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El Gobierno promulgó ayer el decreto que admite la dolarización de las tarifas aeroporturarias para vuelos internacionales, tanto las que cobra el concesionario privado como las que recauda el Estado. Si bien la medida tiene fundamentos razonables, no puede dejar de verse como una prerrogativa especial para Aeropuertos Argentina 2000 que, a diferencia de las otras empresas privatizadas, resultó favorecida por la devaluación. Esa ventaja relativa resulta singular en el marco de la belicosa relación que la empresa de Eduardo Eurnekian mantiene con el Estado, que optó por reclamarle judicialmente los 350 millones de pesos por el canon adeudado.
El mismo decreto 577 de 2002, que admite el cobro de tasas en dólares o en pesos al tipo de cambio libre, ratifica expresamente que el contrato de concesión se encuentra en plena renegociación a los efectos de readecuar la ecuación contractual, aunque sin aclarar en base a qué parámetros. Por el momento, sin embargo, ni Aeropuertos ni el Correo –justamente las dos empresas que tienen multimillonarios reclamos cruzados con el Estado– no fueron formalmente convocadas por la comisión de Economía encargada de esa revisión contractual.
Los funcionarios que participaron de la génesis del decreto aluden al hecho cierto de que en cualquier país del mundo las tasas para vuelos internacionales están estandarizadas en dólares y no hay argumento para que Argentina cobre tanto a los viajeros como a las aerolíneas en la moneda local. Pero los considerandos del decreto añaden como creíble argumento la necesidad de reforzar la recaudación.
Por deficiencias imputables a la Fuerza Aérea, las estaciones aéreas locales están a punto de ser rebajadas de categoría por un organismo fiscalizador de los Estados Unidos. Las debilidades del sistema de control aéreo son, en gran medida, consecuencia de la falta de recursos para capacitar personal y renovar equipamiento. Ahora, en virtud del 577, la aeronáutica, Migraciones y la Aduana podrán triplicar gran parte de sus ingresos aeroportuarios e intentar salvar esas fallas.
De ahora en más el viajero internacional pagará 30,5 dólares por los siguiente conceptos: 18 por uso de estación, que cobra AA2000; 2,5 de seguridad, que cobra Fuerza Aérea; 7 para Migraciones y 3 de Aduana. Según el concesionario, la nueva norma impedirá que las aerolíneas continúen con la transgresión que estarían cometiendo desde que se devaluó. Al vender los pasajes, las compañías aéreas recaudarían esas tasas en dólares (o en su equivalente en moneda local) pero luego las rinden en pesos.
Con la emergencia económica, todos los cuadros tarifarios fueron pesificados y quedaron sujetos a una revisión de cada contrato, que debería servir para ajustar los valores de los servicios públicos privatizados a la economía posconvertibilidad. Lo cierto es que las tasas aeroportuarias se constituyeron ahora en los primeros valores que siguen al dólar libre, lo que traza una divisoria entre las adjudicatarias y puede estimular una mayor presión de otras empresas concesionarias para conseguir idéntico permiso.
Según el presidente de Aeropuertos, Ernesto Gutiérrez, el contrato original simplemente “no existe” y, por consiguiente, tampoco la obligación de pagar el canon anual de 171 millones de pesos, que una resolución del ente regulador definió tiempo atrás como “pagadero en dólares”. Pero Orlando Caporal, titular del Organo Regulador del Sistema Nacional de Aeropuertos, ayer precisó ante la comisión de Transporte de Diputados que el Estado ya inició una demanda judicial por los 350.720.658 pesos (¿por qué no dólares?) de aquella contribución impaga a través de una denuncia radicada en el juzgado de Susana Córdoba. El mismo funcionario confirmó que el grupo concesionario cumplió sólo con el 8 por ciento de las inversiones programadas originalmente, que para el primer trienio debían superar los 500 millones de pesos. “¿Cómo puede ser que con ingresos anuales de 250 millones de pesos, el adjudicatario no haya podido pagar el canon, hacer las inversiones y amenace con entrar en default por 5 millones de dólares?”, se pregunta la diputada de Frente para el Cambio, Alicia Castro, para quien el Estado debería rescindir el vulnerado contrato de concesión.
Días atrás, la empresa amenazaba con entrar en default y no pagar una cuota de intereses por una obligación negociable por 150 millones de dólares que colocó a través de la Unión de Bancos Suizos. Fue sólo un amague para que el gobierno le admita con la mayor celeridad posible pulir su negocio, amenazado por la baja del tráfico aéreo que provoca la recesión. Para esto, la partida más fuerte aún no se jugó: AA2000 pretende resarcimientos estatales por más de 200 millones y, a lo sumo, admitiría pagar un canon móvil, adaptado a sus ingresos.