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En la medida en que se concrete el inminente aumento de tarifas, el Banco Mundial podría asistir a las empresas privatizadas con un crédito especial, que está gestionando el gobierno argentino. Un funcionario de Economía, que prefirió hablar off the record, reconoció que la administración de Lavagna está realizando estas gestiones ante el organismo multilateral, aunque no precisó si el Tesoro asumiría alguna parte de esa futura obligación.
Es casi un hecho que antes del 20 de julio próximo el Palacio de Hacienda dará a conocer la magnitud de los aumentos de los servicios públicos, sin discriminar entre las que tuvieron una generosa rentabilidad o las que percibieron una ganancia módica: por convicción y por presión de los organismos multilaterales, Lavagna decidió apurar esta definición, que estaba demorada desde el comienzo de la gestión duhaldista.
A través de la comisión que lidera Paul Levy, el BM estaría analizando en Buenos Aires los números que las empresas privatizadas presentaron ante el Palacio de Hacienda para detallar cómo la devaluación hizo mella en su negocio. Sobre esa base, reclamaron aumentos tarifarios que oscilan entre el 20 y el 30 por ciento, a lo que el Gobierno responderá concediendo un máximo del 10, al menos por ahora.
La intención oficial es favorecer con el aumento a todos los servicios. La discriminación se realizaría entre segmentos de usuarios, de modo tal que alguna franja –la menos pudiente o de menor consumo– sería excluida de la suba. En el caso de los trenes urbanos, por ejemplo, la intención es aumentar las primeras secciones (que son aquellas en las que viaja más gente) para mantener el valor de los boletos de las otras, que llegan a los puntos más alejados del Conurbano. Para moderar el impacto, aquel importe podría prorratearse en varios meses consecutivos, de modo tal que el 10 por ciento no sea aplicado de una sola vez sino, por ejemplo, a lo largo de un trimestre. Las propias empresas saben que con la alta morosidad en los pagos de los servicios, no hay muchas chances de subir más.
Con el propósito de auxiliar a las firmas que están fuertemente endeudadas en dólares (Telecom y Aguas Argentinas, entre otras, están en default), Lavagna optó por negociar con el Banco Mundial una línea especial de préstamos que, según fuentes próximas al ministro, deberían repagar las empresas. Las empresas podrían poner su flujo de ingresos como garantía pero siempre y cuando la recaudación tarifaria pueda superar los niveles actuales.
Al margen del aumento de tarifas y este posible auxilio financiero, las privatizadas tendrán como prerrogativa un aumento en los plazos de la concesión, con el consiguiente estiramiento de sus planes de inversión. Se trata de la mejor fórmula que concibió el Ministerio de Economía para aplacar tanto el fastidio de las empresas como del propio Fondo Monetario Internacional por el congelamiento tarifario que rige desde enero.
Esa salida deja descontentos a muchos, incluida la defensora del pueblo de la Ciudad de Buenos Aires, Alicia Oliveira, quien salió al cruce del ajuste argumentando que “no puede ser que jubilados y desocupados, que vienen sufriendo las terribles consecuencias de este modelo económico, hoy tengan que afrontar un nuevo aumento tarifario”.