Guillermo Moreno los amenazó con abrir las importaciones, pero los fabricantes de indumentaria dicen que no pueden bajar los precios. Juran que no tienen margen para bajar los costos e invitan a que se ponga la lupa sobre los comercios. “Los precios exhibidos en los locales al público son un disparate”, acusó Aldo Karagozian, de la cámara de textiles Pro Tejer, en diálogo con Página/12. El Gobierno le puso un plazo al sector, antes de fin de mes, para que rebajen al menos un 10 por ciento los valores de la ropa.

La presión de Moreno se produjo pocos días después de que el Indec informara que la indumentaria fue el rubro que más aumentó sus precios durante septiembre, elevando el índice al 0,9 por ciento. Con las planillas en la mano, el secretario de Comercio advirtió a los empresarios que si no reducían los precios se permitirán las importaciones de manera masiva. Es la segunda vez en el año que el Gobierno lanza esta amenaza. La vez anterior, hace algunos meses, había sido la propia Felisa Miceli, pero no alcanzó para disciplinar al sector.

La defensa que ensayan los industriales es que, a nivel mayorista, la ropa aumentó algo menos de la mitad que en los comercios: un 10,8 por ciento en el último año contra 19 por ciento en la venta al público. Y que eso se dio así porque los fabricantes vienen absorbiendo incrementos de costos mientras que los comerciantes los trasladan directamente a los consumidores. En ese sentido, Karagozian explicó que a los industriales el costo de la energía les aumentó 3,7 veces, pagan más de transporte y de masa salarial. “No tenemos ningún margen para bajar los precios. Estamos haciendo un enorme esfuerzo y somos muy cautelosos con el traslado a precios”, refirió el industrial.

En el Gobierno creen que los empresarios se están aprovechando del record en el nivel de consumo, y que ésa es la base para remarcar los precios. “Es verdad que se están convalidando valores que no deberían convalidarse. Son un disparate”, aceptó Karagozian, echando responsabilidades sobre el público consumidor y sobre los comerciantes.

Como ocurría en la pulseada con el sector de la carne, ahora también los empresarios aseguran que es muy difícil llegar a un acuerdo de precios ya que existe una atomización generalizada.

En caso de concretarse la amenaza oficial, podría haber una invasión de productos de China, India y Pakistán. Para proteger al sector local, a esos países se les aplican derechos específicos. Con Brasil, en cambio, no existen aranceles. Karagozian cree que si Moreno cumple con la advertencia, los comerciantes no sentirían el efecto en el corto plazo ya que, en lugar de despachar mercadería hecha en Argentina, venderían los artículos “made in”. Pero que en el largo plazo ellos también sentirían los efectos ya que la industria despediría trabajadores que a la vez son consumidores. “Esa película ya la vimos en los ‘90. Ahora, el sector emplea a 450 mil trabajadores. No echemos todo a perder”, destacó el industrial.