El jefe de Gabinete, Alberto Fernández, se reunió ayer por la tarde con delegados de ATE y funcionarios del Ministerio de Economía para negociar una salida al nuevo conflicto surgido en el Indec luego de que se decidiera no renovarles el contrato a 13 trabajadores del organismo. Una alternativa que evalúa el Gobierno es reubicar a los despedidos en otras dependencias estatales. Para hoy se esperan definiciones, pues vence la tregua de 48 horas otorgada por los sindicalistas antes de convocar a una huelga.

Por la mañana, el secretario general de ATE, Pablo Micheli, había advertido que “cualquier propuesta que formule el Gobierno debe contener como condición sine qua non la reincorporación de los trabajadores despedidos”. “Ibamos a ir a un paro mañana (por hoy), pero el Gobierno nos pidió una tregua de 48 horas. Accedimos y ahora estamos a la espera de una propuesta. Si no, el jueves vamos al paro con una movilización a Plaza de Mayo”, afirmó el delegado sindical.

El jefe del bloque de diputados del ARI, Eduardo Macaluse, también cuestionó los despidos. “Están haciendo ahora el trabajo sucio para cuando ingrese Cristina: el Indec ‘calladito la boca’, adocenado, y que no cuestione datos manipulados que van a seguir haciendo. Se está configurando un nuevo Indec, con más de cien designados y están echando a los que denunciaron manipulación”, sostuvo.

Una posición similar expresó la Junta interna de ATE-Indec a través de un comunicado: “El hecho de que la metodología del nuevo índice no sea pública con la antelación razonable para su discusión es un fuerte indicio para sospechar de que tal metodología todavía no existe”. “Existen hechos objetivos que sirven de evidencia de que no hay ninguna normalización ni una búsqueda de recuperación de credibilidad sino, por el contrario, una intención de perpetuar los criterios arbitrarios.”

El conflicto en el Indec recrudeció el jueves pasado cuando las autoridades del instituto decidieron hacer una demostración de fuerza expulsando a empleados que participaron activamente de los paros y protestas por la alteración de la forma de medir la inflación y otros indicadores económicos. La explicación oficial llegó a través de un comunicado difundido el viernes: “Al 31 de octubre del corriente año vencieron los contratos de ciento cincuenta y tres personas. De dicho total, en el marco de las tareas programadas por el Instituto, resultaba innecesaria la renovación de trece contratos”. El organismo cuenta con un total aproximado de 1500 personas y apenas 650 integran la dotación permanente. Por lo tanto, la decisión oficial generó pánico entre los empleados. En Economía tomaron distancia de los despidos y responsabilizaron al secretario de Comercio Interior, Guillermo Moreno.