Dos de las cuatro entidades gremiales del campo, Confederaciones Rurales (CRA) y Federación Agraria (FAA), amenazaron con un nuevo lockout si el Gobierno, según expresaron, “no ofrece señales de diálogo para cambiar la actual política para el sector”, a la que calificaron de “fiscalista y cortoplacista”. Fue luego de una jornada de protesta en Paraná y Bahía Blanca y un piquete sobre la autopista Buenos Aires-Rosario, a la altura de Villa Constitución. La nueva medida de fuerza se decidiría la semana próxima y podría extenderse por dos semanas.

El presidente de Federación Agraria, Eduardo Buzzi, acusó al Gobierno de apropiarse de la renta de los pequeños y medianos productores para pagar deuda externa y de permanecer de brazos cruzados mientras se agudiza la concentración y extranjerización de tierras. También señaló que en vez de recortar las ganancias del campo con más retenciones, el Gobierno debería mejorar la distribución del ingreso, por ejemplo, mediante la reforma fiscal progresiva prometida por Néstor Kirchner en 2003. En otras palabras, el discurso de tono progresista se entrecruzó con la demanda del campo para obtener precios lo más próximos posibles a los internacionales y no seguir siendo blanco de aumentos impositivos.

Buzzi sostuvo que eso es lo que les reclaman las bases a los dirigentes y lo que los llevará a un nuevo lockout si no reciben pronto una respuesta satisfactoria. FAA también dio una nueva vuelta de tuerca a su enfrentamiento con Felisa Miceli. Pidió abrir una mesa de diálogo con los ministros “importantes”, como serían los dos Fernández, a la vez que rechazó la continuidad del “reunionismo”, de “juntarse solamente a tomar café”, lo que representaría el diálogo con Miceli.

En tanto, en el contrapunto con los empresarios del campo, el ministro del Interior, Aníbal Fernández, sostuvo que el agro “ha recibido de los argentinos un montón de gestos que hacen a que mejoren sus posibilidades desde el punto de vista internacional”.

Según expresó a este diario el investigador del Conicet, Mario Lattuada, especialista en estudios sociales agrarios, la situación del campo cambió radicalmente a partir de la devaluación. “Durante los ’90, la mayor parte del sector agropecuario sufrió un deterioro de ingresos muy grande. A partir de la devaluación y de la decisión política de mantener un tipo de cambio competitivo, su situación se transformó sustancialmente”, explicó Lattuada. “En segundo lugar –agregó–, el Estado ayudó a la licuación de deudas sectoriales. Por eso, hablar de que el campo vive una situación de ‘castigo’ no es correcto.” Para el especialista, sí es válida la crítica por la ausencia de políticas de largo plazo que, por ejemplo, “lleven a la construcción de una nueva institucionalidad, un ámbito donde dirimir los conflictos distributivos que se presentan al interior de las cadenas agroindustriales”.

Lattuada atribuyó la aparente unión de tirios y troyanos que representa la acción conjunta de CRA y FAA, a que “si bien ambas entidades tienen clientelas distintas hay una porción importante que, aunque con distinta ideología, comparte los reclamos”.

En este punto, Ulises Forte, vicepresidente de FAA, dijo a Página/12 que, en realidad, CRA es un aliado circunstancial. “Nosotros no hacemos un paro por derecha”, reaccionó. “Con CRA, que desde nuestra perspectiva no representa a la vieja oligarquía sino a muchos productores medianos del interior, coincidimos en el diagnóstico, aunque ellos creen más en que la solución viene por el lado del mercado y nosotros, en cambio, creemos en la intervención estatal”, explicó. Según Forte, ambas entidades creen que las medidas del Gobierno para el sector son “fiscalistas y de corto plazo”. Ninguna de las dos entidades niega la mejora de ingresos sectoriales, pero creen que el Ejecutivo no blanquea quién se quedó con la renta. Federación Agraria sostiene que las últimas medidas no buscaron favorecer a la producción primaria, sino a los eslabones superiores de las cadenas agroindustriales.