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La aprobación de la tercera revisión del acuerdo con Argentina se podría hacer rápido, despacio o no hacerse. “Se va a hacer, pero despacio”. Este es el diagnóstico del equipo económico frente a la demora del directorio del FMI en dar por superada la auditoría. Se suponía que en los primeros días de este mes las autoridades políticas del organismo debían dictaminar si el Gobierno había cumplido o no con las metas previstas para el segundo trimestre. Pero en lugar de eso, posterga una definición, lo que genera un clima de tensión que es aprovechado por acreedores y empresas privatizadas para redoblar la presión en favor de sus intereses. Cerca de Roberto Lavagna dijeron a Página/12 que están preparados para soportar esta situación hasta septiembre, pues empiezan a resignarse a que los directores del Fondo se vayan de vacaciones en agosto sin haber resuelto la cuestión.
El ministro de Economía confesó anteanoche su sospecha de que la voz de los acreedores está teniendo “más peso que hace algunos meses” en los gobiernos de algunos países centrales, como Estados Unidos e Italia. Una fuente del Palacio de Hacienda relató a este diario la interpretación en esa cartera del momento actual: “Los acreedores y las privatizadas tienen fuerza para presionar mientras el Fondo no apruebe la revisión. Una vez que lo haga, su posición quedará debilitada y nosotros avanzaremos con el proceso de reestructuración de la deuda”. La posibilidad de que el FMI considere incumplida la tercera revisión, con lo cual se caería el acuerdo, es prácticamente descartada por los hombres de Lavagna.
“Ellos tienen más para perder que nosotros. Bajarle el pulgar a un país que está creciendo al 8 por ciento anual, que tiene un superávit fiscal record, que está haciendo un esfuerzo importante para salir del default y donde existe consenso para no pagar más, sólo agrandaría su desprestigio”, opinó la fuente.
A diferencia de otros momentos políticos, como cuando Domingo Cavallo postuló el déficit cero, a nivel interno son mayoría los que opinan que la oferta a los bonistas es suficiente. El presidente del Banco Central, Alfonso Prat Gay, ex economista jefe del JP Morgan y por eso confiable para el establishment financiero, sentenció esta semana que aumentar el superávit fiscal más allá del equivalente a 3 puntos del PIB ahogaría la economía. Es decir, avaló la propuesta oficial de reestructuración de la deuda. Las principales cámaras empresarias también apoyan el plan de Lavagna, porque saben que si hubiera que pagar más aumentarían los impuestos.
El ministro del Interior, Aníbal Fernández, fue ayer el encargado de transmitir la visión oficial sobre la relación con el FMI. “Estoy convencido de que vamos hacia la aprobación (de las metas), sin ningún tipo de dudas”, manifestó. “Argentina cumplió con buena parte de lo propuesto” en el acuerdo y dará “parte” de los compromisos atrasados. Los incumplimientos pasan por la falta de acuerdo con las provincias para una nueva ley de coparticipación, la demora en la selección de las consultoras que harán una auditoría a los bancos Nación y Provincia y que todavía no están listas las renegociaciones de contratos con las privatizadas. Este último punto es central para el FMI, con los países del Grupo de los Siete actuando como lobbistas de sus empresas.
El problema más grave para el Gobierno del diferimiento hasta septiembre de la aprobación de las metas es que el país seguirá haciendo pagos sin recibir los desembolsos correspondientes. En agosto vencen 140 millones de dólares con el FMI, que se suman a otros 140 millones que se pagaron a mediados de este mes. A eso hay que agregarles 609 millones que el Fondo no reintegró desde septiembre del año pasado, 145 millones que tampoco giró el BID y 114 millones de mora del Banco Mundial.
El convenio con el FMI establece que los organismos refinancian los vencimientos de capital. Pero el mecanismo impuesto por Washingtonestablece que Argentina primero pague y los organismos después le devuelvan el dinero. Como se ve, algo falló, porque los tres están atrasados en los reintegros. Si se mantuviera esta situación hasta el 20 de septiembre, cuando vencen 580 millones con el FMI, entonces sí el Gobierno podría optar por no pagar más.