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Sin abandonar el tono crítico, el economista Alfredo Eric Calcagno es optimista. Considera que la Argentina está en una posición favorable para renegociar su deuda pública y, en el camino, oponerse a la injerencia del FMI en la política interna. Para ello sugiere la posibilidad de un “desligamiento”, que implicaría pagar, a su vencimiento, todo lo adeudado al organismo. A su juicio, la opción sería más barata que continuar la actual relación. Sin embargo, significaría también postergar los pagos de la parte de la deuda que está en default. Una situación que, evaluó, trasladaría el conflicto a los acreedores.
–¿Cuál es su evaluación de la actual estrategia de renegociación de la deuda pública?
–La deuda externa y las negociaciones con el FMI son un mal endémico en la vida argentina. Ahora entramos en una etapa de las negociaciones en la que es posible cambiar la situación porque se dan varias circunstancias favorables. Primero, existe la voluntad política de defender el interés nacional. La negociación de la deuda se está realizando en términos que eran impensables hace tres años. Segundo, estamos en una posición negociadora fuerte. En general, los gobiernos deudores firman cualquier cosa porque están con el agua al cuello y necesitan con urgencia los dólares del FMI para cubrir baches fiscales y de comercio exterior; mientras, el sector privado presiona y aplaude porque obtiene los dólares que necesita para evadir capitales. Por suerte ésa no es nuestra situación. No necesitamos que nos traigan dólares sino impedir que se lleven los que generamos nosotros.
–En la puja que usted describe, el resultado para la Argentina no parece haber sido muy positivo, ya que a partir del default, paradójicamente, el país se convirtió en exportador neto de capitales. ¿Cree que podrá revertirse en alguna medida esa tendencia?
–En teoría, existen cuatro posibilidades, que analizamos con Eric Calcagno en Le Monde Diplomatique de mayo pasado. La primera opción es la de pagar todo sin chistar y aceptar las condicionalidades que impone el FMI. En general se practicó hasta ahora y se cumplió al pie de la letra entre 1990 y el 2001. No sólo contrajimos deudas impagables para financiar evasión de capitales y gastos corrientes sino que cumplimos la política económica impuesta por el FMI con consecuencias desastrosas. Ahora, todo lo que ofrece el Fondo es refinanciar los vencimientos de capital.
–¿Cuál sería la segunda opción?
–La segunda posibilidad es la de negociar fuerte dentro de la actual situación. Es decir, no aceptar una quita menor de la deuda, ni el aumento del superávit fiscal ni las condicionalidades del FMI. Gran parte de esos objetivos ya se consiguieron al separar al FMI de la negociación con los bonistas, con la postergación del acuerdo para enero del 2005. Es inadmisible que el FMI actúe a la vez como acreedor y como extorsionador. Si en la próxima negociación el FMI insiste en sus pretensiones, quiere imponer condicionalidades y rompe las negociaciones, existen otras dos posibilidades: la de desligamiento y la de aplicación de una quita o default con el FMI.
–¿A qué se refiere exactamente con desligamiento?
–A no recibir más préstamos del Fondo, pagarle las cuotas a su vencimiento y no aceptar la menor intromisión, consejo u opinión sobre la política económica argentina.
–¿Patear el tablero?
–No significa patear el tablero, porque se trata de un procedimiento usual. Lo practicó el ministro Cavallo en septiembre de 1994. Por supuesto, no fue por nacionalismo sino por negocios: el FMI se opuso a las jubilaciones privadas por el tremendo déficit fiscal que generaban, y si continuaba bajo su supervisión no podía implantar ese nuevo régimen. Después, en marzo de 1995, durante la crisis del Tequila, imploró la ayuda del FMI y retornó al redil.
–¿Qué efectos provocaría el desligamiento?
–Veamos primero las ventajas. Significa olvidarse del FMI y recuperar la soberanía sobre la economía nacional; no afecta las relaciones con el Banco Mundial ni con el Banco Interamericano de Desarrollo. Cuando Tailandia se desligó del FMI, el primer ministro Thaksin Shinawatra proclamó la independencia económica del país. En los hechos, creo que con la postergación del acuerdo podríamos desligarnos del FMI hasta la próxima negociación, al costo de pagar la cuota que falta, correspondiente al 2004. Vayamos ahora a los inconvenientes. El principal es que es una solución cara. Implica que el FMI no refinanciará los vencimientos de capital, por lo que habrá que pagar capital e intereses a su vencimiento, lo cual significa 15.584 millones de dólares entre el 2004 y el 2008; es decir, un promedio de 3100 millones de dólares anuales durante cinco años. Para evaluar este costo debe considerarse también cuánto cuesta cumplir con lo que exige el FMI. Si el superávit primario se elevara al 4,25 por ciento del PIB, se estarían pagando 16 mil millones de pesos (5300 millones de dólares), en lugar de los 3600 millones de dólares que significa el 3 por ciento del PIB.
–Usted sostiene que desligarse, aun pagando los vencimientos con el Fondo, resultaría en definitiva más barato que continuar la dinámica actual.
