No es un mero asunto de técnica jurídica: la cuestión de si las causas penales por “drogas” van a la Justicia federal o a las provinciales puede remitir a dos concepciones totalmente distintas sobre el tema. Así por lo menos se desprende de la diferencia de criterios que registró Página/12 al indagar sobre la experiencia de la provincia de Buenos Aires, que en diciembre de 2005 desfederalizó estas causas. Para Mario Coriolano –-defensor de Casación bonaerense–, “la desfederalización ha sido perjudicial”, porque “incrementó la represión a los consumidores” y “expandió la aplicación del sistema penal a un problema que debería resolverse en el orden de la salud”. En cambio, para Patricia Segovia, subsecretaria de Atención a las Adicciones bonaerense, “fue muy buena” porque “gracias a las derivaciones efectuadas por jueces y fiscales, aumenta la cantidad de pacientes”.

Según advirtió Coriolano, “en la provincia de Buenos Aires, la desfederalización no sólo no resolvió el problema, sino que generó montones de causas penales a consumidores. En rigor, la punición de la tenencia para consumo es inconstitucional, y el hecho es que los jueces federales suelen archivar las causas por este motivo. En cambio, en la provincia de Buenos Aires, por tenencia para consumo personal mucha gente pasa noches en calabozos inhumanos, hay causas que siguen su curso y fiscales de cámara que presentan recursos de casación para impugnar sobreseimientos y exigir procesamientos”.

Para Coriolano, la desfederalización llevó a “amplificar la errónea aplicación del sistema penal a una cuestión de salud: la penalización, que antes por lo menos se concentraba en la Justicia federal, se extiende a la Justicia provincial y otorga poder a una policía como la bonaerense, ampliamente comprometida en el negocio de las drogas”.

“Se fomenta así un discurso penalizante que no diferencia entre usuario y adicto, en lugar de poner en marcha planes de prevención y campañas sanitarias para disminuir el consumo de sustancias tan nocivas como el paco, que crece en la provincia”, agregó Coriolano. Además, “como sólo se desfederaliza lo relativo a consumidores y pequeño comercio, ya que los grandes narcotraficantes siguen a cargo de los jueces federales, el sistema penal se fragmenta: la mejor manera de enfrentar a los narcos sería concentrar la información y armar equipos investigativos de alto nivel y con mucho poder”.

Muy distinta es la perspectiva de Patricia Segovia, subsecretaria de Atención a las Adicciones de la provincia de Buenos Aires: “La experiencia de la desfederalización ha sido muy buena: se duplicaron las causas por persecución de drogas y se triplicó la cantidad de operativos por venta de droga al menudeo. En cuanto a la salud, las personas afectadas por el consumo tienen mayor posibilidad de acercarse a nuestros centros por derivación de los fiscales y los jueces”.

–Esos tratamientos, ¿no resultan compulsivos, al ofrecerse como alternativa a la prisión por tenencia para consumo? –preguntó Página/12.

–No. El juez y el fiscal efectúan la operatoria en relación con lo penal, y al mismo tiempo le acercan a la persona la posibilidad de realizar un tratamiento. Esto da muy buenos resultados, ya que tenemos muchas más consultas.

–¿El buen resultado se mide por la cantidad de consultas?

–Exactamente. Atendemos 30 mil pacientes por año. El pasaje a la Justicia ordinaria también permite responder mejor al problema de la venta al menudeo. Y los jueces federales tienen más disponibilidad para ocuparse de los grandes narcotraficantes.