Cuba perdió casi 90 mil millones de dólares por el bloque norteamericano. Esa fue la cuenta que sacó esta semana el canciller de la isla, Felipe Pérez Roque, y que presentará a finales de octubre frente a la Asamblea General de las Naciones Unidas para conseguir la censura número 16 de la comunidad internacional. El informe de La Habana no sólo detalló los cientos de millones de dólares que el país pierde año a año en turismo y la precaria situación sanitaria y tecnológica que provocan las trabas a las importaciones de insumos, sino que también destacó los extremos –casi ridículos– a los que llegaron las sanciones de la Casa Blanca.

Uno de los casos más paradigmáticos de la obsesión del gobierno estadounidense con la pequeña isla caribeña sucedió hace casi un año. Raysel Sosa Rojas, un joven cubano de 13 años, había viajado a Argelia con otros niños de todo el mundo para participar del XV Concurso Internacional Infantil sobre Medio Ambiente, una competencia artística patrocinada por una agencia de la ONU. Después de varios días de exhibir sus pinturas, Rojas quedó seleccionado y ganó una de las menciones. El premio era una cámara digital de Nikkon. El joven cubano se presentó con el resto de los ganadores en la ceremonia final, pero fue el único que no recibió su premio. En medio de la entrega, el representante de la empresa japonesa se le acercó y se disculpó. Le explicó que no podían entregarle la cámara porque contenía componentes estadounidenses y eso violaría el bloqueo comercial, que desde 1962 rige contra su país.

La historia del joven cubano es uno de los tantos ejemplos de cómo creció el bloqueo en estos 45 años. Impuesto formalmente en febrero de 1962, el embargo sólo suponía una suspensión del comercio entre Estados Unidos y la isla. En 1992, ya comenzó a parecerse más a un bloqueo. Con la Ley para la Democracia Cubana, más conocida como Ley Torricelli, Washington expandía el “embargo” a todas las filiales de empresas estadounidenses en el mundo. Hasta principio de los noventa, el comercio entre la isla y empresas relacionadas con compañías norteamericanas ascendía a 718 millones de dólares anuales, de los cuales más del 90 por ciento suponían alimentos y medicinas. Cuatro años después, el “embargo” se amplió aún más y dejó de ser solamente estadounidense. La llamada Ley Helms-Burton dispuso sanciones para todas aquellas empresas extranjeras que mantenían negocios con Estados Unidos y con Cuba al mismo tiempo. La sanción más común por ahora ha sido negar la entrada al país de los directivos de dichas empresas.

Con los gobiernos de George Bush el “embargo” siguió endureciéndose, a pesar de que la comunidad cubano-estadounidense ya está comenzando a expresar su malestar. Se creó la Oficina de Control de Activos Cubanos, que depende del Departamento del Tesoro. Según sus informes, en 2005 casi 500 ciudadanos estadounidenses o residentes extranjeros en el país fueron multados por viajar a Cuba sin permiso. Cada multa son 4200 dólares. El año anterior, habían sido 316 personas y, además, se registraron sanciones contra 77 compañías, once de las cuales están radicadas fuera del país, en México, Canadá, Panamá, Italia, Reino Unido, Uruguay y las Bahamas. Las multas a las empresas pueden alcanzar el millón de dólares.

La amenaza es efectiva. En febrero pasado una cadena nórdica de hoteles, comprada recientemente por el grupo Hilton, se negó a hospedar a la delegación cubana que había viajado a Noruega para participar de un congreso de turismo. Una situación similar había ocurrido un año antes en el hotel Sheraton de Ciudad de México. Dieciséis empresarios y directivos del sector energético cubano fueron expulsados del lobby del hotel. Se les negó incluso la entrada al salón de conferencias, donde se realizaba un seminario organizado, irónicamente, por empresarios estadounidenses.