“Somos como fiscales: podemos recomendar una sanción pero no aplicarla porque no somos los jueces.” Carlos Vilas, formalmente reconvertido desde ayer en regulador de la estatizada Aysa, precisa de esta manera uno de los límites que tendrá el nuevo organismo de control, ERAS, para controlar a una empresa estatal monopólica: ni castigar a sus responsables por una deficiente administración del servicio ni controlar las millonarias inversiones que ejecute la empresa conducida por el duhaldista Carlos Ben y el sindicalista José Luis Lingeri, representante del 10 por ciento en manos de los trabajadores. Esas delicadas misiones serán competencia exclusiva de Julio De Vido, a través de la Subsecretaría de Recursos Hídricos.

El marco regulatorio aprobado por ley nacional ni siquiera prevé expresamente eventuales penalidades para los directivos de Aysa, lo que obligaría a esa subsecretaría, a cargo de Fabián López, a aguzar el ingenio para sancionar un gerenciamiento inconveniente. Tampoco existen las multas que antes se aplicaban al concesionario privado, por ejemplo, si no respetaba el cronograma de inversión. Algo que a priori hace suponer más laxitud a la hora de evaluar el desempeño de la firma estatizada.

El Ente Regulador de Agua y Saneamiento (ERAS), puesto en funciones ayer a través del Decreto 702, tiene algunas singularidades. A diferencia de lo que ocurrió con el Correo Argentino, también reestatizado, Aysa no se desempeña en un marco de competencia con otras empresas. Su titular, el mismo que controlaba a través del disuelto Etoss el cumplimiento del contrato de Aguas Argentinas, es un fiel apóstol de Néstor Kirchner, como lo delata la foto del Presidente, sin banda y en gesto coloquial, que tiene colgada en su despacho.

“Este no es un cargo político sino técnico y el objetivo es velar por la calidad de un servicio esencial para la población”, se defiende Vilas, ante la pregunta de si su empatía con la administración central le podría hacer perder ecuanimidad a la hora de controlar a una empresa estatal, dirigida por un funcionario nacional.

Vilas no necesitó mudarse de su despacho del primer piso de Callao al 900 donde presidía al disuelto Etoss, pero compartirá presupuesto operativo y las dependencias de ese edificio con la Agencia de Planificación, que funcionará en el segundo. Bajo el comando del subsecretario López, este organismo se ocupará de planificar las inversiones que ejecutará Aysa, parte con lo que recaude por tarifa, parte con recursos adicionales. Su juicio será decisivo para definir cómo, cuánto y en qué se gasta.

Sobre este aspecto neurálgico, la función del flamante ente de control está limitada a constatar si la empresa estatal gastó según lo que previó, pero no a detectar “eventuales sobreprecios, sobrefacturaciones o desvíos de fondos”, como aclara el propio regulador. Si advirtiera que hubo alguna transgresión respecto de lo pautado debería notificarlo a “la autoridad de aplicación”. Es decir, a Fabián López. Pero no más. En rigor, no es muy diferente a lo que ya ocurría con el propio Etoss, al que en enero de 2006 una resolución de Planificación ya le había quitado toda injerencia sobre el fondo fiduciario para obras, integrado con una parte de tarifa.

En su remozado rol, Vilas se entusiasma con instrumentar dos recursos técnicos que no pudo con los ex adjudicatarios privados. Uno es la contabilidad regulatoria. Otro la regulación por comparación o benchmarking, dos herramientas técnicas útiles para análisis teóricos, aunque de limitado efecto práctico en este contexto.

La contabilidad regulatoria permite analizar aspectos económicos financieros vinculados con la prestación, como la coherencia del régimen tarifario, la productividad de la inversión o la administración de los recursos de la empresa. El benchmarking será otra forma de juzgar el comportamiento de Aysa, pero en relación con su pasado y con otras firmas del rubro para ver si se ajusta a parámetros de eficiencia fijados, siempre, por la autoridad de aplicación. Para esta comparación, los reguladores tendrán que sortear una restricción importante, como la de que hay pocas prestadoras del servicio de agua potable y cloacas que tengan la envergadura de la empresa estatizada, que abastece a la Capital y a 17 partidos del conurbano. “Se hace camino al andar”, aclara Vilas.