La Secretaría de Agricultura informó ayer que realizó una presentación ante los tribunales holandeses para acompañar la defensa de los importadores de soja argentina, quienes fueron demandados por Monsanto por “infracción a la ley de patentes”. La embestida de la multinacional es un mecanismo de presión para lograr que los productores argentinos paguen royalties sobre las semillas provistas por la multinacional.

Según aclaró aquella dependencia oficial en un comunicado, en los próximos días hará lo propio ante los tribunales de Dinamarca, con el mismo argumento que habilitaría al Estado argentino a ser parte en la cuestión: que el cuestionamiento de Monsanto perjudica los ingresos fiscales del país por una merma de las retenciones, privando de este modo al Estado de recursos que en parte se destinan a costear los planes sociales.

Esta estrategia legal fue diseñada por una comisión que integraron la Procuración General del Tesoro, la Cancillería y el Ministerio de Economía, como una respuesta a la ofensiva lanzada en junio pasado por la transnacional. En ese momento, Monsanto presentó una acción judicial ante los tribunales de Holanda y Dinamarca contra importadores de soja proveniente de la Argentina, con la intención de que los jueces europeos considerasen una infracción el no pago de patentes sobre la soja RR cultivada localmente.

La demanda fue dirigida contra el importador europeo Cefetra y en Dinamarca contra las empresas Cargill y DLA, por lo que el Estado argentino solicitó a los tribunales del viejo continente se lo considere como “tercero interesado, afectado por el litigio en curso”.