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En el mejor de los casos, el Gobierno dejará el poder con un acuerdo precario con el FMI, que recién cerraría en setiembre próximo. Ese convenio que tanto le está costando conseguir se limitará a la reprogramación de vencimientos con los organismos de crédito internacionales. Mientras continúan las negociaciones, el Gobierno confía en que los organismos estiren los plazos de pago. Pero ayer se produjo un cruce sobre este tema entre el presidente del Banco Central, Aldo Pignanelli, y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID). El funcionario señaló desde Basilea que “hay una reestructuración del pago que debía hacerse en unos días, que quedará pendiente por un par de meses hasta que se concrete el acuerdo final con el FMI”. Sin embargo, un vocero del BID sostuvo que “la política del banco no ha cambiado. Los estatutos no permiten una demora, y eso va para todos los países”.
La semana que viene el Estado debería desembolsar 535 millones de dólares para cumplir con el BID, lo que puede significar un duro golpe a las reservas. El banco que preside el uruguayo Enrique Iglesias había descartado en un principio una medida como la del Fondo, que postergó los vencimientos. Esa decisión ponía al Gobierno casi al borde de la cesación de pagos también con los organismos. A pesar de la negativa inicial del BID, Roberto Lavagna había recogido algún guiño desde Washington de que la decisión sería revisada. Humberto Petrei, ex asesor de José Manuel de la Sota que trabaja actualmente como economista del BID, le transmitió un mensaje tranquilizador a Lavagna. Todo ello parecía quedar refrendado cuando Pignanelli confirmó desde Suiza que el vencimiento sería prorrogado, pero un funcionario del BID consultado por la agencia Reuters desmintió la noticia.
“Me dijeron que los estatutos del BID admiten un aplazamiento de los pagos por un máximo de 180 días, con lo cual se abriría un compás de espera hasta que se cierre el acuerdo con el FMI”, puntualizó Pignanelli, antes de admitir que se trata de una decisión “poco común”. Desde Washington se aclaró que el país deudor tiene 30 días para pagar después de la fecha del vencimiento. Si no efectiviza el desembolso en ese período, el banco declara que el país incurrió en un retraso. Después de 180 días, el país sería declarado en una situación de no cumplimiento y las relaciones serían paralizadas. Pignanelli se refirió a esos 180 días, pero en realidad no se trata de una prórroga.
La misión técnica del Fondo que se encuentra en Buenos Aires se entrevistará hoy con el secretario de Finanzas, Guillermo Nielsen. Las partes expondrán las posibles líneas a seguir para la reformulación del sistema bancario. Pero la discusión sobre ese tema y el programa monetario será más profunda cuando en dos semanas llegue la “comisión de notables”, cuyos integrantes aun no han sido oficialmente designados.
El titular del Banco Central afirmó que “estamos cerca del acuerdo” con el FMI. También contó que, “en charlas informales (con funcionarios y banqueros), surge el tema político de Argentina y ellos ven con bastante simpatía que podamos tener un horizonte en cuanto al esquema democrático, pero a la vez se preguntan si las nuevas autoridades van a respetar los convenios con el Fondo”. Pignanelli insistió en que “nos preguntan todo el tiempo si el nuevo presidente honrará el acuerdo que se alcance con el FMI. Mi respuesta es que en noviembre ya sabremos quiénes son los candidatos y habrá mayor certidumbre”.
El funcionario se abstuvo de profundizar su enfrentamiento con Lavagna y reconoció que “el Gobierno ya definió que no va a ir al bono compulsivo”. “El Central sacó resoluciones que permiten a los bancos mejorar la oferta” de esos papeles a los ahorristas, completó. Además de la negociación con el FMI, hoy llegará a la Argentina una misión del Banco Mundial. Su tarea también estará orientada a discutir “una estrategia económica general”, según dijo Alejandra Viveros, vocera del organismopara América latina. “Pero el equipo del Banco Mundial no negociará un crédito”, aclaró más tarde.