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La caída del salario real desde que se inició la devaluación fue mayor al 40 por ciento, superando incluso la retracción salarial producida durante la hiperinflación de 1989. El dato surge de una encuesta realizada por la Sociedad de Estudios Laborales (SEL) y es consecuencia directa de la falta de poder de negociación de los asalariados en un contexto de profunda recesión y elevado desempleo. En consecuencia, la totalidad de los aumentos de precios resultó absorbida por los trabajadores en relación de dependencia. En el corto plazo, la situación no mejorará. El estudio reveló que el 94 por ciento de las firmas no considera otorgar ningún tipo de recomposición salarial y que el 16 por ciento prevé incluso una baja de las remuneraciones en el corto plazo.
El nuevo contexto de evolución del salario muestra que sobre su valor efectivo influyeron tres factores: el aumento de los índices de precios, es decir la baja del poder adquisitivo del salario, el aumento de las horas trabajadas sin retribución –acompañado también por la reducción en horas extra, compensaciones y premios– y su disminución nominal en pesos.
El estudio del SEL muestra que la magnitud de la retracción del salario entre fines de diciembre y la última semana de abril, más del 40 por ciento, supera incluso a la baja registrada durante la hiperinflación de 1989. Entre los meses de abril y setiembre de aquel año, durante la caída de Raúl Alfonsín e ingreso anticipado de Carlos Menem al gobierno, los precios al consumidor aumentaron el 1600 por ciento, pero los ajustes salariales determinaron que la baja del poder adquisitivo sólo sea del 34 por ciento.
Ernesto Kritz, director de la SEL, señaló a este diario que “la gran diferencia” con aquel período se encuentra en que “el poder de negociación de los asalariados es hoy radicalmente distinto”. Durante la hiperinflación el desempleo era del 7 por ciento, menos de un tercio del actualmente reconocido. Y además, el nivel de actividad estaba lejos de la recesión actual. Ambos factores permitieron entonces una recomposición promedio del salario nominal del 1036 por ciento. En cambio hoy, “con un 23 por ciento de desocupación y una caída del nivel de actividad de más del 12 por ciento”, el margen de maniobra para negociar recomposiciones aparece como prácticamente nulo.
El informe señala que a la caída del salario real del primer cuatrimestre se suman “las reducciones nominales dispuestas en el último año”. Estos recortes alcanzaron un promedio del 15 por ciento y fueron realizadas por el 29 por ciento de las empresas. Si se proyectan estas podas al conjunto del empleo privado, el efecto sobre los salarios medios del sector fue de poco menos del 5 por ciento.
No obstante, la reducción de los ingresos de los trabajadores fue mucho mayor a la formalmente registrada en términos de salarios nominales. Las principales podas fueron a través de “la reducción o supresión de horas extras en el 86 por ciento de las empresas, de las bonificaciones en el 49 por ciento y de los premios en el 48 por ciento”. Estos guarismos, además, no incluyen “el achicamiento de las dotaciones”, asegura la SEL.
El fenómeno registrado pone en evidencia tanto el aumento de la desocupación como el deterioro de las condiciones de trabajo para quienes consiguieron conservarlo. Si bien el fenómeno refleja por un lado la disminución de la tasa de rentabilidad de algunas empresas y la virtual desaparición del capital de trabajo, también prefigura para las firmas que pasen el cimbronazo un modelo de explotación laboral burdo incluso en términos de la economía clásica, el del aumento de la plusvalía absoluta. Este fenómeno también se refleja en los modos de proceder de las empresas a la hora de negociar con los trabajadores tanto ajustes salariales como cambios en las condiciones laborales.
El informe de SEL muestra que “en un 65 por ciento de los casos” los ajustes se negocian directamente con los trabajadores, “sin intervencióndel sindicato”. En tanto, otro 14 por ciento de los cambios directamente no se negocian, sino que son impuestos unilateralmente por las empresas.
Frente a un panorama de desocupación creciente y de continuidad de la recesión, los trabajadores antes que arriesgarse a perder el trabajo prefieren aceptar sin mayor resistencia los cambios propuestos. La misma situación es aprovechada por los empleadores, que a la hora de realizar ajustes prefieren hacerlo por la variable que hoy se ha vuelto más flexible: la baja de salarios. La reacción de las centrales de trabajadores recién empieza a asomar, en un contexto por demás difícil: la CGT disidente y la CTA convocaron, por separado, a paros para este mes, y la CGT oficial reclamó una “gran paritaria” para el sector privado. “El alto desempleo no sólo afecta el salario real sino que marca los límites de la acción sindical”, explica la SEL.
Así, las perspectivas para lo que resta de 2002 indican que las empresas prevén todavía ajustes adicionales: “el 36 por ciento ha decidido o tiene en estudio” producir despidos, “el 43 por ciento ha dispuesto o considera reducir la jornada de trabajo o suspender personal, y el 22 por ciento ha decidido o está analizando una baja extra de las remuneraciones”, detalla.