La Comisión Nacional de Defensa de la Competencia desestimó la semana pasada una denuncia presentada por la Confederación de Asociaciones Rurales de Buenos Aires y La Pampa (Carbap) contra las principales exportadoras de trigo, a las que acusó de operar de modo cartelizado durante 2006 para comprar cereal a un precio indicado por el Gobierno. El organismo antimonopolio fundamentó su rechazo argumentando que “no puede investigar hechos que han sido generados en el sector privado como efecto de una clara y evidente determinación del Estado nacional”. El dictamen tiene la particularidad de haber sido firmado por el secretario de Comercio Interior, Guillermo Moreno, quien, además de ejercer el control político de la CNDC, fue señalado por los productores como el responsable de indicarles a los exportadores a qué precio tenían que comprar el cereal para garantizar la estabilidad del precio del pan.

El conflicto comenzó a principios de octubre del año pasado cuando el trigo alcanzó en el Mercado de Chicago su mejor cotización de los últimos diez años. Los productores esperaban entonces vender el cereal a cerca de 500 pesos la tonelada, pero molinos y exportadores comenzaron a ofrecer sólo 370 pesos, por “sugerencia” del gobierno nacional. Esta diferencia hizo que durante varias jornadas no se concretaran operaciones, dejando las bolsas virtualmente paralizadas, pero luego los productores se vieron obligados a vender a ese precio.

Carbap denunció a las empresas exportadoras Nidera Cargill y Bunge, entre otras, en noviembre por presunta cartelización ante la CNDC y un mes después fue una de las entidades que impulsó el lock-out agropecuario contra el Gobierno.

En Carbap no tenían expectativa de obtener un fallo favorable, pero decidieron avanzar con la denuncia para poner al Gobierno en el brete de tener que resolver sobre una conducta cartelizada que el mismo había impulsado. El secretario de la entidad, Jorge Srodek, señaló a Página/12 que no esperaban que la CNDC se expidiera sobre la denuncia antes de las elecciones presidenciales. Sin embargo, las fuertes críticas pronunciadas por el dirigente rural Luciano Miguens contra el Gobierno en la apertura de la Exposición Rural aceleraron los tiempos. Moreno le ordenó al vocal que tiene a su cargo el expediente que sacara del cajón la carpeta de Carbap para emitir una resolución lo antes posible y así ocurrió.

En los fundamentos del fallo, la CNDC detalla que desde comienzos de 2002 el Estado comenzó a intervenir en el mercado de divisas generándoles una renta cambiaria a los exportadores argentinos. Luego se fijaron retenciones a las exportaciones para evitar que los precios internos se dispararan a la par de los internacionales y esa medida se complementó con otras como la modificación de los precios FOB de exportación y el cierre momentáneo de los registros de exportadores. El dictamen destaca además que, a pesar de estas medidas de política económica aplicadas por el Estado, el sector productor de trigo pasó de obtener en el mercado local un precio por tonelada de 108,90 pesos en diciembre de 2001 a 368,40 pesos en diciembre de 2006, es decir, un aumento del 240,8 por ciento, mientras que el índice de precios mayoristas evidenció en ese mismo período un aumento del 184,2 por ciento.

Luego se aclara que la intervención del Estado en la cadena de valor del trigo se enmarca dentro de la política económica de estabilidad de precios llevada adelante por el Poder Ejecutivo y que esa política “tiene por objetivo cuidar el bienestar común y se instrumenta mediante un sistema por el cual se induce a ciertos sectores de la economía nacional a compromisos de estabilidad de precios por períodos de tiempo y productos determinados de fuerte impacto en el consumo de la población”, tal es el caso del pan.

Más adelante la CNDC agrega que “no puede ni debe intervenir en políticas públicas determinadas por el Estado nacional cuya valoración supone la defensa de un bien público definido como prioritario por las autoridades”. Estas consideraciones la llevaron a concluir que los hechos denunciados no constituyen una infracción a la ley de Defensa de la Competencia. Por lo tanto, le recomendó al secretario de Comercio Interior ordenar el archivo de las actuaciones. Moreno refrendó el dictamen el miércoles pasado y al día siguiente se le comunicó la novedad a las partes. Srodek aseguró a Página/12 que los abogados de Carbap están estudiando la resolución y que seguirán con su reclamo en la Justicia.