El fiscal federal Juan Pedro Zoni sostuvo que se debe desestimar por inexistencia de delito la denuncia que el camarista de Casación Juan Carlos Gemignani usó para justificar el arresto de la secretaria del tribunal María Amelia Expucci por negarse a inventariar el contenido de unas cajas. En el mismo dictamen le pidió al juez Marcelo Martínez de Giorgi –a cargo del caso– que lo denuncie penalmente en la causa donde ya se lo investiga por privación de la libertad agravada y también ante el Consejo de la Magistratura. En la mañana de ayer, los camaristas presentes se preguntaban dónde estaría Gemignani que no había ido a trabajar. Y estaba dando entrevistas a TN y radio Mitre en las que intentó correr el foco de la cuestión al decir que el verdadero problema era el contenido de las cajas que él pretendía inventariar, ya que habían monitores y material de telecomunicaciones enviados por el Ministerio de Planificación de Julio De Vido, que a su entender “eran una especie de dádiva para los integrantes de la Cámara”.

Gemignani consiguió que los portales de Clarín y La Nación instalaran ayer como título-catástrofe que él denunciaba a la secretaria y que “la vincula con dádivas de De Vido”. A lo largo del día, sin embargo, hasta la tradicional Asociación de Magistrados, que suele moverse con espíritu de cuerpo, expresó su “solidaridad” con Expucci “dada la gravedad” de la situación, que puso en conocimiento de la mesa directiva “para evaluar el curso de acción que corresponda adoptar”. La lista Bordó de la entidad (el oficialismo), que lidera Ricardo Recondo, calificó la detención como “ilegítima” y dijo que era un hecho “contrario a la confianza pública”. La titular de la Asociación de Mujeres Juezas, Susana Medina, caracterizó el episodio como un hecho de “violencia laboral e institucional”, se solidarizó con Expucci y abogó por “un pronto esclarecimiento porque la sociedad tiene derecho a una justicia libre de estereotipos culturales y patriarcales”.

El increíble hecho ocurrió el jueves cuando Gemignani, quien presidía la Cámara de Casación durante la feria judicial, le informó a Expucci que quería liberar una sala de audiencias para hacer una videoconferencia a pedido de un tribunal de Catamarca. Le dijo que allí había cajas con elementos que no pertenecían al Poder Judicial y le ordenó hacer un inventario. La joven le contestó que para eso quería consultar al juez a quien ella reportaba estos días, Eduardo Riggi, ya que ese tipo de tareas no forman parte de las que se hacen en la feria, que son excepcionales y urgentes, como analizar pedidos de excarcelación. Le sugirió incluso que mejor se lo indicaran por escrito. Gemignani tuvo un rapto de ira, la acusó de desobedecerlo, llamó a los policías de la custodia y ordenó detenerla sin más. Los uniformados le quitaron el celular y la llevaron al destacamento de la planta baja de los tribunales de Comodoro Py donde estuvo encerrada e incomunicada una hora y media. Luego la denunció por no acatar su orden en el juzgado de Marcelo Martínez de Giorgi, quien mandó a liberarla de inmediato y le pidió al fiscal Zoni que dictamine. Expucci, conmocionada, lo denunció a él, por privación ilegítima de la libertad agravada, causa que quedó a cargo de Daniel Rafecas.

A lo largo del día de ayer, el camarista intentó convertir el hecho en un escándalo para introducir el nombre de Julio De Vido y acusar de recibir dádivas a su colega Ana María Figueroa, con quien tiene una pulseada de política desde tiempos inmemoriales. Trató de justificar la detención de Expucci con el argumento de que “cualquier civil en una circunstancia de flagrancia tiene derecho a detener a una persona y someterlo a la autoridad competente”. Eso fue lo que dijo en TN: Para él, la secretaria estaba desobedeciéndolo y eso era un delito. En Radio Mitre, señaló que “lo que había en las cajas eran televisores, computadoras, todo lo que tiene que ver con cuestiones de telecomunicaciones identificado al Plan Argentina Conectar. Un plan que desarrolló el Ministerio de Planificación de Julio de Vido”. Agregó que Figueroa, en su presidencia del tribunal el año pasado, había propuesto recibir ese material pero que le habían dicho sus pares que no correspondía. Además, Gemignani concluyó que deducía que “la negativa” de Expucci a inventariar “era una expresión de encubrimiento”.

El día de la detención de la chica, el presidente de Casación, Alejandro Slokar, atravesó más de 100 kilómetros raudamente y convocó a una reunión de emergencia a los casadores, en la que quedó claro que todo el mundo en el tribunal sabía de la existencia de “las cajas” y acusaron a Gemignani –radical de origen alineado con Ernesto Sanz– de haber intentado armar un escándalo público subiéndose a la máquina de denunciar al gobierno anterior, lo que quedó confirmado en sus declaraciones posteriores a los medios. Ayer, cuando habló de dádivas, en tribunales se preguntaban por qué no las había denunciado antes, ya que como funcionario tendría la obligación.

El fiscal Zoni finalmente dijo que la reacción de Expucci ante Gemignani “en modo alguno puede ser calificada como una conducta delictiva” y que “carece de entidad como para lesionar algún bien jurídico tutelado en nuestro Código Penal”. El dictamen agrega que a nadie se le puede ocurrir que la negativa a hacer el inventario “puede lesionar el normal y diligente funcionamiento del tribunal de Casación”. “Resulta claramente excesivo el reproche penal que se pretende sostener con la denuncia (de Gemignani) ya que se advierte que los sucesos relatados se han generado en una simple cuestión de índole laboral que debería haberse resuelto, cuanto mucho, administrativamente”, sostuvo. Recordó que debe haber “proporcionalidad entre la lesión y la punición”. Además de pedirle a Martínez de Giorgi que desestime la causa, le requirió que denuncie al juez ante el juzgado de Rafecas, donde Expucci lo imputó por privación ilegal de la libertad, y que le de intervención al Consejo de la Magistratura, hoy dominado por el macrismo.

Expucci es afiliada a la Unión de Empleados de la Justicia. Julio Piumato, titular del gremio, hizo notar que ninguna entidad ni colega había respaldado a Gemignani. Que la detención había sido una “locura” y un “disparate”, a la que se fueron sumando “especulaciones sobre la alineación política de esta chica, todo mentira. Es una persona querida y este hombre abusó de su autoridad”. Martínez de Giorgi resolverá la semana que viene. Rafecas espera dictamen de la fiscal Paloma Ochoa. Y en la Casación se espera una reunión caliente.