En medio de la tensión y el conflicto narco que no cesa en el Bajo Flores, y ante síntomas como el crecimiento del consumo de paco, ahora detectado en las colonias de vacaciones, el Consejo de Seguridad porteño analiza desfederalizar la ley de drogas en la ciudad de Buenos Aires. Así lo confirmaron a Página/12 varios miembros del organismo en el que participan representantes de los tres poderes del estado local. “Sin perder de vista que se trata de perseguir a quienes financian o se enriquecen desarrollando estas actividades, y no al consumidor, creemos que la Justicia de la ciudad tendría una relación más directa con el problema”, le dijo a este diario Manuel Izura, subsecretario de Seguridad Urbana.

El crimen de Lucas Gómez, un chico de 20 años apuñalado por tres miembros de una banda de narcotraficantes peruanos en la puerta de la casa de su madre, delegada de la villa 1.11.14, es conocido por altos funcionarios del gobierno porteño desde hace más de un mes. El homicidio, en el que también fue herido de gravedad el hermano de Lucas, Carlos Acosta, revela la continuidad y expansión del poder narco en una de las zonas que más preocupan al gobierno porteño en plena campaña preelectoral. Así como la administración de Jorge Telerman, a través de una de sus más activas manos derechas, la ministra de Derechos Humanos Gabriela Cerruti, impulsa un plan integral de lucha contra el paco, también considera posible adherir a la ley nacional que permitió desfederalizar la ley de drogas en la provincia de Buenos Aires.

Fuentes del Ministerio de Derechos Humanos se lo dijeron a Página/12: “Una de las cosas que piensa la ciudad es desfederalizar el delito de narcotráfico en Buenos Aires, adherir a la ley nacional ya sancionada. El Ministerio de Gobierno está analizando si esto sería conveniente”. Lo cierto es que la medida está en plena discusión en un organismo poco conocido por los ciudadanos, el flamante Consejo de Seguridad y Prevención del Delito, creado a partir del artículo 35 de la Constitución de la Ciudad Autónoma. Es un “órgano honorario de consulta y asesoramiento del Poder Ejecutivo” que depende del jefe de Gobierno.

Silvia La Ruffa, de la Comisión de Seguridad de la Legislatura, es quien presentó un proyecto de ley para que la ciudad adhiera a la desfederalización. “Estamos trabajando porque esa decisión implicaría poner recursos en serio en el tema. El beneficio de la desfederalización de la ley 23.737 es que haya más instancias en la persecución del narcotráfico ante el hecho de que los juzgados federales se dedican al tráfico más importante y el vecino se siente indefenso porque conoce dónde está el que le vende a su hijo y nadie parece actuar ante estas circunstancias”, le dijo a Página/12. La idea de los diputados que están de acuerdo con la medida, según La Ruffa, es no usar la ley para acosar consumidores de drogas, sino para perseguir a los que la venden y de esa manera “hacer más complicada la oferta” de estupefacientes.

En el Consejo de Seguridad participan el ministro de Gobierno, Diego Gorgal, Cerruti, de Derechos Humanos; cinco diputados –entre ellos La Ruffa– y representantes de la Justicia. Luis Cevasco, fiscal general adjunto, es uno de ellos. “Se está haciendo un estudio serio para ver si se justifica que la ciudad de Buenos Aires adhiera al traspaso de competencia en materia de tenencia de estupefacientes. Es un tema que está en estudio, que hay un interés en pasarlo a la ciudad, porque estaría en mejores condiciones que Nación para brindar respuesta al adicto, para trabajar mejor las investigaciones, pero todavía no hay nada resuelto”, confirmó el penalista del Ministerio Público.

En pos de una decisión sobre el tema, los consejeros están en etapa de evaluación de datos que permitan prever si sería una medida exitosa. Por ello convocaron a los expertos del área de Salud para determinar en qué condiciones están los centro de tratamiento para adictos. Ya los visitaron fiscales de la provincia de Buenos Aires, donde abundan las críticas a la desfederalización porque no ha impactado sobre el creciente microtráfico en las villas (ver aparte). Y durante febrero lo harán jueces y fiscales federales, quienes hoy son los únicos que pueden investigar la tenencia y la comercialización de droga. Según Cevasco, el Inecip, un instituto académico de investigación de políticas criminales, se encargará de realizar un “estudio de las causas que ingresan en el sistema federal para determinar por un lado el impacto que esto tendría en la carga de trabajo, y por otro lado la calidad del trabajo, es decir si lo que ingresa es consumo, si se hacen investigaciones con inteligencia previa o se está encontrando droga sólo por flagrancia”.

Es uno de los planteos que hace la ex titular de la Ufidro, la unidad especial de apoyo a investigaciones sobre drogas, quien ve críticamente la implementación de la ley de drogas en la ciudad. “Partir las competencias traería innumerable cantidad de planteos judiciales que llegarán a la Corte. El estudio completo que hemos hecho a nivel nacional lo hicimos en la Ufidro y establece un diagnóstico que la ciudad necesita para tomar decisiones. En principio, queda demostrado que más del sesenta por ciento de los hechos investigados son de flagrancia, es lo que se toparon”, le dijo a Página/12.

Aunque en el Gobierno se niegan a hablar del proyecto como algo decidido por Telerman, La Ruffa admite que “es cierto que hay consenso de que sería positivo”. De inmediato aclara: “Estamos en una etapa intermedia, y teniendo en cuenta que es un año electoral, no soy tan optimista”. La principal preocupación de los miembros del Consejo de Seguridad, según coinciden en las consultas de este diario, es que la desfederalización no sirva para producir lo que se registra de manera masiva en la provincia de Buenos Aires: la persecución a los consumidores. “Permitir a la ciudad asumir esta competencia se trata de un aspecto importante de la autonomía. Se trabaja para que en caso de que se adhiera, esto se haga con adecuadas condiciones de infraestructura y presupuesto para que no sea un fracaso, para no replicar lo que pasa en Nación con la atención a los adictos”, dijo La Ruffa.

El debate, que los funcionarios niegan que se produzca a partir de los hechos de violencia narco en algunas zonas de la ciudad, se instala en una época de crímenes y aprietes en el Bajo Flores. Sobre ese conflicto, el subsecretario de Seguridad Urbana, Izura, reconoce que “en este momento la situación es grave, es crítica”. “Está interviniendo la Justicia en la mayoría de las situaciones. Es un tema que la Justicia federal tiene que abordar con las fuerzas de seguridad, y contar con las áreas del gobierno de la ciudad, desde el punto de vista de seguridad, salud y desarrollo”, dijo. “Es, entre otras cosas, justamente a raíz de esos episodios que el tema se ha abordado de manera seria, lo que no implica que será una solución indefinida en el tiempo”, sostuvo.