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El gobierno nacional giró a cada provincia el texto para sellar un acuerdo básico para sancionar, en mayo, una nueva ley de Coparticipación Federal de Impuestos, a regir desde el 2005. Un punto medular de la propuesta oficial es la creación de un fondo denominado “de la Equidad Social”, para obras de infraestructura que se repartirán entre los grandes aglomerados y las provincias del Norte. Otra novedad es la instrumentación de un sistema de premios para las provincias que prueben eficiencia, según un criterio aún no precisado. Pero lejos de ganar consenso, la iniciativa amenaza complicar más el cuadro de las caldeadas relaciones políticas partidarias: Buenos Aires y Córdoba son algunas de las administraciones federales que ya manifestaron su resistencia.
La propuesta fue redactada por un comité de tres “expertos” del Gobierno central: el secretario de Energía, Daniel Cameron, Juan Carlos Pessoa, de la Jefatura de Gabinete y Leonardo Madcur, de Economía, responsables de la última versión del acuerdo que gobernadores y ministros de Economía del país se consultaron durante todo el fin de semana con el similar ánimo de rechazo o, al menos, con muchos reparos. Entre otras omisiones, el texto no contempla el interés de aumentar la participación provincial en la masa de recursos coparticipables ni despeja dudas sobre algunas angustias del interior, como el futuro de la millonaria deuda que los Estados del interior tienen con la Nación.
El texto no modifica sustancialmente el reparto primario de recursos entre la Nación y las provincias. Ninguna jurisdicción recibirá, en valores absolutos, menos de lo que reciba en el 2004, año tomado como base para la propuesta. No se alterará ni el régimen de ATN ni los millonarios fondos específicos que hoy se administran en la órbita de Roberto Lavagna y Julio De Vido, muchos de ellos para Infraestructura.
En el renglón de las innovaciones está lo que se dio en llamar el “fondo K”, a integrar con un 24 por ciento del “incremental” de la recaudación a partir del año próximo y con el tope de 2400 millones de pesos anuales durante el próximo lustro. Esta masa de recursos –que desde entonces irá decreciendo hasta extinguirse en el 2015– para obras de acceso a servicios básicos en grandes ciudades del país y mejorar la infraestructura en el Norte. Pero en qué, cómo y cuándo gastar ese dinero será resuelto por los Ministerios de Economía y Planificación, junto a la Jefatura de Gabinete y aquellas provincias “representativas de las distintas áreas geográficas”.
El margen de discrecionalidad implícito en esa idea es casi tan amplio como el que el gobierno nacional utilizará para instrumentar un sistema de premios y castigos que privilegie a las administraciones que prueben “eficiencia fiscal”, aunque según parámetros aún no fijados para evaluarlas. “¿Quién garantiza de que la Nación no utilizará el dinero del Fondo de Equidad para hacer obras que hoy está dispuesta a cubrir con su presupuesto?” se preguntaba ayer Nadín Argañaraz, titular del Ieeral, brazo académico de la Fundación Mediterránea, durante el seminario que organizó en Córdoba para analizar el tema. Abelardo Nikitz, el radical que gobierna el Chaco, también cree advertir “una trampa” en el borrador de acuerdo que propone Néstor Kirchner: si este año se eliminara el impuesto al cheque, según advierte, la recaudación del 2004 tomada como piso futuro podría ser magra.
Más contundente fue el rechazo expresado por el ministro de Economía bonaerense, Gerardo Otero, quien juzgó “inaceptable” el paper oficial, por la falta de criterios “racionales” para distribuir los recursos. Angel Elettore, el ministro de Economía del cordobés José Manuel de la Sota tampoco parece seducido, entre otras razones, porque no hay ninguna garantía de que las provincias recibirán regularmente los auxilios para cubrir los déficit previsionales, bálsamo que a juicio de los gobernadores hoy la Nación prodiga de forma errática o tardía.
Según el cronograma comprometido con el FMI, ese acuerdo-marco debería ser avalado al menos por un puñado de gobernadores mañana. Sobre esa base, antes del 31 de mayo debería estar redactado el proyecto de ley, que debería sancionarse antes del 31 de agosto. De allí a fin de año, las Legislaturas provinciales tendrán la misión de ratificarlo.