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Transportadora de Gas del Norte, empresa liderada por el grupo Techint, inaugurará hoy obras que permiten ampliar la capacidad de transporte del ducto, gracias a los aportes de Repsol YPF, el propio consorcio adjudicatario, el brasileño Bndes y del Estado argentino, que también es avalista frente a la entidad financiera del país vecino. La mecánica, idéntica a la empleada por TGS, operada por Petrobras, incluye el cobro de un cargo adicional del 70 por ciento sobre su tarifa a los usuarios industriales, que no tiene sólido sustento legal, pero que permitirá a aquellos aportantes recuperar su dinero en siete u ocho años. Para acortar esos plazos, el gobierno y las empresas analizan la posibilidad de integrar a las AFJP a este enrevesado esquema, cuyo diseño tiene el sello de Roberto Lavagna, quien hasta ahora logró imponer sus criterios sobre los de su colega Julio De Vido.
Cuando el año pasado comenzaron los cortes del suministro a las industrias, en parte por la limitada capacidad de las transportadoras, De Vido pensó aspirar a los recursos ociosos de los millonarios y variados fondos fiduciarios que maneja Planificación para cederlos “en préstamo” a los que se constituirían con el exclusivo propósito de costear las obras necesarias para expandir la capacidad de transporte de TGN y TGS. La idea convenció al propio Presidente, que llegó a firmar el decreto respectivo.
Pero, quizá temeroso de que ese dinero no retorne a las arcas públicas –en parte por la complicada situación económico-financiera de las transportadoras–, Lavagna impulsó una fórmula diferente. La clave para conquistar el apoyo de Néstor Kirchner fue que debía forzarse de entrada el aporte de capitales privados, como los 100 millones de dólares que puso Repsol YPF en TGN, o los recursos que aportaron Petrobras, Total o Panamerican en el gasoducto sureño. Fue tan convincente que el jefe de la Rosada encaró por sí mismo la gestión de persuadir a las empresas para que desembolsen el dinero.
En la búsqueda de todos los fondos que requerían las ampliaciones, entró a tallar el Banco Nacional de Desarrollo del Brasil, que sólo para TGS aporta 142 millones de dólares. Pero para conseguir esos recursos también hubo que cumplir dos condiciones: contratar a empresas brasileñas y reactivar el sistema de garantías recíprocas que se otorgan los bancos centrales de ambos países. Los dos requisitos fueron honrados.
Consab –subsidiaria de Techint en Brasil– provee los caños, y la brasileña Oberdrech, parte de las obras. El Banco Central argentino, a su vez, respalda el préstamo que el Bndes otorga a los fondos fiduciarios específicos (constituidos para las ampliaciones), administrados por el Banco Nación, aunque después que el Tesoro nacional le entregase a su vez en garantía títulos públicos computados a su valor de mercado. Hasta el propio Martín Redrado tomó recaudos a la hora de cerrar una operatoria tan compleja.
El dinero que también aporta el Nación será recuperado por el cobro de un cargo sobre los usuarios industriales que contraría el marco regulatorio del gas, ya que implica la imposición de un subsidio cruzado (sólo lo paga un segmento de usuarios). El proyecto que el Poder Ejecutivo envió al Congreso para habilitarlo quedó trabado, entre otras cuestiones, porque proponía otorgar grandes facultades al Poder Ejecutivo para crear ese tipo de cargos y asignarles destinos.
Frente a esta debilidad legal surgió la idea hoy bajo análisis de que los fondos fiduciarios constituidos para aquellas ampliaciones pudieran emitir obligaciones negociables, que tendrían como destinatarios a las Administradoras de Fondos de Jubilaciones y Pensiones. De esa manera se podría acelerar el recupero del dinero aportado por las empresas en menor plazo y en parte el riesgo de la operatoria sería asumido por las AFJP, a un costo a definir.