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“Aquí los evasores caminan por las calles, pero vamos por ellos”, amenazó el gobernador bonaerense, Felipe Solá, quien lejos de retroceder ante las críticas por la intención de allanar las cajas de seguridad de los morosos ratificó enfáticamente la medida. “No vamos a parar hasta recuperar para el Estado, para la educación, la salud, la justicia y la policía lo que es de ellos”, agregó. Néstor Kirchner estaba a su lado, en un acto en la localidad de San Martín. Cuando le tocó el turno al Presidente, sostuvo que “me parece bárbaro que paguen los que más tienen”. Fue un aval importante a la iniciativa del gobernador.
La atención ahora está puesta en la respuesta de los bancos. El propio Solá reconoció que la eficacia de la acción “dependerá de la respuesta” de las entidades financieras. Una versión ventilada por funcionarios cercanos al subsecretario de Ingresos Públicos, Santiago Montoya, indica que tres bancos privados y uno público ya aceptaron responder al requerimiento de la provincia de si tienen como clientes con cajas de seguridad a alguno de los 35.000 contribuyentes morosos investigados. Pero ninguna entidad se pronunció en forma oficial. Todas analizan la cuestión y más de una admitió ante este diario su preocupación por el tema, debido a que se encuentran ante una encrucijada: acatar un pedido con respaldo político para combatir la evasión o resguardar el derecho de confidencialidad de sus clientes.
Montoya confesó que la idea de allanar las cajas de seguridad surgió porque “con los mecanismos tradicionales (de fiscalización) conseguimos avanzar muy poco en la cobranza” de impuestos. Luego explicó que “una vez que empecemos a recibir información sobre las cajas podemos pedir al juez que dé la orden de aplicar embargos preventivos”. Antes de correr el riesgo, “alguna gente va a preferir pagar”, concluyó.
Fuentes de Tribunales consultadas por este diario indicaron que los jueces tienen la facultad de ordenar la apertura de una caja. Es un procedimiento habitual que se lleva a cabo, por ejemplo, en conflictos societarios. Pero los especialistas indicaron que el recurso se aplica al final de una investigación y no al comienzo. “Si Rentas tiene que probar que hay una simulación de insolvencia y ya cuenta con elementos para convencer al juez, éste puede disponer que se revise el contenido de una caja”, explicaron.
La medida, de todos modos, desató un debate entre juristas. El constitucionalista Eduardo Barcesat consideró que “no se puede amedrentar el contrato bancario” y recordó que “solamente un juez de la Nación puede autorizar la incautación y el secuestro de los bienes”. En la misma línea, Félix Loñ interpretó que “por más que haya interés por cobrar las deudas impositivas, esto viola el derecho de propiedad y la privacidad de las personas”. El catedrático destacó que “es una medida extrema e incompatible con los derechos esenciales de las personas”.
En cambio, el constitucionalista Daniel Sabsay se mostró a favor de la medida, ya que evaluó que “se puede (allanar las cajas) con una orden judicial y respetando la posibilidad de defensa”. “El secreto bancario –remarcó– debe ceder ante otros temas superiores.”
Solá también se involucró en el debate, en defensa de la iniciativa. “Tenemos 1000 millones de pesos de deuda de las 35.000 personas más ricas de la provincia”, afirmó y advirtió que “vamos por ellos, los vamos a enjuiciar y les vamos a cobrar los impuestos que son del pueblo”. Luego dijo que “en su admirada Europa, si no pagaran los impuestos, estarían presos, y acá caminan por la calle como si nada”. En el acto, Kirchner se dirigió a Solá y al titular de la fábrica de colectivos del grupo Cometrans, José García, quien estaba a un costado del escenario, y le dijo que el gobernador incluso debería controlar “al empresario, a ver si está pagando”. Ante la sorpresa de García, Kirchner añadió –con una sonrisa— que “debe estar pagando, sí, está pagando”.