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“(Jorge) Bergés, (Miguel Osvaldo) Etchecolatz ya están condenados, por represores, por genocidas.” La inscripción, en la remera de una de las asistentes al juicio por la apropiación de la hija de los desaparecidos uruguayos Aída Sanz y Eduardo Gallo, se pudo ver apenas el presidente del Tribunal Oral Federal número uno de La Plata anunció que el ex director de Investigaciones de la Policía Bonaerense y el ex médico debían cumplir la pena de siete años de prisión. “Si bien es menos de lo que esperábamos, es importante que el tribunal decidió que se sigan investigando otros delitos y, sobre todo, que se llegó a una condena”, evaluó María Ester Alonso, abogada de las Abuelas de Plaza de Mayo.
Bergés y Etchecolatz se convirtieron en los primeros represores condenados por la supresión de identidad de una hija de desaparecidos sin haber sido los apropiadores directos. Bergés, ex médico de la Policía Bonaerense, firmó el acta falsa de nacimiento y personalmente entregó la beba a un matrimonio de civiles que la crió. Etchecolatz, como director de Investigaciones de esa fuerza de seguridad, fue responsable de los delitos que se cometieron en todos los centros clandestinos de detención que funcionaron en las brigadas de la provincia de Buenos Aires, como el Pozo de Banfield, donde dio a luz Aída Sanz.
Mientras el presidente del tribunal anunciaba la sentencia, la Madre de Plaza de Mayo Adelina de Alaye se puso su pañuelo blanco en la cabeza, se levantó y se retiró de la sala. Cuando el juez terminó la lectura, una sobreviviente de los campos de Ramón Camps y Etchecolatz se quitó el saco y dejó ver en su remera la inscripción contra los represores. Enseguida gritó: “30 mil compañeros desaparecidos presentes” y fue acompañada por gran parte del público que presenciaba la audiencia.
El fallo del tribunal que integran Carlos Rozanski, Ana Aparicio y Nelson Jarazo, implicó también la culminación del primer proceso penal que se realizó en La Plata contra represores de la última dictadura. La Cámara Federal de esa ciudad lleva adelante el Juicio por la Verdad pero, a pesar de ser una zona particularmente diezmada por la represión ilegal (se calcula que son dos mil los desaparecidos) los jueces platenses nunca habían condenado a militares o a policías por violaciones a los derechos humanos.
Aída Sanz fue secuestrada, embarazada de nueve meses, el 23 de diciembre de 1977. Cuatro días después, en el Pozo de Banfield, nació su hija, a la que llamó Carmen. El parto fue prácticamente provocado por las torturas y la niña, que creció con el nombre de María de las Mercedes, fue entregada casi inmediatamente por Bergés a un matrimonio ajeno a las Fuerzas Armadas. La joven recuperó su identidad hace tres años y fue una de las testigos del juicio que terminó ayer. “La historia es fuerte, sobre todo por lo que pasaron (sus padres), pero tuve alivio y supe que no me habían abandonado”, dijo cuando le preguntaron qué había sentido al enterarse de su historia. A lo largo del juicio también se escucharon los testimonios de los sobrevivientes de los campos de concentración; de la directora del Banco Genético, Ana María Di Lonardo; de la presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela Carlotto; del abogado Alberto Pedroncini y de Clara Petrakos, una joven que convenció a Carmen de realizarse los análisis de ADN porque sospechaba que podía ser su hermana.
Bergés y Etchecolatz escucharon su condena callados y serios en un costado de la sala. Horas antes habían tenido oportunidad de hacer uso de sus “últimas palabras”. Al igual que en cada oportunidad que se dirigió a los jueces en las otras tres jornadas del proceso, el ex director de Investigaciones de la Bonaerense utilizó su tiempo para reivindicar los crímenes de la última dictadura.
Bergés, cuya remera blanca y holgada contrastaba con el prolijo traje de su ex superior, habló desde su silla de ruedas. Se limitó a asegurar que fue juzgado en 1986 y que había sido absuelto por estos hechos. En realidad, ambos fueron condenados ese año, pero recuperaron su libertad gracias a la Ley de Obediencia Debida.
La decisión de considerar a Bergés y Etchecolatz como responsables “mediatos” de la supresión de identidad de la hija de Aída Sanz se tomó por mayoría. Aunque los fundamentos se conocerán la semana próxima, fuentes judiciales aseguraron que Jarazo se habría inclinado por señalar que el hecho estaba prescripto. En cambio, el tribunal rechazó por unanimidad el planteo de Bergés para que se considere nulo el análisis genético que estableció que María de las Mercedes Fernández era en realidad Carmen Gallo Sanz y resolvió restituirle la identidad a la joven. Tampoco tuvo en cuenta el pedido que habían hecho las Abuelas de Plaza de Mayo y la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH) de La Plata para que los represores también sean condenados por el delito de retención y ocultamiento de un menor. Los jueces decidieron que esos hechos –que de haberse incluidos hubiesen permitido que el castigo fuese más duro– debían ser investigados en primera instancia. La secretaria jurídica de la APDH de La Plata, Marta Vedio, aseguró que el fallo era “escaso”, pero lo consideró “un precedente importante”.
Etchecolatz y Bergés, que fueron arrestados por este caso en abril de 2001, podrían reclamar salidas transitorias a partir de diciembre de este año. Pero el ex comisario seguirá preso en su casa de Mar del Plata por mucho tiempo más, ya que está procesado en otra causa. Bergés, por ahora, sólo cumplirá su condena por este hecho, pero hay varias denuncias en curso en su contra que podrían sumarle años de cárcel.