Para los familiares más encendidos, las instituciones son tan relevantes que debían ellas indicar la culpa, personalizarla, sacar a un hombre del camino. Para el movimiento político que rodeaba a Ibarra, las instituciones se deben al juego representativo, al régimen electivo periódico, se usaban categorías del vocabulario político, se esgrimía la acusación de golpismo.

Para los primeros, era necesario mostrar que se trataba del máximo uso posible de la intensidad de las instituciones, con la inmemorial idea de que los individuos hacen la historia en las condiciones que ellos mismos elaboran. El martirio de las vidas no tiene aquí instancias intermedias. Nada se amortiguaba ni se retardaba.

Para la idea institucional clásica –que emplearon los defensores de Ibarra–, toda culpa está situada, se desglosa en muchas mediaciones y siempre es posible separar una tragedia irreversible de la condición política del Estado.

Fue la máxima discusión política ocurrida en el país sobre la materia a veces oscura, a veces impalpable, que fundamenta una autoridad. Poner las instituciones a la altura exclusiva de la voz del duelo, o hacer que el duelo se deje modelar suavemente por edictos escalonados de responsabilidad.

Hace más de dos mil años que la política es así. Ibarra, los 15 jueces, los familiares, los que opinaron y se pronunciaron, todos los que vivimos la tensión de estos días tenemos la obligación de volver sobre nuestras palabras para saber –ahora que todo parece haber ocurrido– si éramos realmente justos.