Las protestas contra el tarifazo pusieron en jaque la política tarifaria impulsada por el Gobierno.
Imagen: Jorge Larrosa.

El aumento tarifario implementado por el Gobierno estuvo lejos de ser gradual y fue dirigido a hogares y usuarios no residenciales cuyo consumo estaba muy adaptado al esquema de energía barata, el ajuste se realizó de cara al período de mayor gasto energético del año y en un contexto de deterioro del salario real y de la rentabilidad de las pymes por la fuerte devaluación implementada en diciembre. Para un grupo de investigadores del área energética dirigidos por Nicolás Arceo, ex director de YPF y actual investigador del Cifra, que depende de la CTA, ese conjunto de factores explican la ola casi unánime de rechazos que recolectó el tarifazo en estos meses.

El primer número de la publicación “Soberanía Energética”, editada por un grupo de especialistas del área energética nucleados en el centro de estudios Generación Sur, varios de los cuales desempeñaron funciones en el gobierno anterior, advierte de entrada que era necesario avanzar en un aumento de tarifas. Los investigadores justifican que “los subsidios a la energía eléctrica y al gas natural de red llegaron a representar más de 2 puntos del PBI, cuya asignación no pudo optimizarse en términos distributivos”. Además, indican que “la progresiva reducción de las tarifas en términos reales promovió el uso irracional de recursos críticos y no renovables”. Sin embargo, cuestionan fuertemente la implementación de la medida, algo que en definitiva permite comprender por qué algo que a priori gozaba de cierto consenso generó tanto rechazo social, político y judicial.

En la luz, el aumento promedio de la energía que Cammesa le vende a las distribuidoras de todo el país fue de 256 por ciento. Dependiendo de cada provincia, el incremento de las boletas osciló entre un 50 y un 250 por ciento. De esta forma, el subsidio del Estado en la fase de generación bajó del 86 al 61 por ciento en promedio, diferencia que debieron comenzar a afrontar los usuarios. Pero para los usuarios del AMBA la suba fue de entre el 300 y el 500 por ciento a raíz de la eliminación de subsidios a Edenor y Edesur. Además, en ese área la modificación fue regresiva, ya que los usuarios que consumen menos de 1000 kilovatios por bimestre (el 85 por ciento del total de usuarios) recibieron un aumento promedio 530 por ciento, mientras que para los que consumen por arriba de ese límite la suba fue del 315 por ciento.

El informe advierte que en 2014 el precio del gas subió en un 180 por ciento para usuarios residenciales y un 40 por ciento en los comerciales, exceptuando a la región patagónica por razones climáticas. Pero el invierno cálido de 2015 hizo que no se sintiera la suba. Este año, el incremento fue en promedio de 200 por ciento a nivel nacional aunque llegó al 539 por ciento en la Patagonia. Comercios, pymes, clubes de barrio y universidades inicialmente recibieron aumentos de 800 por ciento en promedio y de hasta el 1200 por ciento en el sur del país.

Pero sobre el aumento descripto en el precio de la luz y el gas se verificó la suba del consumo, a raíz de las bajas temperaturas, lo que elevó todavía más el monto de las boletas. El rechazo al tarifazo fue masivo, incluso luego de los topes del 400 y 500 por ciento que se intentó aplicar en el gas. La Corte frenó la suba del gas para usuarios residenciales y podría fallar en el mismo sentido en el caso de la luz.

Si bien el documento plantea que el valor de las tarifas era un tema pendiente, se cuestiona la implementación: fue innecesariamente violento en un contexto recesivo luego de la devaluación, con caída del salario real y pérdida de rentabilidad en pymes. Además, “el tarifazo se aplicó de cara a un período del año de mayor consumo y sin dar tiempo, financiamiento ni asistencia a hogares ni a empresas”.

A partir del tarifazo, las petroleras pasaron de recibir 2,72 dólares por millón de BTU a 4,64 dólares, un ingreso para la industria de más de 2000 millones de dólares, una vez descontadas regalías por 278 millones. Antes, las empresas recibían ese dinero por parte del Estado a través del Plan Gas I y II, que remuneraba producción excedente a un plazo de entre 90 y 180 días. Ahora las petroleras lo cobran “cash”, lo que les asegura una ganancia financiera sin exigencia de aumentar la producción.