El empleo en negro cayó al 40,4 por ciento durante el segundo trimestre del año, frente al 44,1 por ciento que alcanzaba en igual período del 2006. Sin embargo, todavía 5,7 millones de personas continuaban contratadas de manera informal, sin aportes jubilatorios, obra social y otros derechos laborales. Según los propios datos oficiales, los trabajadores en negro perciben sueldos que en promedio son la mitad de sus pares en blanco. En el Nordeste, la informalidad alcanza a uno de cada dos ocupados, mientras que la Patagonia muestra los menores niveles de empleo precario: “sólo” uno de cada cuatro revistan en negro.

Según el informe de “indicadores socioeconómicos” correspondiente al segundo trimestre del año, difundido ayer por el Indec, para el total de los 31 aglomerados urbanos, el 76,6 por ciento de los trabajadores eran “asalariados” y el 23,4 por ciento eran “no asalariados”.

Entre los ocupados en relación de dependencia, el 40,4 por ciento no tenía descuento jubilatorio. La reducción es de 3,7 puntos comparado con igual período del año pasado, y de 1,7 punto en relación con el primer trimestre de 2007, cuando la tasa de informalidad llegaba al 42,1 por ciento. Así, 5.730.000 personas continuaban empleadas de manera irregular. Para el consolidado del primer semestre, el empleo en negro fue de 41 por ciento.

El ministro Carlos Tomada expresó su “satisfacción” por la baja en el trabajo no registrado, adjudicándola “en primer lugar al crecimiento de la economía en los últimos cuatro años y a la fuerte política de inclusión social, por la cual casi 700 mil beneficiarios del Plan Jefas y Jefes de Hogar se incorporaron al trabajo formal”, afirmó. “Hemos logrado que en estos cuatro años baje en 10 puntos el trabajo en negro. No obstante, el ministerio seguirá redoblando todos los esfuerzos mientras sigan existiendo excluidos de las políticas de los noventa, a través del plan nacional de regularización del trabajo”, señaló Tomada.

El empleo en negro muestra un descenso paulatino, pero persistente, en los últimos tres años desde un pico superior al 50 por ciento, en los trimestres posteriores a la devaluación de 2002. Sin embargo, todavía presenta niveles muy elevados en términos históricos, sobre todo después de cuatro años consecutivos de crecimiento a tasas chinas, por encima del 8 por ciento anual. En los ’80, rondaba el 20 por ciento de los ocupados, a principios de los noventa alcanzó el 25 por ciento, para trepar en el año previo a la devaluación al 38 por ciento.

En otras palabras, los actuales niveles de trabajo en negro son todavía mayores a los de la década del noventa, cuando estalló el drama de la precarización laboral. Y están muy lejos de los estándares de un país como Chile, donde la informalidad alcanza al 25 por ciento de los asalariados.

En cuanto a la distribución regional, el Nordeste presenta los niveles más elevados de informalidad, con el 49,1 por ciento de los ocupados en situación irregular. En el Noroeste y en Cuyo, en tanto, las tasas de “negreo” llegan al 43,7 por ciento. Por el contrario, la Patagonia presenta los mejores indicadores, con el 24,6 por ciento. En tanto, la Región Pampeana muestra una tasa cerca al promedio nacional: 39 por ciento.

La reducción del empleo en negro fue en los últimos años mucho más lenta que la baja en la desocupación. Mientras el desempleo cayó a menos de la mitad desde el 2003 (de 21,7 por ciento al 8,5 por ciento), el trabajo en negro disminuyó sólo un 20 por ciento en el mismo período. Según Artemio López, de la consultora Equis, en base a datos oficiales, los ocupados en negro perciben un salario promedio de 540 pesos, un 60 por ciento inferior al que cobran en promedio los que están en blanco.