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No debe ser fácil para el Gobierno decidir qué hacer con el Fondo Monetario Internacional. Le advierten que seguir atado al chantaje que plantea ese organismo significará un destino de fracaso. Recibe también la advertencia sobre que el mejor camino es tener los pies dentro del plato para no afectar el proceso de recuperación económica. Elige, entonces, transitar ese estrecho desfiladero que consiste en poner cara de poker en la negociación, que para ciertos gurkas de la city equivale a una herejía, mientras avanza en cumplir las exigencias del Fondo, por caso la controvertida Ley de Responsabilidad Fiscal. Esa estrategia, sin embargo, puede impactar en una etapa inicial, como lograr un acuerdo con el compromiso de un extraordinario excedente fiscal en lugar de uno exagerado, pero va perdiendo efectividad a medida que se van conociendo las mañas de los personajes de ese culebrón. La debilidad de andar a dos aguas, aunque más inclinado hacia la orilla tradicional, reside en que el Fondo, el G-7 y sus voceros locales, sólo admiten fidelidad absoluta. O sumisión, según cómo quiera interpretarse ese reclamo. No dan espacios ni para aceptar un discurso rebelde con una política que no se escapa mucho de lo que ellos postulan.
Roberto Lavagna publicita que sobrecumple las metas fiscales y monetaria con el Fondo, como si eso fuera una virtud. ¿Virtud para quién? Mientras, el directorio de esa burocracia de Washington posterga la aprobación de la tercera revisión del acuerdo. Argumentan que el Plan Buenos Aires no es suficiente para salir del default, aunque esa propuesta reconoce los intereses devengados desde el momento de la cesación de pagos y triplica los pagos por intereses. Se quejan de que no se definieron nuevos contratos con las privatizadas, pese a que en algunos ya se les reconoció aumento de tarifas, como en gas y electricidad, y en otros no se les quitó la concesión con motivos más que suficientes, como el caso de Aguas Argentinas. Protestan porque no se avanzó en la aprobación de una nueva Coparticipación Federal de Impuestos, sin embargo el Gobierno ya fijó fecha (4 de agosto) para tratar en el Congreso la Ley de Responsabilidad Fiscal, iniciativa que resulta funcional a la concepción fiscalista del ajuste del Fondo.
La cuestión pasa, entonces, por entender cuál es la estrategia de negociación del FMI. Esta consiste en alterar permanentemente los límites del campo de juego corriendo el arco de la negociación. No tiene mucha utilidad, por lo tanto, ir recorriendo las capitales de las principales potencias económicas mostrando que Argentina ahora es un alumno modelo, con un crecimiento que sorprende a propios y extraños con, además, orden fiscal y monetario, con el objetivo de recibir la misericordia de los poderosos. Eso ya se hizo y poco le importa al FMI a la hora de presionar por el destino de millones de dólares, para acreedores defolteados y privatizadas.
Esa costumbre del Fondo de prolongar la estadía de las misiones, de extender los plazos para la aprobación de una revisión o la de incorporar nuevas exigencias tiene una explicación. La experiencia de los ‘90, que tantas veces es mencionada por Kirchner y Lavagna, dejó también enseñanzas respecto al vínculo de Argentina con ese organismo especializado en fracasos. Una de ellas revela que la fijación de metas ambiciosas, que como tal no pueden ser satisfechas, concluyen en incumplimientos. En esta oportunidad, un apretado cronograma de aprobación de leyes y definición de contratos con las privatizadas. La solicitud de dispensas (waiver) para extender el acuerdo, proceso acompañado por la histeria de los mercados y sermones de economistas de la city, coloca al país en una situación de debilidad y subordinación.
Así, el incumplimiento de metas, en este caso objetivos cualitativos y no cuantitativos, se ha convertido en el arma más efectiva del Fondo para ir imponiendo objetivos cada vez más exigentes, definiendo un mecanismo de sometimiento que se va realimentando. Imponen de ese modo condiciones a favor de los intereses de los acreedores y avanzan sobre la soberanía de la Nación.
Existe, en general, en los despachos del Gobierno la idea de que si se satisfacen pedidos que bajan del FMI se logra descomprimir la situación. Y por esa vía se puede continuar impulsando una política de desarrollo. La trampa se encuentra en que a medida que se van cumpliendo con esos reclamos, se debilita la posibilidad de que la economía pueda ingresar en un sendero de crecimiento sostenido. Siempre aparece, además, el fantasma del precipicio, que Domingo Cavallo tan bien utilizó en sus dos gestiones al frente del Palacio de Hacienda, para asustar a legisladores. Se presenta una ley, que pide el FMI, como el mal menor ante un objetivo mayor, que en la década del ‘90 era tener acceso al financiamiento internacional que permitiera mantener la convertibilidad. Ahora, es la Ley de Responsabilidad Fiscal que resulta clave para sensibilizar las almas de los directores del FMI, lo que requiere la disciplina de la tropa propia de legisladores y gobernadores. Para convencerlos se remarca que esa iniciativa está subordinada a la batalla principal, que es la negociación de la deuda en default. Una y otra pelea pueda que no estén vinculadas en el cortísimo plazo, pero en el mediano sí lo están.
Esa ley, que ya tiene media sanción en el Senado y espera su tratamiento en Diputados, limita la libertad de la política fiscal atando el crecimiento del gasto a la evolución del Producto. Hay que tener en cuenta que el nivel del gasto público nacional y de las provincias, pese a los cacareos de los economistas-astrólogos de la city, están en niveles bajos comparados con países vecinos y mucho más en relación con naciones desarrolladas. Fijar un cepo al gasto público, que explica el exagerado superávit fiscal que registra en estos momentos las cuentas públicas, se propone en un contexto de pésima distribución del ingreso. Corolario: aprobada la Responsabilidad Fiscal, los excedentes por encima del aumento del Producto serán asignados para atender los compromisos de la deuda y no para aplicarlos al gasto corriente primario, como salud, educación o asistencia social. Todo tiene que ver con todo cuando se trata del FMI. Y ese todo es uno solo: pagar más de la deuda.
Lavagna criticó las políticas económicas pasadas realizando el siguiente balance: “Desde enero del ‘83 hasta ahora pasaron 258 meses, de los cuales Argentina estuvo 215 meses con programa del FMI”. ¡Y así nos fue!, bastaría que dijera, aunque quedó implícito. Siguiendo ese preciso conteo del ministro, ¿cuántos meses más el país continuará con los programas del FMI?, porque se corre el riesgo de que nos vaya como nos fue.