.000 pesos en insulinas y tiras reactivas para medir el nivel de glucosa. Fuentes de la investigación señalaron que en promedio la venta de los medicamentos para contrarrestar la diabetes suele ser el 1,5 por ciento de la facturación de las farmacias, pero en algunos de los comercios investigados era el 90 por ciento. “Estas redes de corrupción son las que están llevando al PAMI al colapso”, aseguró el titular del organismo, Carlos Regazzoni. Sin embargo, la decisión oficial de flexibilizar el sistema de trazabilidad podría terminar siendo funcional a este tipo de estafas.