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El ministro de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos quiso ingresar ayer a un círculo que hasta ahora era unipersonal e integraba solo Roberto Lavagna: el de los que critican áreas del Gobierno que no son los propios y de todos modos siguen en funciones. Gustavo Beliz dijo sobre la Secretaría de Inteligencia del Estado que “hay algo que está fallando en la información, pues es un organismo con recursos millonarios que tiene que dar una respuesta adecuada”. El jefe de la SIDE es el ex vicegobernador de Santa Cruz (con Néstor Kirchner de gobernador) Héctor Icazuriaga, uno de los funcionarios de mayor confianza del Presidente.
Beliz hizo declaraciones muy temprano con Alfredo Leuco. Utilizó el estilo al que recurre para evitar la confrontación directa. Hizo declaraciones fuertes pero sin nombres apellidos y de aspecto conceptual, aunque cada destinatario fuese muy claro. El estilo, en su historia política personal, suele ser la antesala de los portazos. Así fue que terminó yéndose del gobierno de Carlos Menem mediante la denuncia de que se trataba de “un nido de víboras” y años después rompió con Domingo Cavallo descubriendo, tras ser su aliado, que el ex ministro de Economía era “un bulímico del poder”.
La especulación ayer, en medios políticos y del propio Gobierno, era si Beliz había decidido el portazo o estaba aumentando el costo de un eventual relevo por parte del Presidente.
Si un posible relevo se produjera por los errores de Beliz en materia de seguridad, el costo caería más en el actual ministro que en el resto del Ejecutivo.
Si un reemplazo quedara estampado en la opinión pública como el despido del funcionario más probo y transparente del Gobierno, y el más duro contra todo tipo de mafia, el costo para el Ejecutivo sería mayor y disminuiría el del ministro.
Beliz parece haber calculado un escenario como ése. Ayer dijo una frase que conviene transcribir textualmente porque se parece mucho a un mensaje: “Si usted me pregunta si hay sectores mafiosos de la policía, sectores mafiosos de los servicios de inteligencia, sectores incluso mafiosos que tienen ramificaciones con el Poder Judicial que pueden buscar un desplazamiento, yo creo que evidentemente eso no es una novedad. Nosotros venimos batallando contra esos sectores mafiosos, venimos planteando una clara política de búsqueda de la transparencia. En la Argentina hay mucha hipocresía. Tienen ramificaciones en los medios de comunicación social, en el Poder Judicial, en ámbitos donde son muy difíciles de remover en términos de una gestión aislada o autónoma de lo que es una gestión ministerial”.
La crítica de Beliz a la SIDE se parece mucho a los cuestionamientos de Lavagna al ministro Julio De Vido sobre la crisis energética o las tarifas o las críticas –de tono más abstracto pero muy fuertes, porque fueron dichas al diario The Financial Times–, sobre las fallas en la aplicación de Justicia. Lavagna basa sus pequeños o grandes desafíos a Kirchner, que aborrece la crítica pública de un ministro a otro, en la percepción de que tiene una parte de poder propio por sus relaciones con el sistema político tradicional, duhaldismo incluido, y sobre todo por su nivel de popularidad basada en el fin de la recesión y el comienzo de un ciclo de fuerte crecimiento.
La semejanza es que Beliz forma parte de una coalición implícita tejida por Kirchner, que incluye en su gobierno sectores de centroderecha. (Hasta ayer también abarcaba una franja de derecha franca o ultraderecha, pero la inminente salida de Norberto Quantín, José María Campagnoli y el carapintada Antonio Zarabozo cambiará las cosas.) La diferencia es que Lavagna opera la economía y tiene mayor peso político personal, y Beliz cada vez es ministro de menos cosas. El título de la cartera dice Justicia, Seguridad y Derechos Humanos. En Derechos Humanos, Eduardo Luis Duhalde tiene juego propio frente a Kirchner. En Seguridad es fácilpredecir que sea quien sea el que reemplace a Quantín, tendrá línea directa con el Presidente.
El último dato quedó probado en la última semana. Beliz dijo ayer que la presunta falta de información previa por parte de la SIDE, que según el Ejecutivo no es cierta porque un parte temprano, determinó que no hubiera ningún tipo de operativo frente a la Legislatura el viernes 16. En rigor, la simple lectura de los diarios permitía prever que el nivel de polarización previa por el Código de Convivencia podría terminar en una protesta sin control. Y el jueves no fue él mismo quien relevó a Héctor Eduardo Prados cuando el todavía jefe de la Federal se negó a cumplir la orden presidencial de que la Guardia de Infantería no portase armas. Se limitó a transmitir la opinión de Prados y esperó que el Presidente le ordenase echarlo por desobediencia. Así fue que completó su proceso de separación del área de Seguridad. Y lo redondeó ayer al hablar del nuevo jefe de la Federal, Néstor Valleca, como un comentarista académico de cuestiones de seguridad. “No había un avance en términos de procesamiento o de involucramiento con pruebas concretas sobre el comisario mayor Valleca”, dijo en referencia a una causa judicial por represión en la Facultad de Derecho en 1998. Funcionarios del área presidencial dijeron en cambio a Página/12 que Valleca, en ese momento a cargo de la comisaría 19, ni siquiera está imputado por la Justicia, y que la causa abierta es por la represión salvaje desatada después por la Dirección de Orden Urbano, sin relación de dependencia con la comisaría. También subrayaron ayer que no integró el grupo de comisarios mayores que el 20 de diciembre del 2001 montaron la masacre de Plaza de Mayo. “En la Policía Federal, Valleca estaba enfrentado con esa línea”, dijo un alto funcionario que pidió reserva de su nombre.
Es cierto que el área de Seguridad puede ser fuente de desgaste y corrosión en los funcionarios, pero también que su pérdida supondrá la reducción del poder de Beliz. Un ejemplo es el sistema informativo computarizado montado en el Ministerio, que se alimenta con la estructura de Seguridad. Por un lado responde a la necesidad de concentrar información delictiva y poder cruzarla, y por otro representaba para Beliz una herramienta política de extraordinaria penetración. La clave era el despliegue de la Gendarmería en el Gran Buenos Aires, en operativos ideados por Zarabozo, colaborador del jefe de inteligencia de Aldo Rico en la Semana Santa de 1987, Enrique Venturino.