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Roberto Lavagna y la banca extranjera se trabaron ayer en la discusión por el Plan Bonex 2002. Las entidades financieras se resisten a aportar garantías para los títulos que recibirán los ahorristas. El ministro de Economía les respondió que sin las garantías el proyecto será rechazado por el Congreso, por lo cual el problema seguirá sin solución. En una reunión tensa en el Palacio de Hacienda, adonde estuvieron presentes los máximos representantes de la Asociación de Bancos de la Argentina (ABA) y de la Asociación de Bancos Públicos y Privados de la República Argentina (Abappra), los funcionarios y los hombres del sistema financiero expusieron con dureza sus posiciones. Por la noche hubo otra reunión a nivel técnico, en la que tampoco se avanzó demasiado. Está en duda que el proyecto se defina en el transcurso de esta semana.
Otro punto que encolerizó a los banqueros fue el anuncio de Lavagna de que no habrá compensación para las entidades financieras por la eliminación del CER a los créditos hipotecarios para vivienda única, a los préstamos personales hasta 12 mil dólares y a los prendarios hasta 30 mil.
Manuel Sacerdote, presidente del BankBoston y titular de ABA, llegó a mencionar en su protesta que la medida “lesiona la propiedad privada” y que el decreto es “inconstitucional”. Uno de los puntos no aclarados en el decreto que suprimió el ajuste de los créditos por inflación era si habría compensación estatal a los bancos por la reducción de sus ingresos. Lavagna reveló esa incógnita. Les dijo a los banqueros que deberán absorber esa pérdida, ya que el Estado no cubrirá lo que dejen de pagar los endeudados.
Un tercer punto que inquieta a los banqueros es la apertura del corralito. Lavagna expuso ayer su idea para levantar las restricciones al retiro de efectivo de las cajas de ahorro y las cuentas corrientes. El plan consiste en elevar el tope de extracciones a 2000 mil pesos este mes, y ampliarlo en 1000 pesos mensuales hasta setiembre, cuando las cuentas a la vista quedarían totalmente liberadas. Si bien Economía y el Banco Central se comprometen a no dejar caer bancos, mediante la concesión de redescuentos, los dirigentes de ABA tienen alguna sospecha sobre si la promesa se concretará llegado el momento. La preocupación de las entidades que decidan permanecer en el país es que el Central restrinja la ayuda financiera y que, en tal caso, se vean forzadas a atender el retiro de depósitos con recursos propios, que deberían traer desde sus casas matrices en el exterior.
Lavagna elaboró su estrategia en base a cuatro puntos: la resolución del CER y del corralito, y conseguir la modificación de las leyes de Quiebras y Subversión Económica. El primer paso lo dio con el decreto que suprime el CER. Pero se le complicó el segundo. En sintonía con el Congreso, el ministro pretende que los bancos aporten garantías propias en respaldo de los bonos que recibirán los tenedores de plazos fijos reprogramados. La garantía que se reclama es el aporte del 30 por ciento de su cartera crediticia con categoría 1, es decir, de deudores en situación normal. Pero los banqueros pretenden restringir su participación en el Bonex a entregar al Estado los títulos públicos que obtuvieron en la Fase 1 del megacanje.
A la par de la discusión sobre las garantías, se da otra respecto a las características que tendrán los bonos que se entregarán a los ahorristas. En Economía se mencionaba anoche la posibilidad de que no haya un bono optativo -y, por supuesto, tampoco compulsivo- para los tenedores de cajas de ahorro y cuentas corrientes, dado que estos podrían recuperar todo su dinero en el transcurso de 120 días. También se analizaba un esquema de emisión de bonos con alguna variación al que se conoció en los últimos días. Habría un bono en dólares a 6 años para los plazos fijos reprogramados inferiores a 10 mil dólares, con tasa de interés Libo, dos años de gracia en la amortización del capital y liquidación de intereses semestral, y otro título igual, pero a 10 años, para los plazos fijos superiores a 10 mil dólares. Finalmente, se emitiría un bono en pesos acinco años para los plazos fijos en moneda nacional, con una tasa de interés del 3 por ciento más la indexación por el índice CER.