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El Gobierno de Mauricio Macri enfrenta su primer conflicto en los paneles de la Organi- zación Mundial del Comercio (OMC), al recibir rechazo de varios países a la Ley de Autopartes aprobada a mitad de año. México, Canadá y la Unión Europea cuestionaron la normativa porque otorga incentivos fiscales a automotrices para incorporar mayor cantidad de partes y piezas (componentes) nacionales, lo que implica una “discriminación” a quiénes fabrican estos productos en el exterior.

La Argentina, pese a los reclamos ante la OMC, utiliza baja proporción de insumos locales y las terminales automotrices importan una gran parte de los componentes.

La OMC informó ayer de estas tensiones a través de su página web, al publicar los comentarios finales de la reunión del Comité de Medidas sobre Inversiones celebrada el 17 de octubre. México planteó que “los incentivos fiscales que ofrece la nueva ley de Argentina, que fue publicada el 1 de agosto 2016, podrían ir en contra del Acuerdo sobre Medidas en Materia de Inversiones, y que la Argentina no ha informado a la OMC de la medida”, según detalló la organización que regula el comercio mundial.

La Unión Europea, en tanto, mencionó que “el tema se planteó también ante el Comité de Acceso a los mercados la semana pasada. La nueva ley contradice la obligación de la Argentina para que el tratamiento de componentes importados no sea menos favorable que los productos locales”.

Canadá sostuvo que “la proliferación de requisitos de contenido local en los sectores de automóviles son de interés general”, al tiempo que Japón, Taipei de China y Corea del Sur indicaron que “comparten las preocupaciones” y que “seguirán de cerca el tema”.

Según informó la OMC, la delegación argentina ante el organismo dijo que el país “está dispuesto a hablar con los miembros de manera bilateral sobre la nueva ley”. La delegación se comprometió a transmitir las observaciones de regreso a Buenos Aires, aunque afirmó que el mandato de la normativa es promover “el desarrollo del sector de la pieza para el automóvil”. Las automotrices argentinas y las empresas autopartistas se habían manifestado a favor de la ley, por lo que una marcha atrás implicaría tensiones políticas con el sector, que en los últimos años viene atravesando una fuerte crisis.