Miércoles, 8 de marzo de 2006 | Hoy
Santiago Montoya criticó duramente a la jueza que ordenó devolver la camioneta 4x4 secuestrada por deudas impositivas. Ayer se incautó un BMW. Se viene una lluvia de embargos de cuentas bancarias.
“Algunos jueces prefieren cagarse en los que cumplen con sus obligaciones impositivas.” Así, sin eufemismos, Santiago Montoya, el polémico subsecretario de Ingresos Públicos de la provincia de Buenos Aires, cuestionó el fallo de un juez que restituyó a un contribuyente moroso la camioneta Mercedes-Benz 4x4 que había sido secuestrada por Rentas la semana pasada. Montoya recibió ayer el respaldo de las principales autoridades provinciales en su lucha contra la evasión. Y para demostrar que continuará con la cruzada, sobre el final de la tarde Rentas secuestró el segundo vehículo de lujo –una BMW cupé– de un deudor moroso del impuesto a las patentes. En los próximos días, la provincia comenzará también a trabar embargos sobre cuentas corrientes, cajas de ahorro y plazos fijos de unos 2 mil grandes deudores impositivos, entre empresas y personas físicas.
El segundo auto de gran valor, cuyo propietario adeuda al fisco casi 8 mil pesos del impuesto a los Automotores (patentes), fue incautado en el centro de La Plata por inspectores de Rentas. Se trata de una cupé BMW 316, modelo 2002, valuada en 65 mil pesos.
“Vemos que algunos jueces, afortunadamente no todos, prefieren cagarse en los millones de contribuyentes que cumplen con sus obligaciones impositivas”, sostuvo Montoya en una conferencia de prensa que ofreció en la Casa de Gobierno provincial, en La Plata. Adelantó que apelarán la medida adoptada por la jueza en lo Contencioso Administrativo de La Plata, Ana Logar, y dijo que el Estado “no va a aceptar esto porque nuestro compromiso es con los contribuyentes que cumplen”.
El fallo en cuestión hizo lugar a un amparo presentado por Fabián Rodríguez, el propietario de una camioneta Mercedes-Benz valuada en 86 mil pesos y que fue secuestrada por el fisco por adeudar 22 mil pesos del impuesto a las patentes. El subsecretario se quejó porque, según él, ese mismo juzgado “demora más de 100 días cuando el fisco solicita una medida cautelar contra un deudor y ahora resolvió el amparo a favor de un particular en sólo dos días”.
“Nos van a tocar jueces que nos permitirán avanzar y otros que se van a cagar en aquellos contribuyentes que pagan y le van a permitir a un tipo que debe y que anda en un auto lujoso que siga circulando por la calle, mientras que el que paga una patente por un Gol se jode”, precisó luego Montoya. No satisfecho con sus dichos, el funcionario insistió con la metáfora: “Habrá que conseguir las toallitas con las que se limpian a los bebés para recoger las cagadas que nos dejan algunos de estos jueces, que nos hacen estos desastres y que permiten que los evasores confesos se salgan con la suya”, advirtió.
Más allá del desenfado que lo caracteriza, las duras declaraciones de Montoya sólo pueden entenderse en el contexto del fuerte apoyo político que recibe del gobernador Felipe Solá y de los principales dirigentes provinciales. “Seguiremos hostigando a los que tienen plata y eligen no pagar lo que deben. Ningún juez nos hará bajar los brazos, porque la pelea a fondo contra la evasión fiscal es para nosotros una política de Estado”, aseguró el ministro de Gobierno provincial, Florencio Randazzo, virtual mano derecha de Solá. A su vez, el ministro de Economía, Gerardo Otero, de quien depende formalmente Montoya, consideró que “hay jueces que quizá crean que sobreactuando en contra del Estado sostienen su independencia de acciones, pero terminan amparando a los evasores”, afirmó.
Por otro lado, Otero defendió la ley de “superpoderes”, que votó la Legislatura provincial a fines del año pasado y que otorgó a Rentas, entre otras cosas, la facultad de incautar vehículos o embargar cuentas bancarias sin intervención judicial. “Lo que se ha logrado de la Legislatura provincial son leyes que se constituyen en herramientas esenciales para cobrarles a aquellos que, claramente, evidencian capacidad de compra por su alto poder adquisitivo, pero deliberadamente no pagan los impuestos”, sostuvo Otero.
Según los números que maneja Montoya, de los 34 vehículos de lujo con orden de secuestro, diez de sus dueños ya se presentaron en Rentas para regularizar su situación. Salvo uno, todos pagaron al contado.
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