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El ministro Roberto Lavagna contrastó la política económica del Gobierno con “el populismo setentista” y el “conservadurismo noventista”. También atribuyó el escape inflacionario de los primeros meses del año a los acuerdos de cúpulas, que habrían provocado una burbuja de precios y salarios, y a las presiones sectoriales. En otro orden, sostuvo que el Poder Judicial local podría declarar nulo un fallo reciente del Ciadi, el tribunal arbitral del Banco Mundial, que condena a Argentina a un pago millonario en favor de CMS, accionista de Transportadora Gas del Norte.
En un encuentro realizado por la Delegación de Asociaciones Israelitas Argentinas (DAIA), Lavagna intentó precisar su línea de gestión diferenciándose de las corrientes ideológicas que dice enfrentar. “Hay grupos que están ubicados en los antípodas desde el punto de vista ideológico”, consideró. Ellos son el “populismo setentista”, que pretende la política “del subsidio, de la expansión del gasto público, del aumento de las remuneraciones”, y el “conservadorismo financiero, los noventistas”, que piensan que “producido el arreglo de la deuda, hay que volver a los negocios financieros fáciles”.
Para el ministro, el razonamiento de este último grupo es que “hay que salir apresuradamente a los mercados internacionales a colocar deuda, hay que permitir el descalce de monedas, que los depósitos sean en una moneda y los créditos en otro”, experiencia ya vivida por Argentina, con dramáticos resultados. Este pensamiento, precisó, apunta a “permitir depósitos de corto plazo indexados con inflación; toda clase de ingeniería financiera que vivimos desde 1994 en adelante, que, por cierto, permite hacer grandes ganancias muy rápidamente, concentradas en muy pocas manos y que tienen muy poco que ver con la producción y con el empleo”. El razonamiento del “populismo” de los ’70, en cambio, reclamado hoy por diversos actores, es creer “que ahora viene el momento del crédito fácil, de los subsidios, de la expansión del gasto público, el aumento de las remuneraciones, de dar más y más rápido a todo el mundo”.
Contrarrestar las malas tendencias inducidas por estas dos corrientes antagónicas supone, según Lavagna, “no ceder a las presiones sectoriales”.
“En economía no sólo es hacer, sino también evitar cosas como la burbuja de precios y salarios que se produjo a principios de año por los acuerdos de cúpula (en referencia a las conversaciones entre la CGT y la UIA) y las presiones para eliminar las retenciones a las exportaciones”, reflexionó. Sobre la “burbuja”, Lavagna explicó que “requirió que este ministro haya salido a pararla en forma pública, mientras que el presidente (Néstor) Kirchner lo hizo en forma reservada”.
Tras defender la continuidad de las retenciones, el ministro consideró que el único impuesto “realmente distorsivo” es el que grava los débitos y créditos bancarios, conocido como impuesto al cheque, impuesto que “nosotros lo empezamos a reducir”.
Acto seguido, Lavagna realizó un repaso laudatorio de su gestión. Destacó que desde su asunción en abril de 2002, el PIB creció el 26 por ciento y la producción industrial el 45 por ciento, respondiendo en ambos casos a los estímulos del “consumo y la inversión”. En tanto, “las cuentas públicas (nacionales y provinciales) muestran un superávit de 4,5 del PIB”, las exportaciones crecen a una tasa de 20 por ciento y las específicamente industriales lo hacen al 43 por ciento. El ministro señaló también que desde 2002 “se crearon 2,5 millones de puestos de trabajo y se redujo en 3,3 millones de personas la pobreza”, mientras que la inflación anualizada se mantiene dentro de los parámetros presupuestario: 8,2 por ciento. Más allá del rebote postcrisis, Lavagna destacó que, a diferencia de otros planes económicos del pasado, como el austral y la convertibilidad, que “en el segundo o tercer año ya se notaban desajustes enormes”, el actual no mostraría señales de inconsistencia. “No hay ninguna variable económica que esté desalineada”, describió.
Por último, el ministro dijo que el reciente fallo del Ciadi no respeta los tratados internacionales firmados por la Argentina, ya que ninguno de esos entendimientos le da a un organismo internacional la capacidad de decidir sobre la política económica del país. De esta manera, el laudo se transforma en un “absurdo que debería dar lugar a plantear una nulidad” ante la Corte Suprema, concluyó.