–Sería más barato y, además, recuperaríamos la capacidad de manejar la economía. El FMI se quedaría pedaleando en el vacío con la suba de las tarifas públicas, el aumento de la rentabilidad de los bancos, la coparticipación y toda la retahíla de demandas propias de su fundamentalismo neoliberal y de la avidez del establishment local.
–Si un superávit del 3 por ciento del PIB son 3600 millones de dólares y si se pagan 3100 al Fondo, quedan sólo 500 millones para pagar al resto de los deudores.
–Evidentemente habría que postergar los pagos al resto de los bonistas, al menos hasta que se termine de pagar al FMI. Así también se trasladaría el conflicto a los acreedores. La idea es siempre no exceder el porcentaje del 3 por ciento del PIB. Pero aquí no termina la cuestión. En el tratamiento de la deuda externa se ha englobado al país en general, cuando en realidad la deuda fue contraída por un grupo de financistas y empresarios nacionales e internacionales para su propio beneficio y el de sus cuentas en el extranjero. Recordemos que en el 2001 se evadieron 16.700 millones de dólares, y en el 2002, 15.100 millones. Practicaron siempre el principio de privatizar los beneficios y socializar las pérdidas. Frente a esa pretensión injusta, creo que corresponde hacerle pagar al sector financiero. Los 15 mil millones de dólares que le debemos al FMI son en su mayor parte los que prestó para el blindaje; y el establishment los evadió. Son ellos quienes deben pagar.
–¿Cuál sería el camino para que la carga de la deuda recaiga sobre estos sectores?
–No imagino otro que instrumentar una reforma impositiva. Las evasiones cometidas eran legales, al menos en las formas. Si se implantara un impuesto a las ganancias financieras con una tasa del 30 por ciento, se generarían 5100 millones de pesos anuales; también se debería cobrar un impuesto a las ganancias de capital, que aquí no existe, pero que rige en Estados Unidos, Alemania, Suecia, Brasil y muchos otros países. Además, en el exterior existen bienes de residentes en la Argentina por 124 mil millones de dólares, estoy citando un cálculo del Ministerio de Economía, que están sujetos a impuestos en la Argentina; pero en su gran mayoría no se pagan. Sus dueños declaran en el país de destino que les corresponde pagar en la Argentina; y aquí no los declaran. El cobro de estos impuestos es posible porque se trata de bienes identificados en el país de destino y no existiría inconveniente en obtener esa nómina. Creo que no debemos equivocarnos. Esta no es una pugna entre los acreedores externos malos y los argentinos buenos. La verdad es que el 38 por ciento de esosacreedores reside en la Argentina. El enfrentamiento es entre el sector financiero-especulativo internacional y nacional contra el sector productivo nacional y contra el gasto público económico y social.
–¿No podría plantearse una quita también a los organismos?
–Esa es la cuarta posibilidad que cité al principio. Aplicar al FMI la misma quita que a los demás acreedores, o directamente declarar el default para después negociar. Desde el punto de vista jurídico, es defendible la tesis de que el FMI no es un acreedor privilegiado. No se lo considera así en los préstamos que recibieron los países más pobres, de acuerdo con un plan de alivio de la deuda (Plan HIPC) que también aplica quitas a los organismos financieros internacionales. En los hechos, el FMI no aceptará la quita y se entrará en una etapa de conflicto. En un caso semejante es fundamental una correcta evaluación de la capacidad de daño que tiene cada parte. Lo primero que ocurrirá será la interrupción de los préstamos de los organismos internacionales hacia la Argentina. En este momento, el saldo neto es adverso, pues estamos pagando más que lo que recibimos. La segunda amenaza es la interrupción de los préstamos e inversiones externos y, la verdad, en este momento no necesitamos préstamos externos, que suelen ser especulativos.
–Sin embargo, se argumenta que la ruptura con la comunidad financiera internacional provocaría un parate de la inversión.
–Es necesario desvirtuar el mito de las inversiones extranjeras directas. Se cree que la inversión en la Argentina es sobre todo externa. No es así. En los últimos diez años, sólo el 15 por ciento de la inversión total consistió en inversión externa; y ese porcentaje se vuelve casi ínfimo si se considera que los mayores montos se dirigieron a la compra de empresas ya instaladas (por ejemplo, con las privatizaciones). La realidad enseña que las inversiones extranjeras vienen cuando el país crece. Con las recesiones es difícil hacer buenos negocios; de modo que aplicar ajustes para que vengan inversiones es un contrasentido.
–Hasta ahora usted citó alternativas. ¿Por cuál se decidiría?
–En primer lugar hay que considerar la negociación de la deuda y las relaciones con el FMI como una parte importante de una política económica global. Si la estrategia económica se basa en la soberanía y unidad nacionales, en el desarrollo económico, en la expansión agrícola, en la reindustrialización, en el aumento del empleo y en la redistribución del ingreso, la política con respecto a la deuda externa y al FMI deberá ser coherente con esos objetivos. La elección de la mejor alternativa es una de las decisiones clave del Gobierno. Estamos así en el meollo del problema político nacional.