El Gran Hermano del Gobierno macrista ya tiene también bajo su mira a casi 6 millones de jubilados para su campaña de propaganda oficial. El diputado kirchnerista Rodolfo Tailhade presentó ayer una denuncia penal contra el titular del PAMI, Carlos Regazzoni; el jefe de Gabinete, Marcos Peña; y el secretario de Comunicación Pública, Jorge Grecco, por el convenio a través del cual se pasa el banco de datos de los afiliados al Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados al Gobierno nacional con información reservada bajo la ley de Protección de Datos de las Personas, como correo electrónico, teléfono, estado civil y nivel de estudio, que requieren del consentimiento de los ciudadanos para su utilización. En tanto el juez federal en los Contencioso Administrativo, Ernesto Marinelli, se excusó de habilitar la feria judicial para resolver los amparos presentados por diputados del Frente para la Victoria y la abogada Vanesa Carreras con el fin de frenar el convenio por el cual la Anses le traspasa todo su banco de datos –con información protegida de 16 millones de personas– al jefe de Gabinete, con el argumento de que el mismo todavía “no entró en vigencia”.

“No se trata de un convenio de cooperación, se trata claramente de un acto ilícito bajo la forma de un supuesto convenio entre organismos del Estado”, sostiene Tailhade en la denuncia contra Regazzoni, Peña, Grecco y que también incluye al Subsecretario de Vínculo Ciudadano, Guillermo Riera por el convenio a través del cual el PAMI traspasa su base de datos a la jefatura de Gabinete. “El convenio dice claramente que se traspasan además de los datos filiatorios, otros como correo electrónico, teléfono, estado civil y nivel de estudio, protegidos por la ley 25.326 de Protección de Datos de las Personas que prohíbe expresamente la difusión de datos sensibles de los ciudadanos sin su consentimiento expreso”, agregó Tailhade a Página/12 sobre la nueva denuncia que recayó en el juzgado federal de Sebastián Ramos.

Para el diputado del FpV, la secretaría a cargo de Grecco “no tiene capacidad material ni humana para procesar y clasificar ese nivel de información por lo cual eso se realizará a través de consultoras privadas que pasarán a manejar esa base de datos reservados que podrían terminar en manos de bancos o tarjetas de crédito”. Argumentos que Tailhade también volcó en la denuncia penal que junto al diputado Juan Cabandié realizó contra los funcionarios y el titular de la Anses, Emilio Basavilbaso, por el traspaso de la base de datos de esa institución con datos protegidos de 16,5 millones de personas.

En esa misma causa que se tramita en el juzgado federal de Ariel Lijo, Carreras –como adelantó ayer Página/12– presentó como pruebas adicionales los mensajes de publicidad oficial que recibieron en sus teléfonos celulares personas que nunca dieron consentimiento a ningún organismo público para la utilización. Lo que podría demostrar que el Gobierno ya está utilizando la base de datos de la Anses. Por eso, Tailhade solicitará a Lijo el allanamiento de la Anses, que se revise si el encriptamiento de su base de datos ha sido modificado o si existe algún sistema remoto para el traspaso parcial o total de su archivo.

Sin embargo, el juez Marinelli prefirió desentenderse de las medidas cautelares interpuestas por los diputados del FpV y por Carreras a título personal para frenar el convenio entre el Gobierno y la Anses. “Las circunstancias alegadas y la documentación que la actora adjuntara con posterioridad a la demanda en nada modifican el hecho de que la resolución impugnada en las presentes actuaciones no entrará en vigencia durante el actual período de feria judicial –que concluye hoy (por ayer)– por no haber transcurrido ocho días desde su publicación en el Boletín Oficial”, sostuvo en su resolución el magistrado federal.

“Estamos absolutamente en contra de la resolución judicial que argumenta que todavía no transcurrieron los ocho días de su publicación para entrar en vigencia. La medida cautelar es para evitar que no se implemente el convenio y no esperar para que rija, donde ya hay datos concretos que está en funcionamiento”, señaló Héctor Recalde, uno de sus autores, a Página/12, auqnue insistirán en el reclamo judicial ante la jueza Liliana Heiland donde se radicó el recurso. Lo misma hará la abogada Carreras pero ante la jueza María Sarmiento.

Para Recalde no hay que subestimar la vía parlamentaria. “La decisión del Gobierno de apropiarse de estas bases de datos para difundir propaganda oficial provocó el rechazo unánime de todo el arco opositor. La diputada (Alicia) Ciciliani (PS) ya presentó un proyecto que habrá que acordar y pedir una sesión especial para frenarlo por ley”, sostuvo el diputado ante este diario.