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“Una sociedad realmente libre no puede pretender seguir siéndolo si cualquiera de sus sectores puede intimidar y hasta dañar físicamente a sus jueces o a sus familiares cuando no esté de acuerdo con sus eventuales fallos, porque no hay sociedad libre si sus jueces no lo son para juzgar.” Con estas palabras, la Corte Suprema repudió la agresión sufrida por el ministro Juan Carlos Maqueda la semana pasada y protagonizada por ahorristas del grupo que lidera el cómico Nito Artaza.
La declaración fue firmada por Enrique Petracchi, Augusto Belluscio, Carlos Fayt, Antonio Boggiano y Eugenio Zaffaroni. Elena Highton no acompañó el pronunciamiento porque está de viaje y Maqueda no adhirió porque está mencionado en el texto. El cordobés agradeció a sus colegas el gesto que impulsó el presidente del tribunal. “Lo que pasa es que esto rebasó todos los límites, es un agravio a la Corte, nunca le pasó esto a un miembro de la Corte y menos a su mujer”, fue la respuesta que recibió. El texto que difundió el máximo tribunal señala que, “si la agresión verbal –oral o escrita– es repudiable, la agresión física resulta totalmente inadmisible en cualquier tipo de sistema, y mucho más en una democracia como la que venimos disfrutando desde hace dos décadas. En ella el disenso no puede expresarse a través de la barbarie y de la violencia criminales contra bienes y personas, porque el Estado de derecho no puede admitirlas”. Los ministros agregaron que “en una sociedad democrática los ciudadanos tienen a su disposición todos los canales para la expresión de sus diferencias y discusiones que les garantiza el estado de derecho, aunque para esto deban aceptar su sometimiento a la ley y a las instituciones que ellos mismos han avalado”.
Integrantes del tribunal señalaron a Página/12 que la declaración no debe interpretarse como una impugnación general a la protesta social, cuestión sobre la que la Corte tendrá que pronunciarse en el futuro. “Aquí se trata de que un juez y su mujer fueron agredidos físicamente.” Desde diciembre de 2001, la Corte Suprema fue blanco de numerosas protestas. Luis Ramírez, de la Asociación de Abogados Laboralistas, encabezó más de cien escraches contra los Supremos, que se hicieron en la puerta del Palacio de Tribunales y frente al domicilio de algunos de los entonces integrantes de la Corte, como Julio Nazareno o Eduardo Moliné O’Connor. “Jamás hubo agresiones físicas ni agresiones a bienes. Incluso en momentos en los que había mucha violencia en toda la sociedad”, señaló Ramírez.
Los miembros del grupo antipesificación que lidera Artaza tiene una estrategia diferente: intentan acceder al cuarto piso, donde se reúnen los ministros y llegaron a quemar tachos de basura dentro del palacio.
Después de que se conociera el fallo que avaló la pesificación de los depósitos bancarios, los ahorristas comenzaron a protestar en los domicilios de los jueces. Primero le tocó a Boggiano. El viernes pasado, al llegar al edificio donde vive Maqueda, los manifestantes se encontraron cara a cara con el juez y su mujer. Y las pintadas e insultos a distancia se convirtieron en un enfrentamiento físico.
Según relataron allegados al ministro, Maqueda estaba frente a un negocio, a unos metros de su casa, cuando se le acercó una mujer.
–¿Puedo hablar con usted? ¿Cómo le va? –le pregunto. El juez dijo que estaba bien y la señora replicó: “A mí me va mal”. Acto seguido, varios miembros del grupo –en total eran entre 40 y 50– lo tiraron contra la vidriera y comenzaron a pegarle en la cabeza con los carteles que habían llevado. La mujer de Maqueda se escabulló para avisarle a la policía y recibió una trompada que le quebró una costilla. Cuando llegaron los uniformados, hicieron un cordón entre el juez y los ahorristas. El episodio se extendió por más de veinte minutos, hasta que dos policías de civil escoltaron a Maqueda hasta la comisaría 15, a dos cuadras de su domicilio. El juez tuvo que hacer ese trayecto corriendo y llegó a la seccional en mal estado –presión alta, pulso alterado–, ya que hace menos de dos meses debió someterse a una angioplastia. Los médicos del SAME que lo revisaron ordenaron su internación. Por eso, el ministro pasó la noche en el sanatorio donde lo habían operado.
El hecho provocó la reacción de la Corte, que finalizó su comunicado advirtiendo que, “si bien el estado de derecho no limita las discusiones y los diferendos civilizados entre ciudadanos, debe establecerse una prohibición justa de ciertos actos y normar esas discusiones, que obviamente excluyen toda violencia y la agresión física, incompatibles con cualquier horizonte democrático, porque quiebran la continuidad del orden legal que exige disensos razonables como principio racional de convivencia”.