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La asignación presupuestaria para el Ministerio de Producción del año 2017 asciende a 9577 millones de pesos. Esta cifra es, en términos nominales, un 0,8 por ciento superior a la partida asignada en el año por el que transitamos (9498 millones de pesos). Incluso aceptando la previsión inflacionaria oficial, el resultado en términos reales es un recorte del 16 por ciento para el área desde la que Francisco Cabrera (foto), su titular, se supone que debería defender a los sectores productivos nacionales, particularmente en las ramas industriales (el agro tiene ministerio propio, al menos por ahora). Pero así como el ministro de Producción interpreta como una señal positiva que aumenten las suspensiones de personal, “porque significa que las empresas han optado por retener el personal en vez de despedirlo”, al dato de la asignación presupuestaria también podría encontrársele su “lado positivo”. Si se compara la disponibilidad de fondos para el año próximo con lo efectivamente utilizado con el mismo fin este año, estaríamos ante un progreso, ya que hasta el mes de septiembre (cumplidos ya tres de los cuatro trimestres del año), la cartera de Producción sólo ejecutó el 33,65 por ciento del presupuesto anual asignado.

En la industria manufacturera, sobre todo en los llamados sectores sensibles, tienen una interpretación en términos prácticos que refleja ese desdén en la asignación y ejecución presupuestaria para la actividad industrial. “Los funcionarios escuchan nuestros reclamos, por ejemplo con la ola importadora, primero lo niegan, luego dicen que van a revisar los datos y se van a ocupar del problema, y finalmente no hacen nada”, resumió uno de los representantes pyme que lleva ya una larga serie de encuentros con Cabrera y su primera línea de colaboradores.

Esta semana hubo dos hechos que retrataron, de algún modo, la consideración que existe en el gobierno nacional hacia el sector pyme, principal foco empleador del país y el más asediado por la recesión interna y el ingreso masivo de importaciones. Cuando se armó una “mesa del diálogo” para una discusión tripartita sobre cuestiones salariales (el “bono” de fin de año), directamente se “ninguneó” al sector: no se lo convocó y no tuvo representación en la mesa. Pero inmediatamente, se difundió la promulgación de la Ley de Fomento Pyme, buscando cubrir las críticas por el destrato anterior. A pesar de los elogios de algunas entidades, entre los empresarios y en el “mano a mano”, transmiten la conclusión de que “el fomento a la inversión llega tarde porque, en un mercado en recesión, ¿quién va a comprar una máquina o tomar un nuevo empleado?”.

No son muchos los empresarios pymes que se atrevan a criticar abiertamente, todavía, al gobierno. El “buen diálogo” que tienen con los funcionarios los alienta aún a esperar algún cambio de actitud que acerque las medidas oficiales a las necesidades reales hoy del sector. En rigor, antes que una ley de fomento a la inversión, lo que demandan es una ley de emergencia que atienda su supervivencia. “Necesitamos un impulso al consumo, una reactivación del mercado interno, pero cuando se deciden a impulsar un bono salarial pretenden que lo paguemos las pymes, que estamos en crisis y pensando cómo vamos a hacer para mantener el empleo y seguir en la actividad el año que viene”, sostuvo ante este diario un destacado miembro del sector. “Lo dicen las estadísticas oficiales, las pymes somos el segmento empresario que menos despidió, y no porque estemos mejor, sino porque hacemos un gran esfuerzo por aguantar la situación, que las empresas grandes no hace. Y encima, cuando reúnen una mesa para discutir políticas económicas, que veníamos reclamando, no nos convocan. Va el titular de la Bolsa de Comercio, la Sociedad Rural, pero no las pymes. Como si las grandes cámaras, la UIA o la Cámara Argentina de Comercio, nos representara”, se quejó.

La Mesa del Diálogo, que el gobierno compartió con la CGT y el Grupo de los 6, tuvo un propósito inmediato, que era clausurar el llamado al paro de la CGT. Para eso, necesitaba el “respaldo” empresario a la propuesta de bono salarial que, aunque ambigua y escasa, diera la apariencia de que la central sindical no saldría con las manos vacías. Incluso así, le costó al gobierno que la UIA accediera. Aunque en la central fabril quienes pisan fuerte a la hora de definir son las grandes corporaciones, el impacto de la crisis en las empresas medianas y chicas hace llegar sus vibraciones. A Mario Quintana, vicejefe de Gabinete, agotó sus argumentos ante sus pares empresarios sobre la necesidad de tener una postura concesiva en la reunión del último miércoles. La presión interna en la UIA llegó a tal punto que se lo condicionó a Adrián Kaufmann, su presidente (hombre de Arcor), a no aceptar ningún compromiso por escrito que implicara la “obligación” de pagar el bono, y a que sólo habilitara una negociación por sector. Como para evitar algún flaqueo de Kaufmann, la UIA impuso como condición que también participara un segundo representante: Daniel Funes de Rioja, un “cruzado” de la defensa de los intereses patronales en las relaciones laborales. Tras el acuerdo de Quintana con la UIA, de Di Fiori (Cámara Argentina de Comercio) con Cavalieri, y de Jorge Triaca con la CGT, la Mesa dio a luz el bono.

El segundo objetivo conseguido por el gobierno fue acordar dos futuros encuentros de la Mesa del Diálogo, en las primeras quincenas de noviembre y diciembre, con un punto central en la agenda: el plan productivo nacional. Plan del cual se conocen “los 8 ejes” formulados por el Ejecutivo en términos generales, y en forma más reservada, la clasificación de los que para el gobierno merecen ser definidos como sectores de alta, media o baja competitividad. Dicho sin eufemismos, los sectores viables, los que serían viables en ciertas condiciones y los que no son viables. Para estos últimos, les concede la opción de su “reconversión” para subsistir, lo que, otra vez dejando de lado los eufemismos, sería hacerse importadores o cambiar de rubro.

Entre estos últimos, amenazados por lo que se ha dado en llamar el “modelo Australia”, figuran los sectores que agrupan al grueso de las pymes manufactureras, que es donde se genera más empleo industrial. Pero sus representantes no están convocados a la Mesa del Diálogo. Otro símbolo de la relación del gobierno y su política con el sector pyme.