El intento del Gobierno de conseguir respaldo parlamentario a su decisión de llevar el diferendo por las papeleras a la Corte Internacional de La Haya no conseguiría un apoyo tan contundente por parte de la oposición, como ocurrió en Uruguay con los adversarios políticos del presidente Tabaré Vázquez, que cerraron filas a su favor. Si bien las principales fuerzas opositoras no quisieron adelantar aún cómo votarán el jueves 23, cuando se trate en el recinto el proyecto de declaración de apoyo a la iniciativa oficial, ya expresaron algunas críticas. Se especula que, aunque la propuesta llegue a ser aprobada, esto no ocurrirá sin un intenso debate.

La Cámara de Diputados realizará entre martes y jueves de la semana que viene consultas sobre la instalación de papeleras frente a la localidad entrerriana de Gualeguaychú. La actividad será previa al tratamiento que en el recinto darán el día 22, en el caso del Senado, y el 23 en Diputados, a sendos proyectos de declaración apoyando la estrategia del Gobierno de enviar el tema al tribunal internacional de La Haya. Ambas iniciativas fueron presentadas por los presidentes de los bloques oficialistas, el senador Miguel Angel Pichetto y el diputado Agustín Rossi. La Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara baja, que preside Jorge Argüello, consultará en audiencias públicas al gobernador de Entre Ríos, Jorge Busti; al canciller Jorge Taiana y a organizaciones ambientalistas sobre la controversia generada por la construcción de las papeleras.

Los proyectos de declaración cuyo tratamiento impulsa el oficialismo manifiestan su apoyo “para que, en caso de resultar necesario, el Poder Ejecutivo nacional, por intermedio del Ministerio de Relaciones Exteriores, someta ante la Corte Internacional de Justicia el diferendo originado con la República Oriental del Uruguay”.

El jefe del bloque del ARI Eduardo Macaluse expresó ante Página/12 que esperan leer el proyecto antes de pronunciarse sobre cómo votarán. Sin embargo, opinó que “queda claro que el Gobierno quiere compartir los costos políticos de haber tenido una posición endeble y cambiante”. El diputado recordó que en marzo de 2005 el jefe de Gabinete Alberto Fernández informó por escrito al Congreso que “el informe de los asesores de la CARU (Comisión Administradora del Río Uruguay) estableció que no habría un impacto ambiental sensible del lado argentino, estimándose que ese impacto sería básicamente los malos olores que habitualmente se desprenden de las plantas de celulosa”. Y agregó que, según ese documento que Fernández envió a los diputados, “en junio de ese año (2004) se firmó un acuerdo bilateral por el que el gobierno argentino puso fin a la controversia”. Macaluse consideró que “es un conflicto entre los pueblos argentino y uruguayo contra las empresas, y es un error confrontar con un Estado amigo por sacar algunos votos más”.

Consultado por Página/12 sobre la decisión del Gobierno de contar con el pronunciamiento legislativo, el presidente del bloque radical en Diputados, Fernando Chironi, dijo que el sentido del voto que emitirán lo definirán en una reunión de bloque la semana próxima. “Somos muy críticos de la actitud del Gobierno, que denota una falencia en política exterior. Además, para recurrir a La Haya no necesita el aval del Congreso”, opinó el rionegrino. Y agregó que “una vez más el Gobierno busca socializar el costo político de un conflicto que no ha sido tomado a tiempo y manejó con ineficiencia”.