Los ruralistas vuelven a la Casa Rosada. Dos meses después del último paro del campo, las entidades retoman el diálogo con el Gobierno. La reunión está agendada para esta tarde, a las 18, en la oficina de Alberto Fernández, a escasas horas de que el Ejecutivo enviara un gesto de acercamiento a los productores: la remoción del resistido Miguel Campos y su reemplazo por Javier de Urquiza al frente de la Secretaría de Agricultura. Hasta anoche había cautela entre los dirigentes en relación con un cambio en la política oficial hacia el campo, tal como ellos pretenden.

Desde la Casa Rosada dejaron trascender que, en principio, la idea es “escuchar las propuestas” del sector. El Gobierno ya adelantó que no tomará ninguna medida que ponga en riesgo la política de precios. Al contrario, en el Ejecutivo hay mucha preocupación por la disparada de los valores de la canasta básica, tal como lo aceptó el propio Néstor Kirchner, y es muy probable que se les reclame a las entidades un compromiso para no presionar sobre los precios.

La reunión de esta tarde se producirá a pocas horas de que el Indec informara que los valores de los alimentos superan con amplitud la inflación en otros sectores. El argumento de los productores es que ellos no tienen nada que ver con esos incrementos. Al contrario, se autopostulan como los principales perjudicados por la estrategia gubernamental y reclaman cambios urgentes. En este escenario, la demanda internacional de los commodities y la rentabilidad exagerada de las cadenas intermedias serían las responsables de las subas.

En diálogo con Página/12, Manuel Cabanellas, de Confederaciones Rurales de Santa Fe, fue taxativo: “Por ahora se implementaron iniciativas que favorecieron a los industriales y a los exportadores, quienes mantuvieron su rentabilidad, pero castigaron a los productores. El Gobierno debe entender que esta dinámica debe dar un giro”.

En declaraciones radiales, el jefe de Gabinete fue muy cauteloso sobre lo que se viene. “Vamos a iniciar una nueva instancia de diálogo y haremos todo el esfuerzo para recomponerlo. Pero al mismo tiempo discutiremos con la misma seguridad con la que hemos discutido siempre”, señaló.

Los principales reclamos del agro están relacionados con la intervención del Estado en el mercado de la carne y los cereales. Los productores culpan a Guillermo Moreno por su política hacia el mercado cárnico. Dicen que la ofensiva sobre el mercado de Hacienda de Liniers redundó en una caída del 30 por ciento en los precios del ganado en pie, pero que esa depreciación no llegó en toda su magnitud a los consumidores. “La diferencia se queda en la cadena de comercialización”, disparan los ganaderos. Es más, a pesar del desplome en Liniers, la carne aumentó un 7,0 por ciento en promedio en las carnicerías durante los últimos cuatro meses. Duplicó la suba del índice de precios al consumidor en ese mismo plazo.

Las carpetas que anoche armaban los técnicos de las diferentes entidades incluían reclamos por lo que está sucediendo en los mercados del trigo, del maíz y en los lácteos. El Gobierno tomó la decisión de elevar en cuatro puntos las retenciones a la soja y utilizar esos fondos para subsidiar la producción de productos de la canasta básica alimentaria. Uno de los informes que recibirá Fernández menciona que los productores perciben 51 centavos por litro de leche, contra el peso con 70 centavos que se venden los sachets en las góndolas. Según los ganaderos, la rentabilidad de la industria y de la cadena comercial supera la de los productores.

La remoción de Campos fue interpretada por los ruralistas como un gesto de la Casa Rosada para conciliar posiciones. Aunque hasta ayer ningún dirigente proyectaba que esa medida podría traducirse en modificaciones a la política oficial hacia el campo. En esa línea se anotó Eduardo Buzzi, de la Federación Agraria, uno de los críticos más virulentos hacia la política oficial. “Es un falso concepto pensar que un funcionario de la cartera rural puede modificar las medidas que se disponen para el campo en otras áreas de la administración nacional”, apuntó.

Voceros de Sociedad Rural y de Confederaciones Rurales también se mostraron cautelosos. Admitieron que la salida de Campos de Agricultura podría distender la relación y dar lugar a un reinicio del diálogo, pero se advirtió que no habrá cambios significativos sin una decisión política del más alto nivel gubernamental. El titular de Carbap (ruralistas de Buenos Aires y La Pampa), Pedro Apaolaza, dijo que el sector “estima necesario resolver a la brevedad las dificultades existentes en el comercio de carnes y de trigo” y que “se pretende iniciar un proceso de diálogo fructífero”.