Ayer hasta última hora, funcionarios de Agricultura negociaban contrarreloj para amortiguar el impacto por el brote de aftosa. Las últimas conversaciones se mantuvieron con una delegación de Chile, uno de los principales compradores de carne argentina, que ha suspendido esas adquisiciones por los próximos seis meses. Los contactos se extendieron a Rusia, el principal cliente de carnes frescas, y en los próximos días habrá una definición. La mala noticia fue que Israel, otro de los top five, se sumó a Chile, Brasil, Sudáfrica y otros mercados latinoamericanos más pequeños y cerró sus compras. La aparición de la fiebre ya tuvo efecto sobre el mercado: hay frigoríficos que cortaron por lo más delgado y suspendieron a parte de su personal. El Gobierno culpa por lo bajo de toda esta situación a quienes habrían contrabandeado ganado con aftosa. Mientras tanto, declaró la emergencia sanitaria en todo el país.

“Son delincuentes ocultos, pseudo traficantes de hacienda que lo que trafican es la enfermedad. Tienen una irresponsabilidad total”, denunció Felipe Solá luego de protagonizar un acto en La Plata. Los dichos del gobernador confirman un adelanto de Página/12 en su edición de ayer: que el contagio de la aftosa provino de hacienda extranjera –se supone paraguaya– que entró a la Argentina sin pasar por ningún control. Por ahora, en el Ejecutivo nacional prefieren mantener el perfil bajo respecto del contrabando ya que, admitirlo, empeoraría la situación de la Argentina en las negociaciones que mantiene con sus clientes.

Ayer el Senasa –Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria– tomó dos decisiones estratégicas. Por un lado, se declaró la emergencia sanitaria en todo el territorio nacional. Si bien no se detectó ningún foco de fiebre adicional, los funcionarios quieren agilizar las medidas preventivas. Por otra parte, se reforzaron los controles en los campos correntinos linderos al afectado por la aftosa, cuyo propietario es un hijo del ex gobernador y ex senador José Antonio Romero Feris. Esta mañana matarán a 185 vacas del rodeo donde se encontró el brote y a 40 de una estancia vecina, mediante el rifle sanitario. Se prevé sacrificar las 3060 cabezas.

La obsesión del Gobierno es doble: dar con el o los supuestos contrabandistas de la hacienda enferma. Las sospechas refieren a un reconocido consignatario del norte del país, que actuaría en sociedad con productores de esa zona. La cuestión está centrada también en reducir el impacto comercial del problema al mínimo.

La negociación principal se abrió con Chile, el segundo comprador de carnes enfriadas/congeladas, y que en 2005 adquirió por unos 130 millones de dólares. Como el país vecino goza del status libre de aftosa sin vacunación y le vende a su vez a Japón, no quiere perder ese mercado asiático, que requiere estándares muy rigurosos. Por eso suspendió la adquisición de carne argentina automáticamente y por un semestre. El Gobierno pretende que esa prohibición se flexibilice, pero los funcionarios admiten que todo dependerá de que en los próximos 30 a 60 días no aparezca ningún otro foco de la enfermedad.

El gobierno ruso, que el año pasado compró carnes por unos 350 millones de dólares, dará una respuesta definitiva sobre lo que hará en las próximas horas. La especulación es que sólo aplique restricciones a las compras de carnes de la provincia de Corrientes.

La propuesta del Ejecutivo, para todos sus clientes, será que se abstengan de comprar carne de la zona infectada, pero que lo sigan haciendo del resto del país. “Las próximas dos semanas serán determinantes porque la ventana de contagio de la enfermedad es de hasta 10 días”, comentó a este diario un funcionario.

Desde el Palacio de Hacienda reforzarán la idea de que la aftosa se parece más a una barrera paraarancelaria –que tuvo su origen en la guerra comercial entre Estados Unidos y Europa– que a una enfermedad que perjudique al ser humano. “El frío y el calor destruyen el virus. Nada que ver con la vaca loca, que mata al hombre”, subrayan los funcionarios.

Mientras tanto, algunos frigoríficos ya tuvieron problemas. Ayer, alrededor de 50 camiones, con 22 toneladas de carne cada uno, se vieron imposibilitados de entrar a Chile, dada la prohibición impuesta por ese país. Los empresarios pidieron permiso al Gobierno para despachar la mercadería en el mercado interno. Esta situación puede ser una muestra de lo que ocurrirá, en los próximos meses: una mayor oferta a nivel local (¿acompañada por una baja en los precios?), ante el cierre de mercados externos.

Algunos empresarios de la industria cárnica tuvieron rápidos reflejos ante la nueva situación. Pero no para proyectar estrategias de ventas ni evaluar alguna salida comercial alternativa. Suspendieron a parte de su personal. Ocurrió en distintas localidades: en la provincia de Santa Fe, el frigorífico ABP decidió cesantías, lo mismo que su colega Látigo, de Florencio Varela, y el frigorífico Alberdi. Estos dos últimos suspendieron a 15 operarios cada uno. En el Gobierno admiten, con preocupación, que estos ejemplos podrían ser imitados en las próximas horas.