Si los próximos veranos no fueran demasiado severos en los principales centros urbanos, si hubiera lluvias abundantes en las cuencas de los ríos que alimentan centrales hidroeléctricas y los grandes usuarios de energía eléctrica se avinieran a procurarse la que necesitan sin tomarla del sistema, entonces quedaría de lado el fantasma de los cortes en el suministro por insuficiente oferta. Pero a la falta de garantías de que se cumplirán esas condiciones, se añade otra novedad poco auspiciosa: la inversión estatal en dos nuevas usinas térmicas que se están licitando puede demorarse tras el pedido de Siemens para pulir su oferta por una de ellas.

Para responder a la creciente demanda de energía, se estima que el parque local debería crecer a razón de unos 1000 megavatios de potencia instalada por año, algo así como una usina térmica más por período. Hoy los requerimientos energéticos están peligrosamente cercanos a la oferta, y por ello cualquier pico como los que son frecuentes en el verano amenazan con poner en jaque el sistema.

Las empresas privadas encargadas de generar no están obligadas por contratos a invertir más que en el mantenimiento de aquella central que se le hubiere adjudicado. Mientras esté fijo el valor al final de la cadena, los generadores están inhibidos de trasladar sus mayores costos al grueso de la energía que proveen al sistema, ya que sólo una proporción menor va a grandes consumidores con los que pactan libremente el valor de contrato.

La reciente decisión oficial de habilitar un precio libre sólo para la generación adicional, según explica una fuente de Endesa (socia de Costanera, El Chocón y Edesur), implicaría que los generadores deberían seguir trabajando a pérdida con los activos en los que han invertido hasta el momento, con la promesa de que podrán ganar con los nuevos. Tampoco les resulta muy prometedor la chance de que cada contrato con un gran usuario quede sujeto a la aprobación de Energía, que lo juzgará con parámetros desconocidos para ellos.

Aquel desfasaje entre el costo de producir electricidad y el precio de venta final es lo que hizo que se acumulara una deuda de Cammesa a favor de las usinas térmicas por 450 millones de dólares que el Estado asumió como propia. Con estos recursos (y otros que aportarán grandes usuarios y financiamiento del mercado) se están licitando las centrales de ciclo combinado de Campana y Rosario, que aportarán al sistema 1600 megavatios cuando estén concluidas, dos años después de haberse iniciado su construcción, bajo el control de los grupos liderados por Endesa y Total, principales acreedoras.

Para la provisión y puesta en marcha de la central bonaerense ofertaron Mitsubishi, Alstom y Siemens. Estas últimas también lo hicieron por la usina santafesina, con la salvedad de que la alemana planteó una propuesta incompleta y reclamó sesenta días para mejorarla. Queda en manos del ministerio de Julio De Vido resolver esta semana si le concede esa prórroga o cierra el concurso con un solo oferente y los riesgos que esto entraña. Un avatar que demora la puesta en marcha de obras imprescindibles para evitar el colapso energético al que el Gobierno sólo admite referirse con medidas concretas para desalentar la demanda, pero nunca pronunciando la palabra “crisis” o “riesgo” de ella.