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El directorio del Fondo Monetario Internacional dio ayer su aprobación a la política económica argentina. Lo hizo en una reunión programada, en la que se debatió un documento preparado por los técnicos del organismo y avalado por el director para el Hemisferio Occidental, Anoop Singh. Todos los países asociados al FMI deben someterse a una auditoría anual, tengan o no acuerdo para un programa de ayuda financiera. Se trata de un examen de rutina, pero en el caso de Argentina hasta lo más sencillo suele encontrar complicaciones. Esta vez las cosas salieron bien, por eso Roberto Lavagna recibió la noticia con satisfacción. “Ahora depende del Gobierno iniciar conversaciones para un nuevo convenio”, dijo Rodrigo Rato, titular del organismo. Néstor Kirchner, por su parte, apeló a su arsenal para contestar las supuestas críticas que el documento del Fondo le había dedicado en uno de sus párrafos.
“Por primera vez en la historia, el FMI se dedica a atacarme directamente, sólo porque defiendo de pie los intereses de la patria y no hago de cortesano de los intereses que nos han hundido permanentemente”, denunció el Presidente desde Rosario, en el acto por el Día de la Bandera. Kirchner reaccionó ante las versiones de que el Fondo cuestionaría su estilo de negociación con las privatizadas y su forma de hacer política.
El Palacio de Hacienda dijo desconocer si el documento votado ayer contenía alguna alusión de ese tipo. En cambio, puntualizó que el texto incluyó “comentarios muy elogiosos para el Presidente”. De acuerdo con la información suministrada desde esa cartera, se indicó que los directores del FMI “destacaron la amplia adhesión conseguida por el Gobierno en sus dos años de gestión, luego de haber asumido con el 22 por ciento de los votos. También elogiaron las denuncias contra la corrupción y la política hacia los desocupados y los jubilados”.
De todos modos, Kirchner arremetió contra el FMI. Dijo que “no es fácil reconstruir la patria: son poderosos los intereses que hacen fuerza para que los argentinos no nos volvamos a poner de pie”. Más allá de las declaraciones públicas, la relación con Washington no atraviesa un momento especialmente complicado. En todo caso, la relación sigue en el mismo freezer en que se encuentra desde hace un año, cuando se cayó el acuerdo que supuestamente debía abarcar hasta septiembre próximo. Así lo señalan los funcionarios y consultores que se encargan del día a día del diálogo con el Fondo.
El directorio del organismo le dedicó ayer un par de horas al “caso argentino”. Fue para cumplir con la denominada “auditoría del artículo IV”, que se realiza a todos los países miembros del FMI, según su estatuto. Lo que se aprobó fueron los resultados macroeconómicos de 2004, aunque el informe agregó un capítulo descriptivo sobre cómo continúa la situación macroeconómica este año. En términos generales, la visión es positiva. Se destaca que el crecimiento viene registrando niveles superiores a los esperados y que las cuentas públicas –de la Nación y de las provincias– están ordenadas.
No era muy difícil pasar la auditoría con los números que puede exhibir el Gobierno. Una decisión en otro sentido hubiera sido una provocación difícil de justificar. En concreto, lo único que se consigue con el visto bueno de los directores es liberar el camino para iniciar negociaciones formales para un nuevo acuerdo. “Era una instancia que había que cumplir, pero esto no da ningún impulso especial a las conversaciones para un nuevo programa”, indicó a este diario un colaborador de Lavagna. También admitió que las discusiones para firmar una nueva carta de intención todavía no arrancaron. Hasta ahora, sólo hubo intercambio de información sobre variables macroeconómicas, que era también necesaria para cumplir con el examen del artículo IV.
El Gobierno quiere acordar un nuevo programa para refinanciar el grueso de los vencimientos con los organismos. La discusión no está centrada en la evolución de la actividad económica, sino en la renegociación de las tarifas con las privatizadas, el superávit fiscal para los próximos años (el FMI reclama elevar el superávit a 4 puntos del PIB, contra los 3 que decidió el Gobierno) y en la situación de los acreedores que rechazaron el canje de deuda. Rato sostuvo que “habrá que encarar reformas presupuestarias y estructurales”.
Todas estas cuestiones se debaten desde hace meses y, si bien hubo algunos avances, las posiciones todavía están alejadas. El Gobierno puede mostrar acuerdos con empresas eléctricas y está tratando de cerrar trato con Aguas Argentinas. También admitió que buscará una solución para quienes no entraron al canje, pero dijo que lo hará a largo plazo y discriminando según el tipo de acreedor. El punto más controvertido es el nivel de superávit, en el que las partes se muestran inflexibles.
Parece difícil que haya un acuerdo antes de las elecciones de octubre. Para colmo, agosto es un mes perdido por las vacaciones en Washington, que son sagradas, aunque el Fondo insista con la flexibilización laboral y con el desdoblamiento de las licencias cuando negocia con los países emergentes. La única forma de destrabar las cosas en el corto plazo es con una intervención directa del gobierno de Estados Unidos en favor de la Argentina. Pero la administración Bush hace rato que abandonó ese rol y, si bien no es la que más reclama, tampoco inclina la balanza para apurar un nuevo programa.
El Banco Mundial y el BID también están atentos a cómo se resuelvan las tratativas para la firma de un nuevo convenio. El primero de los organismos tiene trabado un desembolso de 500 millones de dólares en favor de la Argentina a la espera de ese acuerdo.