El vicepresidente de Ence dio sus razones con respecto al fallo del tribunal de Pontevedra que, el 8 de noviembre de 2002, condenó a nueve directivos de esa empresa a penas de cárcel (sin cumplimiento efectivo) y multas, por “delito ecológico continuado” y “faltas contra las personas”. Juan Ignacio Villena, vicepresidente del Consejo de Administración de la firma española, sostuvo ante periodistas argentinos que el juicio “empezó por denuncias de un señor que decía que le habíamos quemado la lechuga”. Según Villena, “nosotros teníamos camiones de documentación, y el fiscal sólo se basaba en recortes periodísticos”; sin embargo, “renunciamos a la presentación de pruebas” y “aceptamos la mínima condena”. Ello habría obedecido a que “el proceso iba a durar muchos meses durante los cuales íbamos a tener que estar en el banquillo tres mañanas por semana: nuestros accionistas no nos hubieran permitido dedicar ese tiempo”, y entonces prefirieron que los ejecutivos de la firma recibieran condena penal, según la argumentación ofrecida por el vicepresidente.