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Así como el amor, que nace de nada y muere de todo, el Gobierno de Eduardo Duhalde sufre su misma fragilidad. Ahora, a la preocupación porque los diputados y senadores de la Nación aprueben las leyes que solicita el FMI –sin cuya aprobación, esta semana, el endeble acuerdo con los gobernadores se esfumaría en el aire, así como el apoyo de los mandatarios–, se suma una más, no menor, que se engendra, día a día, en los tribunales de Comodoro Py. El Gobierno ha comenzado a mirar con cierto escozor la marcha de la causa que instruye el juez Norberto Oyarbide sobre el supuesto complot que habría derrocado a Fernando de la Rúa. Causa que, tal como confesó un alto funcionario a Página/12, podría liquidar a la administración Duhalde en caso de que el magistrado concluya que el complot de marras existió. Esa situación es más que posible.
La denuncia surgida del entendimiento de un portero radical de Bahía Blanca, Carlos Irigoyen, cobró dimensión cuando el propio De la Rúa hizo carne sus argumentos. Oyarbide y el fiscal Carlos Stornelli consideraron que la denuncia era lo suficientemente grave como para poner en marcha el aparato judicial federal. Así, elaboraron una lista de testigos desbordante de ex presidentes, ex y actuales ministros y funcionarios de diversas extracciones partidarias.
En rigor de verdad, sólo tres dirigentes de cierto peso dieron crédito a la existencia del supuesto fragote: el propio De la Rúa, el ex ministro y actualmente preso Domingo Cavallo y la ex titular de Trabajo Patricia Bullrich. El también ex presidente Adolfo Rodríguez Saá sazonó la hipótesis al trazar un paralelismo con los hechos que terminaron con su breve mandato pero, al igual que los otros tres, no aportó lo que en términos judiciales podría denominarse “carga probatoria”.
El resto de los ex funcionarios que desfilaron por el juzgado federal de Oyarbide le bajaron el precio a la supuesta conspiración, entre ellos Chrystian Colombo, Juan Pablo Baylac, Ramón Mestre, Nicolás Gallo, Graciela Fernández Meijide, Diego Guelar y Eduardo Menem, por nombrar algunos.
Se podría inferir que su señoría no cuenta con demasiadas pruebas para concluir la existencia de un plan predeterminado y acciones coordinadas cuya finalidad haya sido terminar con el gobierno de De la Rúa. Este diario reveló el pasado domingo que el supuesto mapa con instrucciones encontrado en un herido –que según adujo el ex presidente radical constituía una prueba de que los manifestantes estaban organizados para derrocarlo– no era más que un ayudamemoria para dar una charla en una asociación gremial hallado en el bolsillo de Carlos Almirón, militante barrial del Movimiento de Trabajadores Desocupados, asesinado por la feroz represión policial desatada el 20 de diciembre.
¿Por qué, entonces, en el Gobierno transpiran al pensar en esta causa si quienes sostienen la teoría son sólo los interesados directos en comprobarla, más allá de su real existencia?
Los dedos apuntan al juez.
En la Casa Rosada creen que Oyarbide se tomará una revancha con la dirigencia política, al considerarse libre de sus deudas tras el calvario al que –él entiende– fue sometido hasta que los senadores peronistas lo rescataron del juicio político (acusado de mal desempeño de sus funciones por proteger prostíbulos en connivencia con la Policía Federal). Y esta causa le pone en las manos la mejor herramienta para lograr ese fin.
La idea conspirativa se asienta en lo que varios testigos que pasaron por el despacho decodificaron del tono de sus preguntas y de algún que otro decir lanzado como descuidadamente. Por ejemplo, Oyarbide dijo a uno de los testigos que está “estudiando la ley de defensa de la democracia”. La confesión del juez heló la sangre del testigo.
–Está buscando una figura legal –dijo a Página/12.
–¿Para qué? –preguntó este diario.
–Para dictaminar que existió el complot –respondió. La denuncia presentada por el portero Irigoyen pide taxativamente que se encuadre al supuesto complot como una violación de la ley 23.077, o de defensa de la democracia, con lo cual suena lógico que Oyarbide se lance a escarbar por ese lado. “Sí, pero el juez también tomó testimonios a varios comerciantes del Conurbano que supuestamente confirmaron la ausencia de la policía durante los saqueos del 19 (de diciembre) y que dicen haber visto vehículos particulares cuyos ocupantes se comunicaban entre sí. Según lo que dice el expediente, estos sujetos habrían sido quienes guiaron a los manifestantes a la Plaza de Mayo. Un disparate, pero el juez lo cree”, confrontó la fuente oficial a este diario.
Otro de los testigos del caso, también vinculado con el Gobierno, mostró su preocupación mayor. “¿Usted se imagina qué pasaría si Oyarbide dictamina que hubo complot? Caería el Gobierno. Por dos motivos: primero, la legalidad de esta administración desaparecería porque su origen sería espurio, habría nacido de un golpe institucional; en segundo lugar, los conspiradores serían la UCR y el peronismo bonaerenses. Y ¿quiénes conducían al peronismo bonaerense?: el actual presidente (Duhalde) y el actual canciller (Carlos Ruckauf)”, reflexionó con cierta amargura el confidente.
El convencimiento del Gobierno es que, si Oyarbide decide emitir un fallo sosteniendo la existencia de una conjura, lo hará con nada o, mejor dicho, con su deseo. “No importa que la Cámara Federal después destroce el fallo y diga que todo lo que afirmó el juez es un dislate mayúsculo. Eso ocurriría cuando menos tres o cuatro meses después de su dictamen. Para ese entonces, el Gobierno de Duhalde ya sería un recuerdo”, dijo a este diario otro integrante del gabinete.
En la Rosada saben que cualquier acercamiento con el juez es más que peligroso. Hasta imaginan que Oyarbide podría armar una conferencia de prensa para denunciar presiones. Tal es la encerrona del Gobierno: saberse en manos de un juez que estuvo a punto de ser eyectado de su asiento pero que fuera salvado por el peronismo. Tal su fragilidad.