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Primera pregunta: si se acepta que es mejor llegar a un acuerdo con los acreedores y salir del default que no hacerlo, ¿era necesario a ese fin flexibilizar la oferta como se ha hecho, según surge de los incompletos anuncios de ayer? Nadie que no haya participado de la negociación puede saberlo, y quizá ni siquiera los propios negociadores. Pero está claro que ellos lo consideraron imprescindible, o al menos habría que suponerlo. Cuando por la Argentina negociaban Domingo Cavallo y Daniel Marx, la sensación era que el país no estaba bien representado ni sus intereses bien defendidos, y los resultados lo corroboraron. Cada cual sabrá cuánto confía ahora en Roberto Lavagna y Guillermo Nielsen, pero la impresión general es que entre los respectivos jefes, Carlos Menem y Néstor Kirchner, existe una sensible diferencia (¿se diría que de patriotismo u honestidad a secar?) a favor del último, aunque el balance sea rigurosamente provisorio. De hecho, un indicio interesante es que al día de ayer la cotización de los papeles argentinos superaba la que surgiría de la oferta que se presentará, lo cual sugiere que no es ésta una propuesta blanda, y que por ende viene una etapa en la que los tenedores de los bonos defolteados movilizarán toda su capacidad de presión sobre el país.
La segunda cuestión es si los supuestos planteados de crecimiento económico y superávit fiscal primario son realistas. Quien se guíe por la performance argentina de los últimos treinta años se asustará, porque cualquier promesa hacia futuro suena delirante si se la contrasta con ese desempeño desastroso. Pero es ese desempeño y no otro el que tuvo este país, y no el de estos dos últimos años, de alto crecimiento y creciente superávit primario, rebote (no por esto carente de mérito) tras una caída al abismo. La prédica de quienes, fuera y dentro del país, han venido reclamando un mayor ajuste fiscal generaron la impresión de que un superávit presupuestario como el comprometido es un objetivo modesto, fácilmente alcanzable. La verdad es muy diferente. Pero, tanto respecto del crecimiento como del saldo fiscal, si la Argentina no supera ampliamente sus marcas históricas no tiene salida. Esto no se logrará, por supuesto, con solo dibujar metas, sino modificando profundamente el comportamiento de esta economía. Esta es sí una meta difícil.
No puede cuestionarse seriamente que salir del default sea un objetivo deseable, y que la normalización traerá beneficios, en términos de inversiones, que favorecerán a todos, incluidos quienes se oponen al pago de la deuda. Partiendo de esa base, lo que siempre puede discutirse –y vale la pena hacerlo– es si el precio que se pagará por el arreglo es o no excesivo. En este sentido, hay aún demasiados puntos oscuros como para realizar una evaluación precisa. Por ejemplo, en base a la información distribuida (dadas las restricciones que impone la SEC, comisión de valores estadounidense, que exige una previa registración de la oferta) no se sabe cuál será el superávit fiscal primario que se asume. Se menciona un 2,7 por ciento del Producto en relación con el fisco nacional, pero si las provincias alcanzasen un excedente de 0,6 por ciento, se llegaría a un total de 3,3. Este superaría el compromiso político de no exceder los tres puntos. Pero fuentes de Economía señalaron anoche a Página/12 que no se desbordará ese nivel. ¿Será así efectivamente?
En otro orden, para calcular el valor actual de la corriente de pagos que promete la oferta se utilizó una tasa de descuento del 10 por ciento, inferior en unos dos puntos a la que normalmente emplea el mercado para la Argentina, considerando cuál es el rendimiento que está dando un bono que esté en regla. Ahora bien: cuanto menor es la tasa de descuento aplicada en el cálculo, mayor el valor presente resultante, y menor por ende la quita. Es posible que este número no convenza en principio a los acreedores, pero pueda convencerlos si los títulos subieran –y por consiguiente disminuyera su rendimiento o retorno– por alguna razón extravagante, que los gurúes explicarán a posteriori.
Otro elemento clave será, como se sabe, la evolución del tipo de cambio real. En otras palabras, cuánto más barato o caro resultará el dólar (y otras divisas) en adelante, de lo cual nadie puede estar hoy demasiado seguro. La idea dominante era que el peso se iría apreciando gradualmente por la presión de una oferta excedentaria de dólares en el mercado cambiario, si bien, por otro lado, se sabía que Economía haría lo posible por sostener la cotización del dólar como premio a la exportación y espacio para seguir recaudando retenciones, además de señal de largo plazo a los inversores. ¿Hasta dónde acompañaría ese propósito el Banco Central con suficiente emisión de pesos para comprar dólares? Sin embargo, la caída del real altera el cuadro y fuerza cierta depreciación del peso, alternativa que no entraba en ningún escenario. Esto, en la medida en que perdure, y aún más si se agrava, elevará el costo fiscal de atender la deuda y empequeñecerá el PIB medido en dólares. Como se ve, muchas variables en juego y demasiadas incógnitas como para extraer conclusiones terminantes.
José Luis Machinea, hoy secretario general de la Cepal, declaró pocos días atrás que un quita de entre 60 y 70 por ciento sería adecuada, palabras que coincidieron con las apetencias del establishment financiero. Es el mismo número que defendía Miguel Angel Broda meses atrás. Este es el hostil encuadre de intereses y presiones que enfrentan los negociadores argentinos, y dentro del cual deben alcanzar los mejores términos posibles.